Efectivos de la Prefectura Naval rescataron a una menor y 57 mujeres presuntas víctimas de trata sexual

Personal de la Prefectura Naval Argentina rescató a una menor y a otras 57 mujeres, presuntas víctimas de trata de personas, durante cinco allanamientos realizados en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la Provincia de Buenos Aires.

El operativo, que siguió a tareas de investigación llevadas a cabo por los efectivos, concluyó con el allanamiento de un local nocturno y cuatro viviendas. Las acciones fueron ordenadas por el Juzgado Federal Nº 7 del Dr. Sebastián Casanello en el marco de una causa iniciada en la Fiscalía Federal N° 12 de la Dra. María Alejandra Mangano.

Durante los operativos, se identificaron a 25 hombres, quienes quedaron sujetos a la causa. Además, en los domicilios allanados se incautaron más de 3.000.000 de pesos, 23.600 dólares, 1.900 euros, 2.140 reales, cuatro teléfonos celulares, una notebook y documentación relevante para la investigación.

A mediados del mes de mayo último, en un procedimiento similar, el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 7 ordenó al Escuadrón de Procedimientos Judiciales “Buenos Aires” de la Gendarmería Nacional llevar a cabo investigaciones en una causa por presunta infracción a la Ley 26.842.

Como parte de las investigaciones, el juez a cargo dispuso cinco allanamientos en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la localidad bonaerense de Quilmes y durante las operaciones, los gendarmes incautaron 18 teléfonos móviles, un chip, una notebook, dos CPU, un contador de billetes, 732.100 pesos en efectivo y 11.247 dólares estadounidenses, así como documentación relevante para la causa.

Además, las autoridades rescataron a 10 mujeres víctimas de trata de personas con fines de explotación sexual, quienes fueron asistidas por personal del programa de rescate y acompañamiento a las víctimas de trata.

En los distintos operativos realizados en CABA y Quilmes, una mujer fue detenida en relación con el caso.

Y en un procedimiento similar a principios de este mes, en una operación conjunta llevada a cabo por la Unidad de Investigaciones de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “Mendoza”, con el respaldo del Escuadrón 64 “Mendoza” de la Gendarmería Nacional, resultó el rescate de 28 personas en situación de vulnerabilidad, en el marco de la Ley 26.842.

La investigación comenzó tras una denuncia recibida en la Unidad de Investigaciones y en base a la Ley de Trata de Personas, la Justicia Federal de Mendoza emitió dos órdenes de allanamiento.

En el primer domicilio, en una finca en Corralito, Guaymallén, con apoyo del Programa de Rescate y Asistencia a Víctimas del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, se encontraron 24 personas, incluido un menor de 17 años, viviendo en condiciones precarias y según se informó, todos eran originarios de Pichanal, en la provincia de Salta.

En el segundo inmueble, se identificaron dos trabajadores y un niño de 3 años al cuidado de su tío de 16 años, también en condiciones precarias y originarios también de Salta. Durante esta operación, se descubrieron plantas de marihuana, un arma de fuego, municiones calibre 16, dispositivos móviles y documentación relevante.

Intervino en este procedimiento, el Juzgado Federal Número 1, Secretaría Penal “A”, bajo la Fiscalía Federal Número 1 de la Dra. Alejandra Obregón, que autorizaron la acción judicial correspondiente.

Además, en otro operativo llevado a cabo a mediados del mes de enero de este año, efectivos de la Brigada de Delitos Complejos y Procedimientos Judiciales “San Rafael” de la Policía Federal allanaron una finca en el paraje “El Chacay”, cerca de Malargüe, donde descubrieron a 92 personas viviendo en condiciones deplorables en galpones y habitaciones improvisadas.

Esta operación se originó en una investigación iniciada en noviembre del año pasado sobre presunta trata laboral en un establecimiento de cosecha de ajos, ya denunciado previamente y la presencia de menores en situación irregular confirmó las sospechas.

Agentes del Programa Nacional de Rescate entrevistaron a los habitantes, quienes expresaron descontento por la falta de espacio y condiciones mínimas de habitabilidad.

Cabe destacar que la mayoría de los residentes no estaban registrados, incluyendo extranjeros sin trámites migratorios por lo que el establecimiento fue clausurado y se realizaron los procesamientos pertinentes.

Cuatro administradores del lugar fueron detenidos, y se incautaron dispositivos electrónicos y documentación relevante. El Juzgado Federal de San Rafael, a cargo del Dr. Eduardo Puigdéngolas, dirigió las medidas con el apoyo de la División de Apoyo Operativo Táctico Cuyo.

El operativo también contó con la participación de la Delegación local del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, la Dirección Nacional de Migraciones, la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), el Comité Ejecutivo de Lucha Contra la Trata, la Subsecretaría de Trabajo de Mendoza y el RENATRE.