La Policía Federal Argentina volvió a allanar este miércoles la sede de la municipalidad de San Martín por pedido de la jueza federal Alicia Vence, quien investiga un episodio similar al caso en el que está involucrado Julio “Chocolate” Rigau en la ciudad de La Plata, indicaron fuentes de la causa a Infobae.
Las fuentes detallaron que agentes de la División Antifraude de la PFA se presentaron en la sede de gobierno municipal en busca de legajos de empleados. Los efectivos fueron recibidos por Ramón Fernando Vidal, subsecretario de Control Legal y Técnico de la comuna.
También detallaron que incautaron 450 registros y recibos de sueldos, aunque no pudieron dar con algunos que fueron solicitados por la funcionaria judicial, debido a que se encontraban en otro edificio, según les explicaron los municipales. De todos modos, por orden de la jueza, deberán entregarlos en menos de 48 horas.
La investigación comenzó cuando se descubrió que un empleado del Concejo Deliberante de San Martín cobraba con tarjetas de crédito de presuntos trabajadores municipales inexistentes.
La causa se inició en diciembre pasado cuando un hombre denunció que cobraba un plan social del Ministerio de Desarrollo Social y le fue interrumpido. Según se señaló, percibía como empleado municipal unos 300 mil pesos por parte de la intendencia de San Martín y le era incompatible recibir un plan social. Sin embargo, el denunciante negó trabajar para la comuna.
La jueza analiza un listado de nombres con la misma situación: al principio de la investigación detectaron la posible presencia de 10 “empleados fantasmas”, con salarios de $300.000. Ahora, sospechan que pueden ser alrededor de 800.
Ese fue el puntapié de la investigación que derivó en descubrir que un empleado del municipio de San Martín tenía varias tarjetas de débito y retiraba el dinero de los trabajadores en un cajero cercano al Concejo Deliberante.
Así es que personas con desconocimiento total figuraban como empleados del Municipio y en nombre de ellos se cobraban salarios como supuestos trabajos, según indicó la agencia Noticias Argentinas.
“Son solo 2 tarjetas, no es un sistema ni un método, ni nada que se le parezca”, dijeron, en ese momento, voceros de la municipalidad a Infobae para rechazar las similitudes con el caso Chocolate. “El municipio es el principal interesado en que se esclarezca el hecho”, agregaron.
A mediados de mayo, la jueza Vence le prohibió al intendente Fernando Moreira que salga del país. No fue el único alcanzado por esa decisión: las otras personas fueron José María Fernández, Héctor Rey, Lorena Altamira y Marta Beatriz Pastor, que serían empleados del municipio. Se les ordenó también presentarse del 1 al 5 de cada mes en el juzgado.
El caso tuvo un origen similar al de Julio “Chocolate” Rigau, quien cayó el 9 de septiembre pasado en el cajero ubicado en la Plaza San Martín de la ciudad de La Plata con 49 tarjetas de débito, $1.200.000 en efectivo y decenas de recibos.
La Justicia estableció que las tarjetas pertenecían a “ñoquis” de la Legislatura bonaerense y terminaron también presos el subdirector de Personal de la Legislatura bonaerense, Claudio Albini, y su hijo, Facundo Albini.
El magistrado de la causa entendió que formaban parte de una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado provincial, pero advirtió que “nada de lo perpetrado pudo escapar del conocimiento y control de aquellos que manejan los módulos y permiten las contrataciones”. De esa manera, apuntó a legisladores de todos los colores políticos y a las autoridades de la Cámara de Diputados.
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