¿Interna narco o venganza internacional?: el misterio del secuestro más violento de la historia reciente

El 18 de marzo pasado, cuatro hombres se reunieron para cenar en un restaurant de pollo a la brasa estilo peruano en la avenida Roosevelt de Villa Celina. Ciertamente la hicieron larga; permanecieron en su mesa hasta las 6 de la mañana. Luego, con el sol, amanecidos, se fueron a trabajar.

Se dirigieron a una plazoleta en la esquina de Roosevelt y Cafferata, a cinco cuadras de distancia, a bordo de un Peugeot 505 y un Citröen C4. Allí, un hombre de 32 años, también peruano, vecino de la zona, sin un alta en la AFIP ni un trabajo aparente, tomaba cerveza contra el capot de su camioneta, en medio de una cita con dos amigas. Los cuatro descendieron de sus vehículos, pistola en mano. Las amigas entendieron el mensaje. El hombre en el capot lo entendió también. Abordó uno de los vehículos sin discutir, una secuencia filmada por una cámara de seguridad de la vereda de enfrente.

Así, comenzaron los llamados. Los hermanos del hombre cautivo no tardaron en atender. El mensaje fue simple, clásico: 300 mil dólares, o la peor de las muertes.

La gira fue macabra, para un máximo efecto dramático. Los secuestradores viajaron con el cautivo por asentamientos como Puerta de Hierro y Villa Palito en San Martín, donde le desnudaron el pecho y lo ataron con precintos, para tomarle una foto y enviarle el mensaje a sus hermanos ocho horas después del contacto inicial.

El Citröen C4 continuó como auto de apoyo. Se tomó su tiempo. Paró en una estación de servicio en Esteban Echeverría, luego en una gomería en San Francisco Solano, donde los dos hampones que lo tripulaban chequearon el aire. Los hermanos denunciaron el secuestro ante la Justicia, con una causa a cargo del fiscal federal Sebastián Basso y la secretaria Florencia Benigno, con tareas ordenadas a la DDI de La Matanza. Se hicieron escuchas en vivo en la central de la Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado, o la DAJUDECO, en la Avenida Los Incas en Colegiales.

En una conversación interceptada, que ilustra esta nota, uno de los delincuentes le dijo al hermano del secuestrado que, si no cobraba, le cortaría los dedos al hombre de Villa Celina. Luego, mataría a sus hijos.

Esta historia podría ser uno de los pocos secuestros extorsivos que ocurren en la Argentina de 2024, donde capturar a alguien por dinero es un delito en extinción: se registraron solo 121 casos en todo el país entre enero de 2020 y diciembre de 2023 según datos de la Unidad Fiscal Especializada en Criminalidad Organizada de la Procuración. Hubo, por ejemplo, 294 hechos en 2015. “Secuestrar gente es una lotería”, coinciden fuentes habituadas al mundo del hampa. Las penas son altas si la banda es capturada y condenada; los cobros, inciertos. Las familias de las víctimas usualmente pagan lo que pueden conseguir en un corto plazo. Los cuento del tío, engaños a jubilados para que entreguen sus dólares, son más lucrativos y con castigos más leves.

Por otra parte, ya no se estila mantener cautiva a una víctima durante días, mucho menos torturarla.

Sin embargo, el hombre del capot permaneció cinco días encerrado. Fue liberado el 23 de marzo en Florencio Varela, cerca de una remisería en la avenida Hudson al 4600, desde donde llamó no a sus hermanos, sino a su ex mujer. Un patrullero llegó poco después. Rengueaba, sangrando. “Lo hicieron mierda”, asegura a Infobae un investigador clave del caso, sin lugar para metáforas. Los secuestradores no solo lo golpearon mientras lo mantenían atado. Le dieron con sus puños y con una tabla de madera. Luego, lo quemaron con cigarrillos. Finalmente, le dispararon en la pierna izquierda.

Nunca se pagó rescate.

A mediados de abril último, tras un trabajo metódico de análisis de imágenes e impactos de antenas, la DDI matancera capturó a cuatro sospechosos. Francisco Fernández, alias “El Verdugo”, nacido en 1983, con domicilio en un monoblock de Ciudad Evita, el principal acusado, cayó con 17 celulares y otros tres de los sospechosos. Las cámaras relevadas lo muestran particularmente. Oscar Descous, uno de los sospechosos arrestados, el supuesto chofer de la fuga cuando los hampones capturaron a la víctima, mecánico y changarín según el mismo, fue encontrado por la Bonaerense en una fábrica tomada en Isidro Casanova. Viajaba en un Peugeot con varias piezas adulteradas. La patente le correspondía a un auto robado en territorio porteño.

La semana pasada, el Juzgado Federal N°3 de Morón procesó con prisión preventiva a Fernández, Descous y los otros dos detenidos, Francisco Valdez, otro matancero, uno de los presuntos líderes y Milagros Ailén Acosta, oriunda de Arturo Seguí, La Plata, zona donde habría estado encerrada la víctima, uno de varios puntos de cautiverio. Fernández y Valdez fueron embargados de manera acorde: 40 millones de pesos cada uno.

Es obvio que este secuestro fue planeado, con una logística notable. La selección de la víctima es el misterio. Llama la atención la precisión con la que llegaron para llevárselo, la cadena de postas, la preparación de las al menos dos cuevas donde lo mantuvieron cautivo. Hoy, Basso tiene dos hipótesis: el secuestro podría haber sido una interna narco bonaerense, o una venganza internacional digitada desde Perú. Si el secuestrado es un narco, su nombre, por lo menos, no consta en fallos de la Justicia federal de los últimos años.

El resto de la banda también es interesante. Su composición podría explicar un poco el móvil del secuestro. Hay tres prófugos en el caso que son buscados hasta hoy. Nahuel Llanos, de Ciudad Evita, con una causa previa por tenencia de arma y Pablo Cabral de Isidro Casanova, con una ametralladora Kalachnikov tatuada en el bíceps izquierdo, que ya fue imputado por un homicidio a tiros por la UFI de su zona, son el típico músculo criminal matancero. El tercero escapa de la norma.

Franco Ibarra es oriundo de Villa Elisa, La Plata, con un perfil de matón. Su teléfono, asegura un informe de la causa, fue “el que mejor coincidencia tenía con el abonado de la víctima, ya que fue observado en seis de las nueve zonas de interés”, particularmente en los pasos por Puerta de Hierro y Villa Palito. También, se registraron comunicaciones con la procesada Acosta, supuesta “cuidadora” de la víctima.

El padre de Ibarra, Don Pedro, es otra figura. A mediados de abril, la Policía Bonaerense fue a detener a Franco en Villa Elisa por supuestamente robarle el teléfono a un joven de 18 y luego darle una golpiza, tras un conflicto de vieja data. No se encontraron con Franco, ya prófugo, pero sí con Don Pedro. El padre, insólitamente, les ofreció a los policías 50 millones de pesos para salvar a su hijo. Terminó detenido, con varios de sus familiares que se agolpaban para protestar el arresto.

Don Pedro, se supo después, ya tenía una causa en su contra por venta de drogas.