Cuando Patricia Bullrich volvió a tomar la posta del ministerio de Seguridad, esta vez, en el gobierno de Javier Milei, Rosario atravesaba una situación crítica y urgente: los homicidios habían tocado su pico histórico en 2022 y, aunque en 2023 el número bajó, la cifra amenazaba con crecer y preocupaba que la violencia narco pudiera extenderse a otros puntos del país, en medio de una ola de atentados mafiosos que continúa hasta hoy.
La problemática, incluso, había llegado a las plataformas electorales de los principales candidatos por las presidenciales, entre ellos, la propia Bullrich. A pocos días de asumir, la funcionaria lanzó, junto al gobernador Maximiliano Pullaro, el Plan Bandera, un plan de trabajo articulado entre Nación y la provincia con el objetivo de bajar la conflictividad en el territorio, acompañado por un nuevo régimen en las cárceles con la implementación fuertes restricciones a los presos considerados de alto perfil.
Ese doble torniquete impuesto por la nueva gestión sobre “la calle” y las cárceles, provocó una furiosa respuesta de las organizaciones criminales, cuyos capos están encerrados en penales federales, pero cuentan con nexos en las penitenciarias de Santa Fe como Piñero y Las Flores, donde se encuentran encerradas sus segundas líneas y sicarios.
Los primeros días de marzo, los taxistas Héctor Raúl Figueroa (43), Diego Alejandro Celentano (38), el colectivero Marcos Iván Daloia (39) y el playero Bruno Bussanich (25) fueron asesinados por sicarios que salieron a la caza de inocentes. Un término novedoso comenzó a sonar, entonces, en boca de los funcionarios: el narcoterrorismo.
Así, el plan Bandera siguió en marcha, aunque se reforzó con ayuda de medios logísticos militares, a través de una resolución del Ministerio de Defensa, donde se instruyó al comando conjunto de las Fuerzas Armadas a llevar a cabo las “Operaciones de Apoyo al Sistema de Seguridad Interior”. La provincia de Buenos Aires, en manos de Axel Kicillof, también hizo su aporte.
En un informe, al que accedió Infobae, el Ministerio de Seguridad de la Nación plasmó los resultados de los primeros meses de la apuesta de Bullrich para bajar la cantidad de homicidios.
Desde enero de este año, llegaron a Rosario 952 gendarmes, 378 prefectos, 347 agentes de la Policía Federal y 78 hombres y mujeres de la PSA, un total 1.755 efectivos enviados por Bullrich.
Desde el 2 de enero, al 14 de marzo, los policías y gendarmes y prefectos se desplegaron sobre Empalme Granero y Ludueña, en el noroeste de la ciudad, las zonas que mayor cantidad de hechos habían registrado durante 2023 y 2022. También se establecieron en Tablada y General Las Heras, otros dos focos violentos.
Desde el 15 de marzo, la llegada de las fuerzas federales se extendió a los barrios Industrial, Triángulo Moderno y Vía Onda, Villa Banana, Villa Manuelita y Barrio Municipal. Hasta el 28 de abril, llevaron a cabo 13 allanamientos con 66 detenidos.
También se realizaron numerosos controles. De 489.421 personas que fueron requisadas por las fuerzas de seguridad, se detuvo a 376. Incluso, circularon videos de las exhaustivas requisas en los barrios, junto con reclamos por su intensidad.
A través del anillo digital y peajes, se retuvo a 232 vehículos y 1.344 motos, de un total de 232.05 y 141.495, respectivamente, que fueron inspeccionaron, en conjunto con la Dirección de Tránsito. En tanto, se registraron 1.303 vehículos sustraídos (558 vehículos y 745 motos). Al mismo tiempo, se inspeccionaron precursores químicos.
Se realizaron, a la vez, 367 procedimientos que terminaron con 304 detenciones, la incautación de 85,66 kilos de marihuana; 107,20 kilos de cocaína y 50.531 (unidades) de drogas sintéticas. En esos operativos se secuestró 44.817.982 pesos, 17.949 dólares, 56 armas, 42 autos, 29 motos, 9 camionetas, 394 dispositivos electrónicos y 35 balanzas. Por otro lado, desde el inicio de la gestión a nivel federal, se han incautado casi 5 kilos de cocaína, lo que significa un 70,51% más que en el mismo período del año pasado.
En curso hay 508 investigaciones: 236 de Gendarmería, 47 de Prefectura, 186 de PFA y 39 de Policía de Seguridad Aeroportuaria.
Sin embargo, son los números de los homicidios dolosos la carta que Bullrich quiere mostrar sobre su intervención en Rosario, por una razón: hubo un descenso del 59 por ciento respecto a 2023.
Según indicaron desde la cartera, se trata de la cifra de homicidios más baja desde 2006, aunque se cuenta con datos confiables suministrados, principalmente, por el Ministerio Público de la Acusación de Santa Fe, desde 2014.
Hasta 12 de mayo de 2023, la ciudad portuaria contaba 100 asesinatos. Este año, en el mismo periodo, registró 41 crímenes. Las líneas en el gráfico de asesinatos por semana se tocan solo en tres puntos: 2024 igualó al año pasado en la semana del 15 al 21 de enero (8 homicidios) y la semana del 15 al 21 de Abril (6 homicidios) y en la semana del 18 al 24 de marzo, en la que no se registraron casos.
Solo hubo una semana en la que este año superó al previo en relación con las muertes violentas: la semana del 22 al 28 de enero (3 en 2023 y 5 en 2024).
En las zonas con presencia de las fuerzas federales hubo 35 homicidios en 2023 y 11 en 2024 (un descenso del 68,57%). En zonas con presencia de la Policía de Santa Fe se registraron 54 homicidios en 2023, 27 en 2024 (una baja del 50%).
Se trata de una tendencia a la baja que se afianza, aunque en Santa Fe nadie quiere darla por sentado. Pese a que las autoridades leen los últimos ataques incendiarios a autos y balaceras a escuelas como una merma del poder de los capos frente a los homicidios al voleo, esperan un recrudecimiento de la violencia, por lo que no bajan la guardia.
Sin embargo, hasta aquí y a juzgar por los resultados, el Plan Bandera parece haber sido una respuesta adecuada a la problemática. “A diferencia del envío de fuerzas federales enviados previamente, en el cual sólo se asignaban efectivos desperdigados por la ciudad, este plan de acción ” emerge como una respuesta a esta crisis presente, proponiendo un enfoque estratégico que combina medidas inmediatas con iniciativas a mediano y largo plazo”, explicaron fuentes del Ministerio a cargo de Bullrich.
“Conscientes de la complejidad del desafío, se delinearon una serie de intervenciones concretas destinadas a contener la violencia en el corto plazo y establecer las bases para una transformación duradera en la ciudad”, siguieron.
Con respecto a la continuidad de los atentados en la ciudad, que golpean tal como en 2023 a escuelas y comercios, las mismas fuentes aseguran: “En este sentido hemos redoblado esfuerzos investigativos y de despliegue para que este tipo de hechos estén controlados. Tenemos muchas investigaciones en curso y no descartamos ninguna posibilidad”.