Alejandro Muszak, CEO de la fintech Wenance, acusado de ser la cabeza de una de las mayores estafas de la historia reciente, ya está preso en una cárcel común tras ser arrestado por la Sub DDI de Vicente López de la Policía Bonaerense a mediados de abril.
Tras pasar tres semanas en la celda de la dependencia. Muszak rápidamente logró un cupo penitenciario -algo que en el caso de otros detenidos puede tardar meses, presos aún con una condena en primera instancia- y fue llevado al penal de Magdalena, célebre por el incendio ocurrido en 2005, donde perdieron la vida 35 personas. Allí, se encuentra alojado en la Unidad 28 del complejo, a 125 kilómetros de sus viejas oficinas en Vicente López, en una celda del pabellón 2, bajo un régimen de modalidad atenuada. No tendría contacto con otros presos, estiman fuentes penitenciarias a Infobae.
La causa que lo llevó a la cárcel, a cargo del fiscal Alejandro Guevara de la UFI Vicente López Este, en un expediente que lo tiene a Muszak como el presunto jefe de una asociación ilícita dedicada a las estafas reiteradas, con 27 damnificados en 23 hechos, para un daño de más de un millón y medio de dólares. La jueza del caso, Andrea Mentasti, ya había determinado poco después del arresto que no podría ser excarcelado bajo ninguna caución, real o juratoria.
La defensa de Muszak apeló la decisión en agresivos términos. Sin embargo, Mentasti apoyó a Guevara al ratificar las imputaciones y denegar los pedidos de libertad del CEO y de otros detenidos clave en el caso como Rodolfo Cleto García, que encabezaba BE Capital, una de varias firmas vinculadas a la trama de Wenance en la toma de contratos de mutuo, uno de los instrumentos de la organización para captar dinero y la herramienta básica de los mayores esquemas Ponzi de la Argentina.
La prisión preventiva del CEO será tratada por la Cámara de San Isidro en dos audiencias de esta semana. En paralelo, la situación de Muszak se agita en los tribunales porteños con la causa que investigan la fiscal Mónica Cuñarro y la jueza Paula González, que tiene, según fuentes de ese expediente, 496 damnificados. Al contrario del fiscal Guevara, la jueza González le concedió la eximición de prisión a Muszak en septiembre pasado, que no ofreció hacer ningún acuerdo en ese expediente para mejorar su situación.
Por otro lado, quedan otros rastros: hay causas contra Muszak en Córdoba, además de una serie de demandas millonarias en el fuero civil que podrían convertirse en denuncias penales con el paso del tiempo. En una de estas demandas, iniciada por un fondo holandés, el CEO tuvo que entregar su preciada Ferrari como parte del acuerdo. De acuerdo a datos del BCRA, Muszak adeuda más de 297,5 millones de pesos en 16 cheques sin fondo, un recurso desesperado común en estafadores cuando la cadena de pagos sangra.
Semanas atrás, un pequeño escándalo ocurrió en la cámara del caso: la PFA reconoció que se habían extraviado dos teléfonos incautados en un allanamiento al departamento de Muszak en Avenida del Libertador. La noticia llegó al fiscal Guevara. “Aquí no pasó, nos los perdimos ni dejamos que se pierdan”, asegura. Muszak, sin embargo, se negó a aportar los patrones de apertura de dos dispositivos Apple.
En cambio, varios aparatos de los otros detenidos pudieron ser peritados: se encontraron contratos de mutuos, pagarés, fotos, conversaciones y hasta instructivos de cómo actuar un allanamiento. “Estos indicios permiten demostrar que toda la red de empresas que se investigan estaban relacionadas”, sigue un investigador clave en el expediente. Los aparatos también desmienten los roles que reconocieron en sus indagatorias, como abrir la puerta y servir café.
Hoy por hoy, Guevara considera que su causa está lista para elevar a juicio. Pero este martes por la mañana, la jueza Mentasti recibió el planteo de inhibición de la jueza González para que se declare incompetente en la causa de Vicente López, un planteo que había prosperado cuando González absorbió, por ejemplo, un expediente que investigaba a Muszak en la Justicia de Ushuaia. El fiscal Guevara había recibido la vista a minutos del cierre de esta nota.
Ahora, Guevara y las partes del caso -defensores y querellantes- deberán contestar si aceptan o no.