Hoy por la tarde, voceros de la Policía Federal Argentina y el Ministerio de Seguridad difundieron un comunicado en donde anunciaban que la PFA había detenido en la zona de Villa de Mayo, Malvinas Argentinas, jurisdicción de San Martín, a un joven que “fabricaba explosivos” con la “finalidad de utilizarlos luego en actos terroristas” tras una alerta enviada por el agregado jurídico local del FBI.
“Es menor, pero imputable. Consumía contenido yihadista terrorista del ISIS en redes y bajaba instrucciones para armar explosivos y usarlos en actos terroristas”, escribió luego en su cuenta de X la ministra Patricia Bullrich. El joven allanado, efectivamente, es menor e imputable: tiene 16 años.
Diversas fuentes tribunalicias se sorprendieron ante estos mensajes. El chico en cuestión nunca fue detenido. Su casa sí fue allanada, por la DUIA, el ala antiterrorista de la Policía Federal, con hombres vestidos en trajes especiales. El chico en cuestión vive con su madre, una mujer de 45 años que se sorprendió al ver los móviles de la tropa.
“Y sí, puede ser”, dijo cuando le relataron la acusación en su contra.

No se encontraron bombas en el lugar. Tampoco hay pruebas en la causa que investiga la jueza federal Alicia Vence con el secretario Hernán Roncaglia de que las haya fabricado. Al chico le encontraron herramientas como pinzas, pistolas de encolado y testers, compatibles con la fabricación de explosivos o con la reparación de equipos electrónicos. Se encontró material en apariencia químico, muy poco, que la propia PFA peritará. También le incautaron el teléfono al chico, así como varias computadoras, que serán analizados en busca de mensajes.
La alerta del FBI fue confirmada por los propios investigadores del caso. El Federal Bureau of Investigation determinó que “una consulta sobre manufactura de bombas había sido realizada en un foro o sitio web de ISIS” desde un IP argentino, según ratifican dos altas fuentes relacionadas al tema. La alerta llegó con marca roja de urgencia a la Justicia argentina. Solo se tenía la dirección IP, que fue rastreada por la UFECI del fiscal Horacio Azzolín. No se sabía si esa consulta fue hecha por un adolescente o un adulto.
Así, se llegó hasta la casa en Villa de Mayo. Una fuente del caso afirma: “Ahora habrá que determinar si efectivamente fabricaba explosivos, si era un lobo solitario a la espera de órdenes, o si era un chico que estaba boludeando”.

No es la primera vez que la actual gestión de Seguridad presenta a un adolescente barrial como un posible terrorista de alto riesgo. C.M, de 25 años, fue detenido en febrero de este año en Venado Tuerto por la Policía Federal, luego de que lo encontraran en un grupo de Telegram anunciando ataques con bombas. Para la Justicia puede ser inimputable: ya había sido detenido y liberado por ese motivo en una causa similar en 2019. Volvió a su casa en cuestión de horas, tras un fugaz paso por una celda. En sus mensajes, había dicho que volaría la parroquia del barrio.
A mediados de enero, la jueza María Eugenia Capuchetti liberó a un profesor de ping pong de origen sirio-colombiano, a un peluquero y a un falso agente de inteligencia, que estaban detenidos acusados de integrar una célula terrorista que planeaba cometer un atentado contra la comunidad judía en la Argentina. La magistrada dispuso la falta de mérito de los sospechosos y les prohibió la salida del país. Las medidas de prueba realizadas hasta el momento “no permiten tener por probado” que tengan vinculación con un posible ataque terrorista, revelaron fuentes judiciales a este medio.
Por otra parte, el chico de Villa de Mayo, o el de Venado Tuerto, no existen en un vacío. Amenazas de este tipo deben ser investigadas. En los últimos años, a lo largo de la gestión de Aníbal Fernández a la cabeza de Seguridad, la misma DUIA detuvo a varios sospechosos que realizaban anuncios similares en redes sociales, reportados principalmente por el FBI. En sus comentarios, reivindicaban al nazismo y la masacre de Columbine, entre símbolos de la alt-right estadounidense. Sus perfiles eran, básicamente, similares a los de Fernando Sabag Montiel, que intentó dispararle en el cráneo a la ex vicepresidenta Cristina Kirchner. Estos detenidos no suelen ser comprendidos en las fuerzas de seguridad o en la Justicia. Son vistos como poco más que bromistas y no como una amenaza latente. Ninguno de ellos mató a nadie en años recientes, para empezar, en un mapa penal argentino que reacciona solo cuando hay muertos en la morgue.
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