Condenaron a 27 años y 6 meses de prisión al femicida de Lola Chomnalez

La justicia uruguaya condenó este miércoles a 27 años y 6 meses de prisión a Leonardo David Sena por el femicidio de Lola Chomnalez, la adolescente argentina asesinada en diciembre de 2014 en una playa Barra de Valizas, Uruguay.

El homicida, preso desde mayo de 2022, fue encontrado culpable del delito de “homicidio muy especialmente agravado”. A la pena impuesta se le descontará el tiempo que permaneció detenido con prisión preventiva.

Entre lo argumentado por el juez Juan Giménez Vera para haber impuesto esa condena para un delito que establece penas de entre 15 y 30 años, consideró el nivel de “peligrosidad” del acusado, sus antecedentes (una condena anterior por lesiones y otra por violación) y el haber enterrado el cuerpo de la víctima luego de haberla matado.

La fiscal de Rocha, Mariela Núñez, había pedido que se le impusiera a Sena la pena máxima establecida para este tipo de delitos, pero el juez consideró que no se cumplían todos los agravantes para ello.

Sena, que tiene antecedentes penales por otros dos hechos, fue detenido en mayo de 2022 en el Chuy, en el límite de Uruguay con Brasil, luego de que distintos testigos señalaron que era frecuente verlo en la zona de Castillos y Rocha, y que un cotejo de ADN diera positivo respecto de su sangre y la hallada en la escena del crimen.

“A través de material genético pudimos ubicar a una persona, que es quien depositó su material genético, valga la redundancia, en la escena del hecho, es decir, en la toalla que estaba en el interior de la mochila que llevaba Lola en su interior el día que falleció y en su documento nacional de identificación argentino”, explicó el juez Giménez Vera.

A su vez, Sena aseguró en ese momento que era inocente y que su sangre llegó a los mencionados elementos porque se había cortado con una botella de vidrio mientras trabajaba, poco antes de que fuera a tomar mates a la playa donde se encontró con la mochila de Lola y sus pertenencias.

Pero varios testigos lo contradijeron.

Por este caso, también está preso Ángel Eduardo Moreira Martínez, alias “El Cachila”. Este “cuidacoches” fue absuelto en primera instancia por el juez Giménez Vera, pero el Tribunal de Apelaciones del 4° Turno revocó en febrero de 2022 ese fallo y lo condenó a 8 años de prisión por “encubrimiento” del crimen.

Moreira fue liberado en junio de ese mismo año tras la absolución de primera instancia, pero volvió a ser detenido durante unos meses por violar una restricción de acercamiento solicitada por su expareja y por la que cumplió arresto domiciliario.

La absolución de “Cachila” fue apelada por la ahora exfiscal de Rocha, Jéssica Pereyra, quien había requerido una condena de 10 años de prisión.

Mientras que el fallo de Apelaciones, a cargo de los jueces Luis Vicinguerra, Ángel Shaban y Gabriela Cobelli, resolvió por unanimidad que le correspondían 8 años de cárcel. Finalmente, en febrero de este año, la Suprema Corte confirmó esa última decisión y “Cachila” volvió a prisión.

Lola viajó a Barra de Valizas el sábado 27 de diciembre de 2014 y se alojó en la casa de su madrina. Al día siguiente, la adolescente desapareció cuando salió a caminar por la playa y dos días después fue encontrada asesinada a unos cuatro kilómetros de la casa, en una zona de médanos.

Mediante la autopsia se determinó que murió por asfixia por sofocación y que presentaba varios cortes hechos con un arma blanca en distintas partes del cuerpo.

Para la fiscalía, la adolescente trató de escapar corriendo de sus asesinos, fue alcanzada, herida con un arma blanca y golpeada en la cabeza para finalmente morir asfixiada cuando, ante sus probables pedidos de auxilio, le apretaron la cara contra la arena.

“El Cachila” fue detenido al comienzo de la investigación, pero quedó libre ya que dio negativo el cotejo de su ADN con el material genético hallado en los objetos de la víctima, pero en 2019 la Justicia uruguaya lo volvió a imputar y lo detuvo como encubridor al concluir que “estuvo presente antes, durante y después del homicidio” de la adolescente.

Desde entonces, los peritos de la Policía Científica continuaron con los cotejos de ADN con cada uno de los nuevos ingresados al sistema carcelario por otras causas y así llegaron al familiar del ahora condenado de ser el autor material del crimen.

Durante la investigación del crimen de Lola se encontró en la mochila y en el DNI de la adolescente un perfil de ADN que correspondía a un hombre. En primera instancia, Natalia Sandberg cotejó la muestra con el banco de datos del Registro Nacional de Huellas Genéticas, donde está la información de todas las personas que tienen antecedentes penales, pero el resultado fue negativo.

Fue algo que la funcionaria repitió recurrentemente todos estos años, ya que el banco de datos se actualiza a diario. Pero hasta hace no mucho fue casi inútil.

Y fue en ese contexto que a la profesional se le ocurrió una idea que destrabaría la causa: hacer un análisis de ese ADN por separado. Es decir, discriminar la línea paterna de la materna de su composición.

Así, cuando cotejó la muestra con la línea paterna el resultado otra vez no fue el esperado. Todo parecía estancarse nuevamente. Pero, la genetista no se rindió: propuso avanzar por el lado materno y descubrió, luego de compararlo con todo el banco de datos, que el ADN del supuesto agresor de Lola coincidía con el de un hombre que estaba preso por otra causa pero sólo tenía vínculo por su madre.

De acuerdo con lo que explicaron las autoridades, el detenido tenía un “mapa genético” muy parecido al encontrado en las pertenencias de Chomnalez.

A partir de allí se abrió un nuevo camino. Con ese hallazgo, la Policía Científica logró ubicar a la mamá de ese recluso. La Justicia autorizó la extracción de una muestra de la mujer y descubrieron así que aquel preso era medio hermano del hombre que había manipulado la mochila y el DNI de la adolescente argentina de 15 años en el 2014. Además, ese rastro aportado por la mujer coincidió con la muestra hallada hace varios años en las pertenencias de la víctima.

Otro dato no menor: la madre del sospechoso también declaró ante la Policía que había tenido 11 hijos, y entre ellos aportó el nombre de Leonardo David Sena. Dijo que desde chico él vivió con una familia en la zona de La Paloma o Rocha, porque lo había dado en adopción. Ya con una identidad y un lugar algo delimitado, el cerco comenzó a hacerse más pequeño.

Sin embargo, no podían dar con él. De hecho no tenían la certeza de que fuera la persona que estaba buscando porque de los 11 hijos, ocho son hombres. De esos, sabían que tres tenían antecedentes penales pero también contaban con la certeza de que no habían matado a Lola porque sus ADN estaban en el registro y no coincidían con los rastros de la mochila y el DNI de Chomnalez.

El objetivo entonces se centró en cinco personas, pero los investigadores se enfocaron en uno solo: el de Sena, ya que tenía antecedentes por violación y violencia. El motivo de que su huella genética no haya sido encontrada en el banco de datos de Policía Científica es porque este registro se creó en 2012, y los delitos los había cometido en 2003 y 2009.

Hasta ese momento no sabían dónde estaba el sospechoso. Sin embargo, surgió otro giro inesperado. Irónicamente, Sena denunció la semana anterior haber sido víctima de un robo en la ciudad de Chuy, en la frontera con Brasil, lo que permitió ubicarlo: brindó todos sus datos personales.

Con esa información, la Justicia ordenó el allanamiento de su vivienda. El sospechoso dijo no saber por qué lo buscaban y se negó a realizar la prueba de ADN. Fue por eso que, con la orden del juez, los policías se llevaron un cepillo de dientes y así lo cotejaron con las muestras genéticas del crimen de Lola. El resultado coincidió con los rastros hallados en las pertenencia de la adolescente y finalmente quedó detenido por el delito de homicidio muy especialmente agravado.