Así operaban los policías secuestradores de La Matanza: condenaron a los jefes de la banda a 15 años de cárcel

Una de las historias más singulares de la corrupción policial de los últimos años llega a su fin. Ayer miércoles, dos años y seis meses después de los hechos, el Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín dio a conocer las penas contra la banda de policías de La Matanza que en octubre de 2020 secuestró a varias víctimas a cambio de cobrar rescate y las desvalijó.

Las penas fueron excepcionalmente duras. Hubo siete imputados, entre ellos un civil que colaboraba con la banda. El subcomisario Héctor Ricardo García, preso en el penal de Marcos Paz, recibió quince años de cárcel por tres hechos, entre ellos dos secuestros extorsivos “agravado por haberse logrado el cobro del rescate; por su ejecución perteneciendo a la Policía de la Provincia de Buenos Aires y por la participación de tres o más personas” además de robo y falsedad ideológica. Daniel Alfredo Inverardi, con rango de teniente capturado en González Catán en 2021 por la Policía Federal, hoy también preso en Marcos Paz, el último prófugo de la banda en caer, recibió 14 años y ocho meses por las mismas calificaciones. Alan José Vallejos, oficial subayudante, recibió 12 años y 6 meses.

Ramón Eduardo Medina, alias “El Tati” o “Pelado”, entrerriano, el civil de la banda y el entregador de las víctimas, recibió otros doce años: su pena se unificó a una condena previa de un tribunal matancero, una pena de ejecución condicional que terminó revocada. Todos los condenados, también, recibieron inhabilitaciones para ser parte de una fuerza de seguridad por diez años. El fallo firmado por magistrados Venditti, Gutiérrez y Machado Pelloni va aún más allá: tras un requerimiento del fiscal general del juicio, pidió extracción de testimonios para iniciar al menos cuatro nuevas causas por delitos como los de acción pública, en base a pruebas y testimonios presentados en el proceso, o sumar a causas ya existentes.

La mecánica investigada en la causa que llegó ayer a condena, a cargo de los fiscales Mariela Labozzetta y Santiago Marquevich, reveló una mecánica perversa. A sus víctimas -ocho en total- no sólo los engañaron, agredieron y extorsionaron, sino que además los mantuvieron cautivos dentro de un destacamento de Ciudad Evita a cambio del pago de un rescate

Los dos secuestros extorsivos que le imputan a la banda fueron ejecutados con menos de un mes de diferencia entre sí, y con características muy similares.

El primer secuestro ocurrió el 28 de septiembre del 2020 por la noche. Ese lunes, cerca de las 21.30, un grupo de cuatro jóvenes de Ciudad Oculta habían llegado a bordo de una camioneta Ford EcoSport negra a la puerta del Hospital Ballestrini de La Matanza. Los había convocado un hombre al que sólo conocían como “Pelado”, que resultó ser Ramón Medina. Días antes, Medina les había ofrecido un “trabajo” para el grupo: un robo.

Mientras esperaban en el lugar, fueron chocados por una Ford Ranger con los colores e insignias de la Policía de la provincia de Buenos Aires y otro auto blanco del cual bajaron varios policías uniformados que, a punta de pistola, los redujeron y los ataron con precintos.

Luego los trasladaron a una comisaría cercana donde los entrevistó un hombre al que todos llamaban “jefe”, vestido también de policía, que los amenazó con “armarles una causa” y dejarlos detenidos si no reunían 300 mil pesos en efectivo en cuestión de una hora.

Mientras los jóvenes contactaban con sus teléfonos a familiares y amigos, según su denuncia, fueron maltratados y golpeados en la dependencia hasta que pudieron confirmar que habían reunido entre todos la suma del rescate. La entrega se llevó a cabo en las inmediaciones del hospital Ballestrini, donde comenzó la secuencia. Así, soltaron a sus víctimas.

Los jóvenes hicieron la denuncia en la Comisaría 8A de la Policía de la Ciudad y la causa quedó en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°8 a cargo de la fiscal Paloma Ochoa, quien finalmente declinó su competencia. Así, la investigación quedó en manos de la Justicia Federal de Morón, que dio intervención a la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos.

El segundo caso ocurrió menos de un mes después, en la madrugada del 14 de octubre de 2020, con una mecánica similar. Esa noche, cuatro jóvenes oriundos del barrio porteño de Barracas esperaban a bordo de un Volkswagen Gol azul en un punto de la localidad de Ciudad Evita, para realizar un “trabajo” al que habían sido convocados.

Uno de los jóvenes del grupo había entablado contacto a través de Instagram con una supuesta mujer que fue quien lo convenció de que tenía una oportunidad para ofrecerle que le iba a garantizar “mucho dinero y oro” para él y sus amigos: les propuso asaltar a una pareja de ancianos. La mujer le facilitó un número al que debía llamar para recibir directivas y, cuando lo hicieron, la única indicación que recibieron fue el lugar donde esperar.

En ese punto les ocurrió lo mismo que a las víctimas anteriores. Una camioneta Ford Ranger de la Bonaerense los interceptó, junto a otros dos autos. Varios hombres de civil armados los amenazaron y, tras una breve persecución, los detuvieron. Mismo modus operandi: los llevaron a una comisaría, los encerraron en una oficina, los golpearon y los amenazaron con el armado de una causa si no reunían una determinada suma de dinero en dólares.

El hermano de uno de los jóvenes fue hasta el lugar indicado con el dinero, en el barrio de Constitución, pero no efectuó el pago porque los secuestradores no iban con las víctimas, como habían acordado. Los policías-secuestradores los liberaron igual, pero primero les robaron sus pertenencias, los obligaron a firmar una serie de documentos que no les permitieron leer y les secuestraron su auto, que de todas formas no podía circular por estar involucrado en una causa a cargo de la UFI Nº3 de Laferrere.

La causa quedó originalmente en manos de la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°7 pero luego pasó a manos del Juzgado de Morón, la División Operativa Central de la PFA y la Unidad Fiscal Especializada en Secuestros Extorsivos, en conjunto con la propia Policía Bonaerense.

Como resultado, los investigadores determinaron un descuido notable: el patrullero involucrado en los hechos pertenecía al grupo de apoyo Departamental La Matanza y era utilizado por el Destacamento José Ingenieros.

Así, identificaron y ordenaron la detención del civil y los policías sospechados de organizar los secuestros, todos de esa misma dependencia.