A un mes del derrumbe en Caballito, los vecinos siguen sin poder entrar a sus casas: “Nadie se hace cargo”

Se cumple, hoy, un mes del derrumbe en Caballito, que se cobró la vida de dos hermanos de 75 y 77 años, y los vecinos del complejo de PH afectado siguen sin poder entrar a sus propiedades a retirar sus pertenencias y remedios. “Nos prometieron una pasarela de ingreso que jamás se concretó y no tenemos respuesta. El desamparo es total”, denuncian y convocan a una marcha para este viernes 8 de marzo a las 18 horas en la avenida Pedro Goyena 555.

Desde hace treinta días, las 13 familias damnificadas —en total 18 mayores y 4 menores— conviven con el dolor de haber perdido todo y la incertidumbre de no saber qué va a pasar. “Nuestras casas no están habitables y no lo van a estar por un largo tiempo”, lamentó Ingrid Vadala (44) y repasó lo que atravesaron ella y su familia durante estas 4 semanas.

“Primero fuimos a lo de mi hermana. Recuerdo que el Gobierno de la Ciudad nos ofreció quedarnos en un hotel, pero no se puede vivir en un hotel. No es funcional. Así que tuve que buscar un departamento amoblado, que es donde estoy viviendo ahora con mi marido y mis dos hijos. Lamentablemente, no pudimos quedarnos en el barrio: estamos en Parque Chacabuco, lo cual nos genera un gasto extra en transporte público y en nafta. Lo peor es que ese alquiler lo estoy pagando de mi bolsillo. También las expensas y los impuestos”, contó a Infobae.

Elisa Muñoz (40) y su hija de 11 años son otras de las damnificadas. Al igual que Ingrid, los primeros días post derrumbe, la mujer se hospedó en casa ajena. Sin embargo, desde hace quince días, está parando en un departamento. “Gracias a mi abogado conseguí que lo costeara MAB INVERSIONES S.R.L., la empresa constructora que ocasionó todo este infierno. En comparación con lo que era nuestro PH, el espacio es chico; pero queda en el barrio. Prioricé la cercanía para no cambiarle tanto la vida a mi hija que, en el medio, empezó las clases”, explicó.

A la charla se sumó Maximiliano Larroca (33). No es él quien vivía en el complejo, sino sus padres, que son los propietarios del departamento 12. “Mi mamá tiene 74 años y una enfermedad cognitiva. Mi papá tiene 80 y es diabético. Desde el 8 de febrero están sin casa, de acá para allá, sin un lugar donde vivir. Toda su vida quedó ahí adentro: ropa, documentos, electrodomésticos... Hace un mes que estamos esperando que construyan una pasarela para entrar, pero todavía estamos ‘en veremos’. No hay respuestas, nadie se hace cargo”, dijo.

El gran temor de los vecinos es que vuelvan a abrir la calle al tránsito, “como si no hubiera pasado nada”. Las pocas precisiones del Gobierno porteño los tienen aterrados. “Nunca se nos dio un canal oficial de información. Días después del derrumbe nos hablaron de un apuntalamiento y de la posterior construcción de una pasarela para ingresar nuestras casas a buscar lo básico. Pero jamás recibimos un plan de obra. Todo lo que conseguimos, como la reunión con el Ministro de Justicia de la Ciudad, Gabino Tapia, fue por insistencia”, confió Elisa a este medio.

La “pasarela”, según explicaron los vecinos, era el paso siguiente a las obras de “apuntalamiento” del complejo. “Esas obras terminaron esta semana, al igual que las pericias que ordenó la fiscalía. El lugar ya es completamente seguro. Por eso no entendemos por qué todavía no empezaron a construir la estructura que no permitiría entrar a nuestras casas a buscar nuestras pertenencias. Mi hijo tuvo que empezar el colegio con ropa y útiles prestados”, se quejó Ingrid.

Y siguió: “Por eso decidimos realizar la convocatoria de este viernes, porque siguen pasando los días y las promesas se van diluyendo. ¿Quién se va a hacer cargo de nosotros?”.

“Hace un mes que vivimos con una mezcla de desesperación, tristeza, desesperanza”, dijo Maximiliano y aseguró que la tragedia podría haberse evitado. “Esto no fue un accidente. Esto fue una negligencia: había más de una denuncia hecha y se había pedido una medida cautelar para que dejaran de construir, porque el peligro de derrumbe era inminente. Recurrimos a todas las acciones legales para que frenaran la obra. No lo hicieron, se terminó derrumbando y se murieron dos vecinos”, dijo.

Desde la cartera que encabeza Jorge Macri niegan haberles soltado la mano a los vecinos. “Desde la Dirección General de Asistencia a la Víctima del Ministerio de Justicia se está en constante comunicación con los damnificados, ya sea para acompañarlos en todas necesidades como para ir informándoles sobre los avances. Incluso, se está enviando un proyecto de ley a la legislatura para eximirlos del impuesto de ABL de 2024”, aseguraron.

Consultados sobre la pasarela que se comprometieron a construir y a la que refieren los vecinos, los voceros porteños no pudieron dar precisiones. “Es una decisión que debe tomar Defensa Civil. Hasta que el lugar no deje de representar un peligro, la Fiscalía no va autorizar el ingreso de ningún vecino”, dijeron.

También explicaron que, por intermedio del Ministerio de Desarrollo y Hábitat porteño, se les ofreció a las familias damnificadas alojamiento en una cadena de hoteles. “En un principio, cinco de los afectados solicitaron asilo. Luego decidieron reubicarse en casas de familiares o en otras propiedades. En ese contexto, se intervino para que la empresa constructora les pague alquiler y expensas de, al menos, los próximos 6 meses. Pasado ese período se renegociará de acuerdo a los avances de obras. Trece de catorce propietarios accedieron a esto”, detallaron.

Asimismo indicaron que están trabajando en conjunto con el área de Salud, para que aquellos vecinos que están en tratamiento o tomando medicación, no debieran interrumpirla. “Mi marido tiene artritis reumatoidea y su medicación quedó en la heladera de casa. Cumplieron con una primera tanda de medicamentos, pero ahora necesitaríamos otra”, sostuvo Ingrid.

Algunos de los damnificados hicieron referencia a un “subsidio extraordinario” que el Gobierno les otorgó para comprar “una primera tanda de necesidades básicas”. Varios decidieron no aceptarlo, porque en los recibos que les entregaban no les permitían agregar los motivos.

El caso, calificado como “estrago seguido de muerte”, lo investiga de la fiscalía de Flagrancia Oeste en conjunto con la Unidad Fiscal de Investigación N° 22 porteña, de turno al momento del derrumbe, a cargo de Mariela de Minicis.

El colapso ocurrió el 8 de febrero cerca de las 12.30 en una obra en construcción, con fecha de inicio en agosto de 2023, que tenía una fosa de dos subsuelos a cielo abierto. Los vecinos contaron que habían pedido a la Justicia el cese de los trabajos en varias oportunidades por peligro de derrumbe. La Agencia Gubernamental de Control la inspeccionó por última vez el 5 de diciembre pasado.

Dos semanas antes del fatal desplome, los propietarios del complejo de PH habían solicitado una inspección en la vivienda para determinar cuál era el estado de sus caños. Lo hicieron bajo la sospecha de que la obra que se realizaba al lado estaba provocando sus roturas. El informe finalmente fue entregado cuando la tragedia ya había sucedido. Y su resultado constató que las cloacas efectivamente se habían movido a causa de la construcción, lo cual significaba un peligro de colapso.

El texto, al que accedió Infobae, fue titulado como “Hundimiento y Descalce Cloacal y Pluvial” y en su desarrollo explica: “Se encontró que las cañerías están en perfectas condiciones, pero por los movimientos de estructuras ocasionados por la gran obra en construcción de al lado, cedió la cañería cloacal y pluvial como era de esperarse”.

La filmación sobre la cual se realizó el informe técnico tiene fecha del 24 de enero de 2024, 15 días antes del hecho. No es la única prueba de que los residentes del lugar estaban preocupados por el estado de la estructura: el día anterior, un vecino había presentado una denuncia por “riesgos temibles de derrumbamiento”.