Atacó con un hacha a su marido tras 40 años de violencia de género y la condenaron, pero ahora la Corte bonaerense anuló la pena

A fines de agosto de 2017, la jueza Alejandra Raverta, del Tribunal Oral 2 de Azul, sentenció a la enfermera Cristina Santillán (65) a la pena de siete años de prisión en lo que se llama “audiencia de cesura”, después de que un jurado popular la declarara culpable del delito de lesiones gravísimas contra su marido Ricardo Orlando Hernández, a quien una madrugada de septiembre le estampó dos hachazos en la cabeza.

El hombre murió meses después del ataque porque los problemas de salud a partir del incidente fueron una catarata imparable. Por eso, el tribunal de ciudadanos no consideró a Cristina responsable de la muerte. En el juicio, testigos y peritos dejaron claro que Santillán llevaba 38 años sufriendo violencia de género física y verbal de parte de su pareja y que su reacción fue intempestiva, furiosa, en un estado de permanente confusión y sometimiento. Pero Raverta consideró que ese “detalle” no era un atenuante para reducir la pena de prisión o, incluso, prescindir de esta y, ante el pedido de la fiscalía de una condena a ocho años, le dio siete.

Santillán pasó un año y una semana tras las rejas -entre el 14 de septiembre de 2014 y el 24 de septiembre de 2015- y luego volvió a su casa gracias a la decisión de otorgarle prisión domiciliaria. No sólo la jueza de Azul no encontró en la violencia de género una razón posible para la reacción de la mujer. La Cámara de Casación, después de la apelación presentada por la defensa de la acusada, que consideró que hubo “arbitrariedad”, tampoco.

Pasaron casi diez años de la madrugada del ataque, seis años del juicio y finalmente días atrás la Suprema Corte de Justicia de la provincia de Buenos Aires tomó una decisión: exhortó a los jueces de Casación a que anulen el monto de la pena, revisen el caso y cumplan con aplicar la perspectiva de género en la historia de Santillán.

Los ministros Hilda Kogan, Luis Genoud, Sergio Torres y Daniel Soria consideraron que los fundamentos brindados por el tribunal de Casación no responden a los reclamos concretos formulados en el recurso por parte de Daniel Fernández, defensor oficial de Santillán. Criticaron que consideraran que la mujer no estaba imposibilitada de detener sus impulsos o limitada en su libre accionar. La Cámara “deja de lado el análisis probatorio del caso con perspectiva de género en el punto medular de la determinación de la pena”.

Además, resaltaron que tampoco ponderaron el informe que hizo el perito Enrique Stola, en el que se especifica que el trastorno de estrés postraumático era consecuencia del historial de discriminación y violencia padecido por la imputada a manos de su esposo.

Aunque la Cámara de Casación minimizó la situación como una depresión de la mujer, para la Corte se acreditó que “sufrió por casi treinta y ocho años descalificaciones, amenazas y violentos actos físicos, violencia psicológica, económica, sexual y física extrema” por parte de Hernández. “Así las cosas, no medió un análisis del contexto en su real dimensión”, agregaron los magistrados.

Durante el juicio existieron exposiciones que negaron la violencia, principalmente en voz de la madre del hombre muerto y del hijo mayor de la pareja. Pero testigos y peritos describieron una relación entre Santillán y Hernández condimentada permanentemente por humillación, golpes, insultos y abusos sexuales. En el entorno de Santillán describieron la relación como un infierno. Su marido la penetraba cuando ella no quería, se paseaba con otras mujeres por la ciudad, le robaba el sueldo, la hacía levantar de madrugada para que le cocine, se iba a de vacaciones y la dejaba en la casa.

Para la Corte, Casación omitió las recomendaciones de la Convención de Belem do Pará, que dice que “los hechos y circunstancias propias de cada caso deben ser evaluados a la luz del problema general de la discriminación de género”, por lo que los ministros determinaron que “asiste razón a la defensa en su reclamo” y revocaron parcialmente la sentencia para que la vuelva a revisar el Tribunal de Casación.

Las historias sobre la violencia que el hombre ejercía sobre su esposa desde que se conocieron, cuando ella tenía apenas 16 años, son estremecedoras. Cristina se crió en un entorno de abuso. “Pegame pero no en la cara”, cuentan que le decía a su marido.

Aceptaba la sumisión, pero no quería quedar expuesta en el trabajo. “Pedía comida diferente a la de la familia: él exigía bifes con ensalada y el resto comía fideos. Hacía su vida, vivía ahí porque era cómodo, ella estaba sometida a él, dormía encerrado con llave y la dejaba afuera, entonces Cristina se tiraba un colchón en el living”, contó el defensor oficial Diego Fernández en el juicio.

Él mismo ahora tiene la esperanza de que Casación falle en sintonía con la trágica historia de vida de la ex enfermera. “Una mujer con cuatro décadas de situaciones de violencia claramente está en una situación de incapacidad, puede ser considerada autora de una lesión pero podría no llevar a un reproche penal”, consideró, y explicó: “El Estado podría decir ‘te encuentro culpable’ pero no merece pena porque todo esto que pasó es responsabilidad del Estado por cuatro décadas de desoír indicadores de ayuda y de protección”.

Cuando tuvo que dar sus últimas palabras antes del veredicto, Santillán recordó los golpes que Hernández le daba cuando estaba embarazada de su hija y confesó que “hubiera preferido ser una menos”.

La hipótesis de máxima para Fernández es que Casación prescinda de la pena y, de mínima, que exista una una importante reducción.

¿Y ella cómo vive todo esto? Santillán ya cumplió la pena el 13 de septiembre de 2021. “Cristina agotó el tiempo de la condena. Cuando recibió el fallo de la Corte no entendía porque ella pensaba que estaba cerrado y firme. Ella quiso olvidarse de lo judicial y le sorprendió la notificación. Le tuve que explicar que es algo favorable y por lo que estuvimos bregando. Nada más ni nada menos que cuatro décadas de víctima de violencia. Siempre tratamos eso y lo conseguimos. Tal vez no sea útil para la situación concreta pero sí es útil para marcar un camino”, comentó a Infobae Daniel Fernández, su defensor oficial.