Hoy por la mañana, tras más de dos años de investigación, la fiscal Juliana Companys en Villa María, provincia de Córdoba, pidió elevar a juicio a Leonardo Cositorto, acusado de ser el líder de una asociación ilícita y de 163 hechos de estafa reiterada, en uno de los supuestos engaños más grandes de la historia penal reciente. La medida alcanza también a otros 25 cómplices.
Cositorto se encuentra preso hace casi dos años en en el penal de Bouwer, Córdoba, tras ser arrestado por el área de Interpol de la PFA en un exclusivo country de República Dominicana donde se había refugiado. El daño estimado por Companys en su momento fue de, al menos, 120 millones de dólares.
En el maratónico documento del pedido de elevación a juicio, de 693 páginas, al que accedió Infobae, la fiscal Companys también incluye a “Max” Batista, principal cómplice de Cositorto, al contador Norman Próspero -creador del andamiaje original de Generación Zoe- y a los también contadores Julieta Sciutti y Maximiliano Mitroff, detenidos en agosto de 2022. Sciutti y Mitroff, según coinciden testimonios de jugadores vinculados a la organización, fueron parte clave de uno de los mayores instrumentos para captar dinero en dólares de ahorristas a los que se les prometían intereses fabulosos: el Fideicomiso Ordinario de Administración Zoe Latam, con fecha de inicio registrada en la AFIP el 1° de octubre de 2021, con domicilio en Crisólogo Larralde al 1800, la oficina central de Generación Zoe, que quedó de desierta tras protestas de ahorristas defraudados.
Hay varios cordobeses presos e imputados. El más significativo de todos ellos es Claudio Álvarez, un coach ontológico que, junto a su familia -su madre, Silvia Fermani, también fue elevada a juicio junto a él-, fue la cabeza de la oficina de Zoe en Villa María, el punto débil que quebró el andamiaje de Cositorto a nivel nacional. Claudio Álvarez está acusado de ser organizador en la asociación ilícita de Zoe con 173 hechos de estafa, que no es la totalidad del daño cometido por Zoe, sino lo que Companys investigó en Villa María. Cositorto y su esquema también enfrentan causas en provincias como Santa Fe, Corrientes, Salta y el fuero federal porteño, con una causa a cargo del juez Ariel Lijo por el posible delito de lavado.
Miguel Echegaray, otro soldado histórico de Cositorto, que se entregó a la PFA en noviembre de 2022 tras pasar seis meses prófugo, también deberá responder como presunto organizador de la asociación ilícita, de acuerdo a la medida de Companys, que adelantó Clarín. Cositorto declaró en su contra en su indagatoria. “Los pagos los hacía Echegaray”, aseguró el líder.
Tras el planteo de la fiscal, llega el turno de las defensas para oponerse y presentar los recursos correspondientes.
Próspero, Sciutti y Mitroff, cree Companys, respondían directamente al principal prófugo de la causa, el ex juez y fiscal federal Héctor Yrimia, que continúa prófugo y con pedido de captura internacional tras una serie de insólitos dislates en Dubai. Hay fuentes que sospechan que Yrimia habría infiltrado a Cositorto para vaciarlo por dentro. El padre de Yrimia, un ex subcomisario de la Federal de 95 años, fue allanado por la PFA en noviembre de 2022 en su casa de Villa Luro, horas antes de que Cositorto sea extraditado a la Argentina. Allí, se le incautaron más de 500 mil dólares.
El imperio presuntamente fraudulento de Generación Zoe incluyó empresas para comenzar hamburgueserías, pizzerías, locales de mascotas, ventas de autos usados, hasta una iglesia evangélica en Adrogué. De todo este universo, las supuestas minas de oro de Zoe, que Cositorto anunció en repetidas ocasiones, fueron de lo más llamativo, compradas en el noroeste argentino para sustentar a su criptomoneda ficticia Zoe Cash.
En su indagatoria, en la que negó cualquier vínculo con las operaciones cordobesas, el líder y coach ontológico señaló al ex juez como principal responsable de la jugada de las minas a Héctor Yrimia.
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