Santa Fe: polémica por la ley que obliga a los presos a usar uniformes con colores según su peligrosidad

Una ley aprobada en diciembre sobre la ejecución de la pena de las personas privadas de la libertad en Santa Fe generó polémica en las últimas horas, especialmente por la decisión del gobierno de esa provincia de que los internos usen uniformes diferenciados.

El artículo 24 de la legislación, aprobada en diciembre por ambas cámaras provinciales, establece un código de vestimenta que, en alguno casos, consta del uso de una ropa determinada. “La reglamentación determinará en qué casos será obligatorio el uso de uniformes, pudiendo asignarse uniformes diferenciados según la situación legal, el nivel de seguridad, la zona de circulación asignada o las tareas que el interno desempeñe”, dice un fragmento de la ley.

Horas atrás, el ministro de Seguridad provincial, Pablo Cococcioni, confirmó a la prensa local que más temprano que tarde se cumplirá con esta flamante normativa para los 9.000 detenidos alojados en unidades penales santafesinas y explicó las razones. “Llegará el momento en que todos tengan un uniforme diferenciado. Vamos a empezar por distintas categorías. El uniforme te sirve para establecer a dónde va cada preso dentro de la dinámica carcelaria, el que puede pasar esa puerta para ir a un taller, para ir a una escuela... uno tiene que poder visualizarlo”, comentó.

El funcionario adelantó que la decisión es parte de “una transformación muy severa en las condiciones de detención con herramientas de control mucho más potentes”. Detalló que la ley “permite que los presos dentro de poco puedan utilizar uniformes de color diferenciado según al sector al que pertenecen. Si trabaja o no, si es de alta, media o baja peligrosidad, según el tipo de delito”, y justificó al explicar que, según su criterio, permitirá “una mejor visualización y control de lo que ocurre”.

Si bien la ley aún no fue reglamentada y, como consecuencia, no existen aún los parámetros de tipos de uniformes y colores que se usarían, la medida ya recibió críticas de organismos de Derechos Humanos y especialistas en materia de derecho penal.

Matilde Bruera, diputada peronista con mandato cumplido en diciembre pasado, ex integrante de la comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura y profesora titular de la cátedra de Derecho Penal de la Universidad Nacional de Rosario, consideró la decisión como “ridícula” y remarcó que, además de inofensiva, es estigmatizante para los presos.

“En general la legislación internacional, y la nuestra, dice que la vestimenta del preso es un derecho, que tiene que ver con la dignidad. El preso tiene derecho a usar su propia ropa. Si no tiene, o no quiere, o está deteriorada, puede pedir que le den ropa. Y pueden darle un uniforme, pero si él lo pide. Esto de obligarlos a usar un uniforme es volver al traje a rayas, algo que se derogó hace muchas décadas en el país”, explicó Bruera a Infobae.

Roberto Pettinato (padre), director general de Institutos Penales de la Nación Argentina entre 1947 y 1953, fue quien estableció en 1947 el fin del traje a rayas por ser considerado estigmatizante y mejoró el sistema penitenciario. En 1983, con el retorno de la democracia, se tomó la misma decisión en Provincia de Buenos Aires.

“Nunca creí que íbamos a llegar a semejante cosa. El discurso del Ministerio es que esto permite mejorar el manejo de las cárceles porque permite diferenciar a simple vista la categoría de peligrosidad de los presos. Es ridículo, los presos no son tontos. Si consiguen que les vendan celulares, ¿cómo no van conseguir que les cambien el traje?”, agregó Bruera, e incluso analizó la cuestión desde el punto de vista financiero. “¿Cuánto salen los uniformes, tenerlos en buen estado y limpios? En cualquier momento les ponen grilletes”, se preguntó e ironizó.

“Si bien es comprensible la pretensión de mayor seguridad al interior de las cárceles, ya que el autogobierno predispone las violaciones de DD.HH, hay analizar en qué medida sería razonable el establecer uniformes, y sobre todo uniformes que diferencien en categorías a los presos dentro de un mismo establecimiento”, coincidió Kevin Nielsen, integrante de la Asociación de Pensamiento Penal, y agregó: “Esto puede tener un efecto discriminatorio, segregativo y atentar contra los esfuerzos para reintegrar al condenado, es decir, puede ser contraproducente”.

Desde el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) también criticaron la medida, a la que consideraron “un retroceso absoluto que no está justificado”. Para Macerana Fernández Hofmann, es una decisión discriminatoria y estigmatizante. “Es un trato humillante que no hace falta. Existen otras formas para controlar la circulación de los presos y le da poder discrecional al Servicio Penitenciario, que es ‘necesario’ para la comisión de delitos dentro de la cárcel, porque si no hubiera connivencia del Servicio no habría hechos delictivos en los penales”.

La nueva legislación también establece la designación de presos de “alto perfil”. Quedarán comprendidos en este grupo aquellos que tengan participación o contacto con organizaciones criminales complejas o relacionadas al narcotráfico; existencia de indicios de participación en atentados, actos de fuerza, agresión o amenaza hacia los poderes públicos, o en hechos de violencia hacia particulares; antecedentes de evasión, atentado o resistencia a la autoridad policial o penitenciaria; participación en motín o tumulto o, incluso, “disponibilidad de recursos humanos, económicos, financieros, materiales, logísticos o de cualquier otro tipo, que hicieran presumir cualquiera de las circunstancias antes mencionadas”.

La ley también establece que el Gobierno deberá construir cárceles específicas para este tipo de internos y las normas de trato para presos de alto perfil pueden ser aplicadas de forma discrecional y a la población penitenciaria común.

La medida fue criticada por el CELS, desde donde consideraron que “como las determinaciones de quienes pueden ingresar a este régimen especial son discrecionales, puede ser utilizado como un régimen de excepción que afecta no solamente a jefes de bandas de criminalidad organizada sino también cualquier detenido que así lo determine el servicio”.

Según el ministro Cococcioni, “en el primer escalón de peligrosidad tenemos entre 200 y 300 personas”, aunque aclaró que la provincia no está en condiciones edilicias de hacer esta diferenciación. En ese sentido, Bruera remarcó que hay “3.000 presos más que lo que permite la capacidad de las cárceles”.

“Los pondrían bajo un régimen especial que no existe en ninguna ley de todo el país, y es mucho más duro, con un aislamiento de hasta 30 días y requisas exhaustivas que corren los límites de lo que está regularizado por la ley”, consideró Fernández Hoffman, quien opinó que esta decisión “viola derechos como el contacto con la familia, ciertas violencias del Servicio autorizadas”.

Para la especialista, la calificación de qué preso es de “alto perfil” es discrecional: “Pueden ser marcados como de alto perfil si protestan, y muchas veces las protestas son por el estado de la comida”. Según entiende Fernández Hoffman, detrás de la idea puede haber una carta blanca para darle poder discrecional al Servicio para llevar a la cárcel a un régimen extremo. “Y sobre todo no va a solucionar el problema si funciona para cualquier preso”, aclaró.