Habló el dueño del terreno de la masacre de La Matanza: “Estoy aturdido y con miedo”

Esteban Alejandro Bustos no quiere fotos. Le cuesta contar lo que sabe. Da algunas vueltas. Dice algunas cosas. Luego se desdice o se arrepiente. Finalmente, habla. Pero nada de fotos, repite. Habla porque pretende que se termine la pesadilla que dice que empezó a vivir cuando, creyendo que había encontrado una oportunidad para hacer un negocio inmobiliario, compró un terreno fiscal de 90 hectáreas en González Catán, La Matanza, por algo más de 20 mil dólares.

De aquello pasaron dos años. Todo lo que vino después fue horroroso: primero un grupo de personas tomaron parte de la que él considera su tierra, después fueron decenas de familias y más tarde cientos. Se armó un barrio alrededor de una tosquera, conocido como 8 de Diciembre. En el medio aparecieron “delegados” que dijeron representar a los habitantes de la toma. Desconocidos amenazaron al casero contratado por Bustos, quien denunció a la Policía, y la Justicia abrió un expediente.

Él, como poseedor de la tierra, se sintió obligado a negociar y a venderles una parte a los recién llegados. Pero una cosa es perder una porción del terreno y otra que, sobre este, se derrame sangre, como ocurrió días atrás con la masacre tras la que terminaron muertas cinco personas.

“Estoy aturdido y con miedo”, asegura a Infobae este hombre de 44 años, vecino de Haedo, dueño de una agencia de autos. Ayer miércoles declaró varias horas frente al fiscal Adrián Arribas, que investiga el caso y que tiene dos detenidos, sospechosos de estar involucrados en los crímenes. Bustos espera que la gravedad del asunto, al menos, motive a la Justicia a actuar para recuperar lo que considera su legítimo espacio.

“Estoy desconcertado por la situación. En algún momento pensé en abandonar todo, se estaba poniendo demasiado denso el tema”, cuenta. Su versión indica que compró las tierras en 2021 y que en 2023 firmó un contrato de cesión de las tierras a una familia que la ocupaba hace 17 años. La demora, explica, se debió a que la persona con la que él cerró el trato y le pagó 20 mil dólares, se quitó la vida.

“Al poco tiempo de comprar empezó a venir gente a usurpar el lugar. Los hemos podido sacar casi cuatro o cinco veces. La última vez, que había un comisario de vacaciones, vino esta gente, que ya había intentado entrar al lugar y no salieron más. En ese momento entraron 50 personas, después empezaron a sumarse. Fueron 70, 80, 100 y llegaron a ser 700 familias”, cuenta.

El terreno, dice, es de 90 hectáreas y está dividido en tres fracciones. “Donde más está concentrada la toma es un terreno de 40 hectáreas propiedad de otra familia. Ellos eran dueños de todo el campo. Después lo compró un hombre que explotaba la tosquera, que luego falleció. Quedaron las hijas y le vendieron el campo a la persona que yo se lo compré”, explica Bustos.

Bustos asegura que llegó al terreno un día cualquiera, aburrido, mirando propiedades en Mercado Libre. Le pareció barato. Una oportunidad porque está a tiro de la salida de la que, en algún momento, será la bajada al centro de González Catán de la autopista Presidente Perón (también conocida como Camino del Buen Ayre). Juntó algunos socios con quienes proyectaban en algún momento “hacer un espacio recreativo, con canchas de fútbol, piletas”.

“Me pareció un buen lugar por la cercanía en la autopista, pero en una zona complicada. Quien me vendió me dijo que habían tenido un solo problema con un casero pero que no pasaba nada”, dice. La familia Di Francesco firmó la cesión de derechos del lugar en marzo del año pasado pero ya desde antes Bustos tenía problemas. “Donde poníamos alambrados, los tiraban. Es un lugar grande, hay que dejar mucho capital”, detalla.

A los tres meses de comprar el lugar, Bustos contrató a un casero, que se alojaba en un container: “Se fue a vivir un viernes y el lunes apareció gente por todos lados. Me llamó y me dijo que había gente marcando los terrenos, que eran como 400. Aparecieron por todos lados. Esa noche voy a la comisaría y cuando llego había un tipo de nacionalidad boliviana queriendo hacer una denuncia por algo que había pasado en mi lugar”.

Eso que había ocurrido fue el hallazgo de un cadáver dentro de un tambor de 200 litros. Se trataba de un hombre, jubilado, que, días después se supo, había sido asesinado por su hijo, finalmente detenido. “Cuando sucedió eso nos vino el problema como anillo al dedo porque claro aparece el cadáver y va la Policía, justo cuando estaban usurpando y los saca, eran como 400″, explica Bustos.

Pero al mes de aquel episodio, cerca de unas 120 personas volvieron al lugar y lo tomaron otra vez. Bustos, que había alambrado y puesto carteles de “propiedad privada”, discutió con ellos. Los “usurpadores” le dijeron que no podía ser el dueño porque son tierras fiscales. Pero le ofrecieron comprarle una parte. La que hablaba y lideraba, asegura el hombre, era Juana Correa, principal sospechosa de estar detrás del negocio que llevó a los crímenes del 14 de enero, hoy prófuga y con pedido de captura.

“Yo no entendía nada de esto, vino esta mujer junto a dos chicas y me ofrecen comprarme una fracción de seis hectáreas en una cantidad que eran más o menos 10 millones de pesos a pagar en cuotas”, detalla. Pero no concretaron porque Bustos, cuenta, le decía a Correa que él les iba a cobrar a los vecinos que querían comprar las parcelas. Y la mujer se negó y se fue.

Al poco tiempo empezaron a volver “de otra forma, ya con la idea de meterse, no de comprar”, narra Bustos, que otra vez llamó a la Policía y los agentes retiraron a los tomadores de la tierra. Otra vez hizo la denuncia, pero la Justicia, asegura, no actuó.

A la semana, la gente regresó, se metieron 20 familias y luego muchas más, que se fueron para el terreno sobre el que tiene posesión la otra familia. “Le ocuparon como cuarenta hectáreas”, dice Bustos, que sintió, entonces que la toma se le “venía encima”. Así que decidió volver a negociar con los pretendientes.

Habló con otra persona que no nombra, “que vino a hablar bien”, y le vendió una fracción de dos hectáreas. “Ellos se pusieron al borde de la toma. Y con eso pudimos frenar que no siguieran avanzando. Empezamos a tratar de proteger lo que nos quedaba. Un día metimos una retroexcavadora y casi nos rompen toda la máquina porque ellos querían armar una calle. Tuve que llamar a un tipo complicado para que dejen de avanzar. Se puso jodida la mano. Al final terminaron hablando”, cuenta.

Fue ahí cuando asegura que se acercó otra vez Juana Correa para hablar con él. “La mina tiene una soberbia encima que no lo podés creer. ‘Esto es nuestro, tenemos los papeles’, me dijo, no sé de dónde habrá sacado los papeles”, comenta. Así todo, negoció. “Quedó así y nunca más me jodieron”, cuenta Bustos.

De eso pasaron cuatro meses. Él “perdió” siete hectáreas y sus vecinos, más de 40. Sobre la masacre de días atrás, Bustos revela que originalmente era una discusión entre vecinos para armar una plaza y, además, cobrarles multa a quienes no mantenían limpios los terrenos tomados. “Yo no entiendo el grupo de gente que apareció y arrancó a los tiros. Para mí hay otro tema más de fondo”, dice.

- ¿Qué sería algo más de fondo?

- Esta misma Juana me lo explicó: ellos trabajan para alguien “de arriba”, se meten, ella supuestamente lucha por su gente. Dice que lo hace “por amor al arte” y ellos estaban con un partido político (ojalá supiera cuál) y les dicen que se metan en ese lugar.

- ¿Se lo contó al fiscal Arribas?

- Le conté todo lo que pasó. Lo veíamos venir. Hace unos cinco o seis meses a una gente que está cuidaba el campo le entraron armados y empezaron a dispararle al contenedor donde dormían. A mí alguien me dijo que me metí en el negocio de otro. Yo no compré el terreno para vendérselo a esta gente. Era otra la idea. Vi la situación, el lugar era barato y agarré, le di para adelante, pensando que la zona era más tranquila. No tenía idea dónde me metí.