A casi un mes de haber asumido, la estrategia inicial de Javier Milei “a todo o nada” empezó a encontrar dificultades políticas y judiciales

“Un desorden total”. Así describía ayer por la tarde el estado de situación en torno a la conformación de comisiones el jefe de una de las bancadas de la Cámara baja, en el inicio de la sesión de actividades parlamentarias y en la previa del tratamiento de la Ley Ómnibus que Javier Milei envió al Congreso, en su estrategia global que en el entorno más íntimo del presidente definieron “a todo o nada”, en ese plan de shock trazado por el gobierno libertario para sus primeros meses de administración.

Milei piensa seguir adelante. Rediseña su planificación jurídica. Como anticipó, el partido es de 90 minutos. Pero en esa hoja de ruta a la que se comprometió públicamente en seguir a rajatabla se encontró sin embargo en estos últimos días con una serie de obstáculos políticos y judiciales que empezaron a poner en riesgo la viabilidad de la estrategia planteada desde el día 1 de gestión y la versatilidad del proyecto libertario. En ese contexto, en las últimas horas circularon algunos pases de factura internos clásicos de cualquier administración, pero azuzados por la debilidad institucional de un presidente que asumió en franca minoría parlamentaria, sin gobernadores ni intendentes afines.

Milei es desconfiado. Hasta ayer, por caso, todavía no se había encontrado a la persona que se hará cargo de la intendencia de la quinta de Olivos, el lugar en el que se supone que vivirá el jefe de Estado a partir de las próximas semanas. Su mesa chica la integran su hermana Karina y el estrategia Santiago Caputo; el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro del Interior, Guillermo Francos, que en estos días empezó a sentir el rigor de las tensiones internas por su estilo de negociación política mucho más aperturista —lo intentó poner en práctica, por ejemplo, con la CGT— que buena parte de ese primer anillo de confianza del jefe de Estado. En usinas cercanas al ministro empezaron a mirar con más atención al primer piso de la Casa Rosada.

En ese piso, la oficina principal, sin contar la del presidente, la ocupa el jefe de Gabinete. Posse es una rara avis para ese puesto: formado técnicamente en la Corporación América, no está acostumbrado a la negociación política. Por el contrario, prefiere escaparle a “la rosca”. Es la antítesis de Francos, que pasó por la escuela dialoguista del sciolismo. Posse potencia al presidente, a diferencia, por ejemplo, de Marcos Peña, el jefe de los ministros del gobierno de Cambiemos que, a pesar de las severas críticas que recibió durante los cuatro años de gestión por su fabulosa influencia en el gabinete, siempre tendió a suavizar las posiciones más duras de Mauricio Macri. Por algo el ex funcionario fue, desde que el actual presidente irrumpió en los medios de comunicación en esos años, uno de sus férreos detractores.

En el universo libertario, Federico Sturzenegger, todavía asesor sin cartera, que también se ganó la confianza del mandatario, despertó en estas primeras semanas de gestión una sucesión de reproches, internos y externos, por el decreto de necesidad y urgencia de desregulación de la economía que incluye la derogación y modificación de cientos de leyes y que en las últimas 72 horas cosechó durísimos reveses por parte de la Justicia. El ex presidente del Banco Central macrista terminó por convencer a Milei, según trascendió puertas adentro, de que esa herramienta era el mejor camino para avanzar con el plan de shock libertario.

La Casa Rosada esperaba su primer tropiezo en el fuero contencioso administrativo en el que talla desde hace años el procurador del Tesoro, Rodolfo Barra, un experimentado abogado administrativista. Pero la cúpula de la Confederación General del Trabajo (CGT) le ganó de mano al gobierno, y logró un resonante triunfo en el fuero laboral con la cautelar que frenó el capítulo de la reforma laboral incluido en el DNU ideado por Sturzenegger. Ayer, la Justicia le propinó otra mala noticia al gobierno: el juez Enrique Lavié Pico, del fuero contencioso y administrativo federal por el que desfilan poderosísimos operadores, habilitó la feria de enero para tramitar los amparos que buscan declarar la inconstitucionalidad de ese decreto, y definió que el capítulo laboral seguirá su curso en el fuero homónimo, al revés de lo que pretendía el Ejecutivo.

Un baño de realidad para un gobierno que busca cambiar la lógica del sistema político, económico y judicial.

En el Congreso, La Libertad Avanza también se topó por el momento con una dispersión de la composición parlamentaria que aventura un resultado incierto para la Ley Ómnibus enviada por Milei como parte del paquete de las ambiciosas reformas que proyecta para los inicios de su administración.

Para apurar las negociaciones parlamentarias, Macri entendió que lo mejor era que el PRO se quedara con la presidencia de la Cámara de Diputados, e insistió en ese sentido para que ese rol fuera ejercido por Cristian Ritondo. Cuando asumió en el 2015, el entonces presidente avaló con esa misma lógica que María Eugenia Vidal cogobernara en la Legislatura durante su primer año de gestión con Sergio Massa, el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial del que ahora el fundador del PRO despotrica. Massa ungió entonces a Jorge Sarghini, y el primer año bonaerense de Vidal no tuvo mayores complicaciones.

Ahora, Milei consideró que los legisladores de ese espacio, el PRO, que Ritondo podía aglutinar bajo su liderazgo apoyarían de cualquiera manera sus reformas. Tal vez tenía razón. Pero la conducción de Martín Menem, un legislador con apellido con historia pero con escasa trayectoria, deberá en estas semanas ejercitar a tiempo completo su capacidad de recolección de voluntades. Francos quería para ese lugar a un sector del peronismo federal. Había pensado en Florencio Randazzo. Milei se decidió finalmente por alguien propio.

Ayer, Francos tuvo que aceptar que el gobierno diera marcha atrás con las reformas en el Régimen Federal de Pesca de la Ley Ómnibus tras las quejas presentadas por el gobernador de Chubut y el intendente de General Pueyrredón, Ignacio Torres y Guillermo Montenegro, respectivamente, después de las dos reuniones que el ministro mantuvo con ellos en su despacho de Casa Rosada.

Se espera, además, otras modificaciones a la ley remitida la semana pasada al Parlamento. En el caso del sector en el que se destacan diputados como Emilio Monzó, Miguel Ángel Pichetto y Nicolás Massot, quieren acotar drásticamente las modificaciones. Cuentan con el asesoramiento de Roberto Dromi, uno de los máximos expertos en derecho administrativo que, a pesar de los trascendidos, no tiene ascendencia sobre el presidente. El abogado, uno de los principales cerebros de la reforma del Estado menemista, fue consultado por el equipo libertario durante la campaña.

Apurado en su estrategia, a casi un mes de su asunción, Milei todavía está convencido de que tiene suficiente sostén social para avanzar con sus reformas. Es lo que, a priori, evidencian las encuestas más serias. Todavía se percibe un notorio malestar con el presente, y expectativa por mejoras a futuro. Pero hay un dato que empieza a inquietar, aunque de modo incipiente: cierta “angustia” por parte del propio electorado libertario por la magnitud de la crisis y el impacto de la mega devaluación en la vida cotidiana.

Es una de las razones por la que Milei eligió a Patricia Bullrich para que sobresalga en su gabinete: a falta de buenas noticias en el área económica, la posibilidad de “ordenar” la protesta social y construir un relato en torno al rubro seguridad fue lo que motivó al presidente, aún a pesar de Macri, a invitar a la presidenta del PRO a su gabinete. Y lo que dio origen al protocolo anti-piquetes, celebrado por el gobierno en sus primeras intervenciones. El dilema, de cara al paro general y la marcha de la central obrera agendada para fines de mes, es sostenerlo en el tiempo. El reloj corre a pasos gigantes.