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La Pampa, enviado especial.- El segundo juicio por el caso de Lucio Dupuy se definirá este viernes. Luego de que, fueran condenadas a prisión perpetua las autoras del crimen, Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez, en febrero pasado; ahora están siendo juzgadas la jueza y la asesora de menores que le otorgaron la tenencia del niño a la madre. Pero, al margen de estas causas, existe una tercera investigación: la Justicia de La Pampa evalúa las actuaciones del personal de salud y de educación que trataron con el chico de 5 años desde que quedó al cuidado de su progenitora hasta el asesinato.
Ese expediente se inició a partir de una denuncia radicada el 14 de noviembre pasado por el abogado José Mario Aguerrido, representante legal de la familia Dupuy, con el fin de conocer si existieron falencias en el accionar de alrededor de diez trabajadores de la salud pública y del ámbito educativo. Fuentes del Ministerio Público Fiscal local confirmaron a Infobae que la investigación sigue en curso.
Los registros médicos evidencian que Lucio fue ingresado a distintos centros sanitarios de la ciudad de Santa Rosa, una y otra vez, entre finales de 2020, cuando ya había quedado definitivamente a cargo de su madre y convivía con ella y con Páez; y el 26 de noviembre de 2021 en que fue asesinado.
Es más, solo entre el 15 de diciembre del 2020 y el 23 de marzo del 2021 fue ingresado al menos cinco veces a los hospitales Evita y Molas, y a la posta sanitaria del barrio Río Atuel, donde lo atendieron por una fractura en una mano, traumatismos en varias partes de su cuerpo y un corte en el mentón.

Esta última lesión fue una de las que más llamó la atención de la familia Dupuy, ya que “no existe constancia alguna de la que se haya relevado información de cómo se produjo ese corte en el mentón”, dice la denuncia a la que accedió este medio. En el documento también se cuestiona que, en otra ocasión, el chico no recibió la atención adecuada, ya que no habría usado la férula indicada para sanar una de sus lesiones. En ese sentido, los denunciantes remarcaron: “La falta de atención también resulta una forma de maltrato”.
Frente a estas situaciones, a los familiares les surgió el interrogante: ¿por qué en el sistema de salud se ignoraron las alertas que entregaba la víctima cada vez que era llevado a curarse? Eso es lo que buscan clarificar mediante la denuncia: quieren saber “qué tipo de verificaciones y procedimientos” hicieron quienes atendieron a Lucio “para determinar las circunstancias de sus lesiones y descartar un posible caso de maltrato”, cosa que se comprobó luego, cuando ya era tarde.
El personal del Jardín de Infantes Nucleado (JIN) N°7 al que asistía Lucio tampoco se percató del horror que padecía la víctima. En la denuncia radicada en noviembre pasado se hace mención a dos personas, entre ellas la docente de música que estuvo con el grupo de la salita de 4 un día antes del crimen.
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Al declarar en el juicio que condenó a las autoras del crimen, la maestra indicó que ese jueves 25 de noviembre Lucio le contó que había comido chocolate en la casa de un amigo y que había vomitado sangre, pero que “estaba bien”.
La docente recordó que después les mostró videos en el celular a los niños y realizó un ejercicio de relajación que consistía en tomar aire por nariz y boca, para luego recostarse. Cuando estaba por finalizar, Lucio le comentó que le dolía la espalda, según lo que contó en la sala del Tribunal de Audiencias. Le sugirió, entonces, que se quedara sentado. Recordó que el nene miró al resto de sus compañeros, todos tendidos en el piso y se acostó de costado. “Los saludó con puñitos”, reveló.
Ante este contexto, la parte denunciante entiende: “Existen elementos para investigar la conducta del personal docente en lo relativo al cumplimiento de sus obligaciones como funcionario y teniendo en cuenta las circunstancias particulares del caso, en tanto y en cuanto, pudieron haber apreciado extremos que determinaban adoptar medidas ante la sospecha de maltratos, siendo que objetivamente Lucio presentaba signos de hechos traumáticos evidentemente visibles”.
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De acuerdo a lo que pudo recabar Infobae, en la presentación de Aguerrido también se requirió la investigación de personal policial: se pidió que se analice su actuación ante la alerta de un vecino que había denunciado la existencia de un niño golpeado o maltratado.
Para avanzar en este caso “se dependía de la información a brindar por parte de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA)”, explicaron fuentes judiciales. Justamente, la FIA hizo un relevamiento propio sobre el desempeño del personal bajo observación, consultando a distintos especialistas y a la Sociedad Argentina de Pediatría.
En ese informe, recomendó a los ministerios de Salud y Educación abrir sumarios administrativos a distintos agentes. A su vez, elaboró una serie de recomendaciones dirigidas a las autoridades provinciales a fin de que se tomen medidas especiales en las carteras mencionadas y en la Policía, en busca de prevenir y erradicar el maltrato infantil en la provincia de La Pampa.
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