La Pampa, enviado especial.- Cada vez falta menos para conocer el veredicto del segundo juicio por el caso Lucio Dupuy y entre los vecinos de la ciudad de Santa Rosa se entremezclan el enojo y la indiferencia. Se trata de un escenario muy diferente al de febrero pasado, cuando la capital pampeana se unió y enfiló detrás de un mismo reclamo de justicia, previo al cierre del proceso en el que fueron condenadas a prisión perpetua Magdalena Espósito Valenti y Abigail Páez.
Esta vez, la postura de los lugareños es distinta ante el debate que tiene en el banquillo de los acusados a la jueza Ana Clara Pérez Ballester y a la asesora de menores Elisa Catán, investigadas por presunto mal desempeño en la tramitación de la tutela y el cuidado personal de Lucio. Algunos piden la destitución de las funcionarias, otros apoyan su accionar. Algunos muestran interés, otro dicen que miran el jury de reojo. Y el resto, directamente, ni está al tanto.
Es el caso, por ejemplo, de Valentina y Martín, una joven pareja de no más de 25 años que, mientras caminaba por la Plaza San Martín, en el centro de la ciudad, admitió su desconocimiento. “La verdad que vi algo en las redes, pero no sé nada más”, contó él. “Yo ni sabía (del juicio)”, dijo ella. Lo mismo sucede con Mariela, que atiende un local de ropa sobre la avenida principal: “En su momento apoyamos a la familia de Lucio, pero después no seguí más el tema”. Otros dos jóvenes mozos de un restaurante respondieron en sintonía ante la consulta de Infobae.
“Para mí ya está, las asesinas ya fueron condenadas”, manifestó otra mujer desde la puerta de su vivienda, ubicada a unos metros de la casa donde vivía Lucio, que actualmente está alquilada y cuyo paredón que da a la vereda ya no luce el nombre de la víctima escrito con aerosol negro junto a un corazón: lo taparon con pintura blanca.
La vecina del barrio Río Atuel agregó que poco cambió desde el crimen en la zona. Entre ese “poco” que cambió, la mujer resaltó el funcionamiento de la salita de primeros auxilios a la que Lucio había sido llevado, ya moribundo, a las 21.26 del 26 de noviembre de 2021. Aquella noche, estaba cerrada. No había nadie para recibir al menor, que terminó siendo auxiliado por los habitantes de la cuadra. Ahora, aseguró la mujer, ese centro de salud abre todos los días de 6 de 22, y los feriados a partir de las 8.
Entre las opiniones recabadas por este medio, hubo varias expresiones de malestar dirigidas hacia los organismos públicos. “Mirá, yo no entiendo mucho cómo funciona la cosa, pero ¿cómo puede ser que nadie haya controlado lo que pasaba con el chico? Si en las fotos se lo veía lastimado, pobrecito. Es muy raro, como si a nadie le importó”, criticó un hombre mayor mientras esperaba en una esquina el cambio del semáforo para cruzar la calle. “Por eso pienso que hay más culpables que esas dos enfermas (así tildó a las asesinas)”, acotó.
Para Alejandro, empleado de comercio, “alguien tiene que hacerse cargo, no sé si la jueza o quién, pero tiene que haber responsables y la Justicia tiene que condenarlos”.
“Lo de Lucio fue una cadena de errores”, dijo en línea un remisero, que también hizo mención a otra investigación por el caso, una que está en curso. Esa causa se centra en el accionar del personal de las áreas de salud y de educación que intervino en diversas situaciones que la víctima atravesó antes del crimen, tanto en el ámbito escolar, durante el ciclo lectivo 2021; como en los lugares en los que recibió atención médica entre diciembre del 2020 y marzo del 2021: en ese lapso, fue ingresado a distintos hospitales al menos cinco veces.
Más de diez personas fueron denunciadas a fines del mes pasado por los Dupuy, a través de su abogado Mario Aguerrido. Entre ellos, también hay personal policial. Es que la familia paterna pidió que se analice su actuación ante la alerta de un vecino que había denunciado la existencia de un niño golpeado o maltratado, según deslizó el letrado.
Hasta el momento no surgieron novedades respecto a esta investigación, contó Aguerrido al ser consultado por Infobae. Todo sigue en manos del Ministerio Público Fiscal.
Cabe recordar que, previo a esa denuncia, los Ministerios de Salud y Educación iniciaron sumarios a 11 agentes públicos para investigar eventuales responsabilidades en torno al caso Lucio. Eso sucedió en octubre pasado, a partir de una recomendación de la Fiscalía de Investigaciones Administrativas, que a su vez hizo un relevamiento propio sobre el desempeño del personal bajo observación, consultando a distintos especialistas y a la Sociedad Argentina de Pediatría.