Caso Lucio Dupuy: “verdad” y “justicia”, las últimas palabras de la jueza y la asesora acusadas de mal desempeño antes del veredicto

La Pampa, enviado especial.- Finalizó una nueva audiencia del juicio contra la jueza de La Pampa Ana Clara Pérez Ballester y la asesora de menores Elisa Alejandra Catán por presunto mal desempeño en la tramitación de la tutela y el cuidado personal de Lucio Dupuy. Fue la jornada previa al veredicto, que se conocerá el viernes que viene a las 12, y comenzó con un fuerte careo entre el abuelo de la víctima y la ex abogada de la familia Dupuy. Luego, siguió con los alegatos de cierre. Y, antes de concluir, las acusadas decidieron expresarse. Fue la primera vez que lo hicieron desde que inició el proceso.

Pérez Ballester dijo unas pocas palabras: “Solamente les voy a solicitar que, al momento de resolver, tengan en consideración las circunstancias reales, la verdad de lo que pasó y los elementos que tuvimos en cuenta. Y que resuelvan con justicia”.

Lo de Catán fue más extenso. La asesora adhirió a los dichos de la jueza y expresó: “Espero que el jurado sea justo, no solo por nosotras sino también por Lucio. A mí me interesa en serio y de sobremanera que haya justicia por Lucio y no una cacería de brujas. Porque acusar a cualquiera no es justicia”.

“Esto a mí me afectó muchísimo. Todos tenemos familia y hemos sufrido. Este es un caso atroz que afectó a toda la sociedad. ¡Cómo no me va a afectar! Siempre trabajé con los niños. Esto es una piña tan fuerte que la sociedad no supo para dónde ir y empezaron las acusaciones para todos lados”, reveló.

Y continuó: “Primero uno se lo toma a mal, pero ahora agradezco (el proceso) porque acá se vio la luz, se vieron las pruebas, se vio quién miente, quién trabajó con responsabilidad y quién dijo una cosa, pero después no la hizo. Se pudo traslucir la verdad. Confío, si no hay otro interés que la búsqueda de justicia, que debemos ser absueltas y volver a nuestros trabajos que tanto amamos. Tenemos una profunda vocación para trabajar en familia y cumplimos un rol primordial en la pacificación de la familia”.

Momentos antes, en los alegatos de cierre, el procurador general subrogante Guillermo Sancho, en representación de la acusación, pidió la destitución de ambas funcionarias al considerarlas responsables de los delitos de “incumplimiento reiterado de los deberes inherentes al cargo” y de “incompetencia o negligencia reiterada, demostrada en el ejercicio del cargo”.

La Procuración había cuestionado a las acusadas por cuatro hechos: no haber escuchado la opinión de Lucio, no haber citado ni recabado la opinión del padre y no haberle dado intervención a la autoridad de aplicación administrativa, la Dirección General de Niñez, ante “la posible vulneración de derechos”. Además, a Catán le imputó que consintiera el archivo del expediente, por lo que “de esa manera no se controló la tutela”.

Sin embargo, luego de que se escucharan las declaraciones de 33 testigos y se incorporaran por lectura pruebas documentales y fílmicas a lo largo del proceso, el procurador Sancho decidió no sostener la acusación respecto a la actuación de la jueza en dos de esos puntos:

• Por un lado, dijo que entendió que “no era necesario” escuchar la palabra de Lucio en el expediente por la tutela.
• Y por otra parte, tampoco mantuvo la acusación de la tutela contra Pérez Ballester, aunque sí contra Catán por considerar que “su responsabilidad era controlar”.

Luego, Pablo Rodríguez Salto, abogado particular de Pérez Ballester, pidió la absolución de su defendida. Dijo que al juzgado de la acusada “no llegó ninguna información advirtiendo sobre situaciones de riesgo para Lucio” y resaltó que “no se puede destituir a un funcionario por una cuestión opinable”, sino que debe hacérselo cuando se producen errores reiterados, según lo especifica el artículo 22 de la ley 313.

“Si hubo una cosa sola que se hizo mal, eso no podría llevar a la destitución (...) Acá no se actuó mal, se actuó de acuerdo a lo que se conocía y a lo que se podía hacer en ese contexto. Si las partes no llevaron indicios (al tribunal), no pidan otra solución humanamente posible”, argumentó.

Rodríguez Salto, además, mencionó que “no se quebrantó el derecho del cuidado personal del padre porque no lo estaba ejerciendo”, que la jueza nunca supo de una presunta foto de Lucio en medio de plantas de marihuana y que “a un niño hay que escucharlo cuando puede generar un juicio sobre el tema de que se trata”.

“Debe entender sobre la materia que hay que resolver. En este caso, no hubiera tenido utilidad porque Lucio era muy chiquito para que entendiera de qué se trataba”, consideró el abogado.

Posteriormente, las defensoras Carina Ganuza y Ana Carolina Díaz, en representación de Catán, adhirieron a los dichos y el pedido de absolución de Rodríguez Salto.

En esta causa, Pérez Ballester le entregó la tutela a la tía política del niño, Leticia Hidalgo, el 2 de julio de 2019 debido a que la madre no estaba en condiciones económicas de mantenerlo. Ello ocurrió después de realizarle un estudio socio-ambiental a la familia de Hidalgo, esposa de Maximiliano Dupuy, el hermano del padre de Lucio, Christian Dupuy. La entrega del niño fue de común acuerdo entre las partes.