La ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, anunció este jueves cómo será el protocolo que aplicará el gobierno para impedir los piquetes y/o las manifestaciones con cortes de calle que bloqueen la circulación de los ciudadanos que no sean parte de las protestas.
A tono con la dirección adoptada por el gobierno de Javier Milei, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem (La Libertad Avanza-La Rioja), anunció que se eliminará la pauta publicitaria y revisará los recursos que utilizan los legisladores para sus viajes al exterior, con la intención de reducir el gasto público en el cuerpo legislativo.
Tras los anuncios económicos y en medio de una fuerte expectativa por parte de los integrantes del oficialismo en el Congreso, el Gobierno trabaja en los últimos detalles del paquete de proyectos que pretende presentar y que se encuentra demorado.
Fue una semana a todo vértigo donde aparecieron con nitidez las vigas maestras del plan de Javier Milei: un programa económico ultra ortodoxo basado en un dólar alto, el achique del gasto público, aumentos de tarifas, congelamiento de ingresos y una liberalización de los mercados. Más allá de que la receta no sea extraña para los libros de economía, resulta desconocida para una sociedad acostumbrada a 20 años de gradualismos, controles de precios y subsidios cruzados. La pregunta es, ante la nueva realidad, cómo reaccionó la sociedad.
La intendente del partido de Quilmes, Mayra Mendoza, emitió un comunicado oficial sobre el crimen ocurrido el pasado 14 de diciembre en la zona oeste de la ciudad, en donde anunció que solicitará refuerzos federales al Ministerio de Seguridad de la Nación para poder garantizar la tranquilidad de los ciudadanos. “Que quienes cometan delitos tengan todo el peso de la ley”, sentenció.
Para la Unidad Piquetera, el 20 de diciembre “comienza la lucha contra el ajuste de la motosierra contra el hambre”. La frase surgió del plenario que debate las consignas y la metodología de la marcha del jueves a Plaza de Mayo en protesta por los anuncios que el martes realizó el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, y al protocolo antipiquete que ayer anunció la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Los dirigentes de izquierda, a diferencia del resto de las organizaciones sociales, decidieron hacer el planteo de forma urgente al gobierno de Javier Milei y no esperar. De hecho, ya anunciaron que a la movilización se plegarán otros sectores políticos y sindicales que no forman parte de la Unidad Piquetera. Los dirigentes también resolvieron realizar una presentación judicial como “medida preventiva para evitar la represión que ya está anunciando la ministra Bullrich”.
La reunión de Javier Milei y el heterogéneo conglomerado de gobernadores, convocada para el martes que viene, no fue pensada ni trabajada como una cita para la foto. Más allá de las formalidades, el encuentro es motorizado por la gravedad de la crisis económica y social. Por supuesto, demandó tratativas previas que, de hecho, arrancaron con los saludos formales en la transición. Y todo indica que superaría el tema convocante -el impacto de la menor recaudación de Ganancias en la coparticipación- y será, sin dudas, la primera prueba para el extraño mapa del poder que dejaron las elecciones.
Entre Ríos tendrá que cancelar en febrero un pago de su bono externo y el Gobierno no cuenta con los recursos. Recurrir a un nuevo endeudamiento o reestructurar son las dos opciones que se le plantean al gobernador Rogelio Frigerio.
Entre las distintas reformas económicas y del Estado que busca impulsar el gobierno de Javier Milei, el ministro del Interior, Guillermo Francos, anunció esta semana que promoverá una reforma electoral que incluya el sistema de boleta única. “Es increíble que en 40 años de democracia no hayamos sido capaces de cambiar este sistema donde un elector llega a un cuarto oscuro y se encuentra con 500 boletas de partidos. El sistema de boleta única no solamente termina con este gasto de dinero, sino también con la confusión que muchas veces se genera”, sostuvo Francos el miércoles pasado en un acto que la Cámara Nacional Electoral organizó por los 40 años de democracia. Se refirió así al actual mecanismo de votación que prevé que cada partido financie la impresión de sus boletas con un subsidio que le da el Estado, más fondos que recaude en forma privada, en un operativo de logística y distribución de gran magnitud para que estén en las mesas el día de la votación.
Tras el resultado del balotaje, el peronismo entró en una fase de reacomodamientos donde los intendentes también jugarán su partido. Uno de ellos es la relación que mantendrán con la Casa Rosada y el Gobierno nacional. Hasta el momento no hay puentes ni canales de comunicación definidos. La estrategia es que, en principio, ese vínculo lo centralice el gobernador bonaerense Axel Kicillof.