Este martes por la noche, una mujer de 33 años fue asesinada a puñaladas en el departamento mendocino de Guaymallén y por el femicidio detuvieron a su ex pareja. El sospechoso fue retenido por vecinos cerca de la escena del hecho y luego entregado a la Policía provincial, confirmaron fuentes del caso a Infobae.
El crimen ocurrió alrededor de las 21.30 en el barrio El Carmen del distrito cercano a la capital provincial. La víctima fue identificada por personal de la Comisaría 57° de la Policía mendocina como Vanina Gabriela Videla Cinquemani, que presentaba varias heridas de arma blanca.
En el lugar, la policía entrevistó a la víctima, que todavía se encontraba consciente. Vanina aseguró que había recibido amenazas durante todo ese día y contó que cuando salía de su trabajo y se dirigía a su casa fue abordada por el hombre.
Luego, una ambulancia del Servicio de Emergencias Coordinado arribó al lugar y los médicos constataron que la mujer tenía una puñalada en el tórax. El cuchillo seguía allí, incrustado en el pecho. La hora del fallecimiento de Vanina fue marcada a las 21:58.
El acusado del femicidio, identificado como Esteban Fernando Rodríguez, de 31 años, que había convivido con Vanina de acuerdo a registros consultados, fue apresado por vecinos en las inmediaciones de la escena del crimen y luego entregado a las autoridades.
Interviene en la causa la Oficina Fiscal 9 y el imputado será indagado hoy en las próximas horas.
Un año de femicidios en Argentina
Según el último informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, que dirige la Asociación Civil La Casa del Encuentro, entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2023 se produjeron en Argentina 151 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 2 trans/travesticidios y 14 femicidios vinculados de varones adultos y niños.
En paralelo, 188 hijos e hijas quedaron sin mamá, de los cuales el 56% son menores de edad. El 57 % de los agresores eran parejas o exparejas.
Capítulo aparte merecen los femicidios policiales. Los datos del Centro de Estudios Legales y Sociales registran que entre 2010 y 2022 al menos 55 mujeres fueron asesinadas por efectivos policiales por motivos de género solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La portación del arma reglamentaria las 24 horas, amparada en el “estado policial”, pone en riesgo a las mujeres que conviven con agentes entrenados por el Estado. En los casos en los que existe violencia machista él puede utilizar el arma para hostigar, amenazar, herir o matar.
Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de seguridad democrática y violencia institucional del CELS, precisa responsabilidades: “El Estado tiene la obligación especial de controlar el uso del armamento que provee a sus funcionarios públicos, así como de investigar cabalmente los hechos lesivos o letales que se cometen con esas armas y de prevenir que vuelvan a ocurrir casos similares en el futuro”.
También desde el CELS, Juliana Miranda aporta una ruta para trabajar la violencia machista en y con las fuerzas de seguridad: “Intervenciones en sus carreras de estudio, en la cultura institucional y capacitación continua para transformar patrones de conducta, de actuación, que calan súper hondo en las fuerzas. Reformas profundas y transversales”.
Y añadió que “en cuanto al sistema político, se requieren respuestas institucionales. Específicamente, esta violencia que perpetran las fuerzas de seguridad no se ha abordado en forma eficaz y duradera. Creo que hace falta reforzar las capacidades de control -que tiene que ser de organismos civiles que dependan del Poder Judicial o de los propios ministerios de seguridad- y apuntar a detectar nodos problemáticos y regularidades a través de la producción de información estadística y cualitativa”.
Con información de Télam