Este jueves, un hombre fue condenado a la pena de diez años de prisión en el sur salteño, por el delito de tentativa de homicidio agravado en perjuicio de su ex pareja, por insultarla y agredirla con golpes de puño y con un martillo, provocándole lesiones de consideración en la cabeza.
Desde del Ministerio Público de Salta informaron que la jueza Carolina Poma Salvadores, de la Sala II del Tribunal de Juicio de Metán, condenó a Jorge Lorenzo Avendaño a la pena de diez años de prisión de ejecución efectiva.
Para la magistrada, Avendaño, de 44 años, fue el autor del delito de tentativa de homicidio agravado en perjuicio de una mujer de 42, con la que mantuvo una relación de pareja, por un hecho ocurrido en octubre de 2022 y en el mismo fallo, el hombre fue absuelto de otros delitos por los que llegó acusado.
La denuncia fue realizada por la damnificada en octubre de ese mismo año, cuando relató que mantuvo una relación de pareja de cinco años con el acusado, sin hijos en común, que se encontraban separados hacía ya dos años y que oportunamente había solicitado su exclusión del hogar.
Recordó que el día del hecho, cuando regresó a su domicilio, en la ciudad de Metán, del sur salteño, encontró al acusado en el interior de la vivienda y, luego de insultarla, la agredió con golpes de puño y con un martillo, provocándole serias lesiones en la zona de la cabeza, que pusieron su vida en riesgo.
Según informó Télam, fue la intervención de los vecinos lo que derivó en la llegada de personal policial para la asistencia de la mujer, mientras que el hombre fue detenido en las inmediaciones y posteriormente fue imputado por el fiscal penal 2 de Metán, Gonzalo Gómez Amado.
En tanto, un médico legal constató las lesiones que sufrió la víctima. Gómez Amado quien representó al Ministerio Público Fiscal ante la Sala II del Tribunal de Juicio de ese distrito contra Avendaño.
La jueza dispuso además la extracción de material genético del condenado por parte del Servicio de Biología Molecular del Departamento Técnico del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, para su incorporación en el Banco de Datos Genéticos.
Cabe recordar que el último informe del Observatorio de Femicidios “Adriana Marisel Zambrano”, que dirige la Asociación Civil La Casa del Encuentro, entre el 1ero de enero y el 30 de junio de 2023 se produjeron en Argentina 151 femicidios y vinculados de mujeres y niñas, 2 trans/travesticidios y 14 femicidios vinculados de varones adultos y niños. En paralelo, 188 hijos e hijas quedaron sin mamá, de los cuales el 56% son menores de edad. El 57 % de los agresores eran parejas o exparejas.
Por otra parte, los datos del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) registran que entre 2010 y 2022 al menos 55 mujeres fueron asesinadas por efectivos policiales por motivos de género solo en el Área Metropolitana de Buenos Aires.
La portación del arma reglamentaria las 24 horas, amparada en el “estado policial”, pone en riesgo a las mujeres que conviven con agentes entrenados por el Estado. En los casos en los que existe violencia machista él puede utilizar el arma para hostigar, amenazar, herir o matar.
“El Estado tiene la obligación especial de controlar el uso del armamento que provee a sus funcionarios públicos, así como de investigar cabalmente los hechos lesivos o letales que se cometen con esas armas y de prevenir que vuelvan a ocurrir casos similares en el futuro”, planteó tiempo atrás Victoria Darraidou, coordinadora del equipo de seguridad democrática y violencia institucional del CELS.
A su vez, Juliana Miranda del CELCS consideró que es necesario modificar aspectos vinculados a la formación de las fuerzas de seguridad. De hecho, planteó la necesidad de “intervenciones en sus carreras de estudio, en la cultura institucional y capacitación continua para transformar patrones de conducta, de actuación, que calan súper hondo en las fuerzas. Reformas profundas y transversales”.
Con información de Télam