Una semana después del fallo que resolvió destituir a la jueza penal de Comodoro Rivadavia, Mariel Suárez, por visitar y besar a un preso, se conocieron los fundamentos de la resolución del tribunal de enjuiciamiento. Así, se pudo conocer que la antigua magistrada ya había tenido otros encuentros con el homicida.
Durante la lectura de los argumentos del tribunal que llevó adelante el proceso, revelaron que la mujer había tenido contacto con el mismo detenido en dos oportunidades. Los encuentros habrían tenido lugar en una comisaría de Esquel, previo a ser filmada con el hombre en Puerto Madryn.
Se trata de Cristian Omar “Mai” Bustos, un preso de 41 años que cumple una condena firme a 20 años de prisión en el Instituto Penitenciario Provincial de la Ruta 3 -entre Trelew y Puerto Madryn- por el crimen de su hijastro, un bebé de 9 meses, en 2005, y otra sentencia a prisión perpetua -a cargo de un tribunal que la misma Suárez integró- por matar a un policía y herir a otro en 2009 durante un operativo en el que pretendían detenerlo.
De acuerdo con la información a la que pudo acceder Télam, estas visitas pudieron confirmarse gracias a los testimonios de los testigos, “entre ellos la defensora pública y los familiares del condenado que habían asistido para llevarle elementos de higiene, ropa limpia y comida”, tal como afirma el escrito presentado por el integrante del Superior Tribunal de Justicia, Daniel Báez.
De esta manera, fueron cuatro los encuentros que mantuvo la ex jueza con el preso, puesto que en 2022 se pudo comprobar que la magistrada visitó en otras dos oportunidades al hombre en el Instituto Penitenciario Provincial (IPP). Incluso, en una de las veces fue fuera del horario de visitas.
La polémica se desató luego de que se conocieran las imágenes del último encuentro que mantuvo Suárez con Bustos. Las cámaras de la sala donde se concretaron los encuentros los expusieron: en las imágenes se ve a la magistrada y al preso que se abrazan, se toman fotos y, aparentemente, se besan en la boca, además de compartir un mate y alimentos.
Un oficial del IPP denunció el hecho ante sus superiores y se produjo un escándalo. La situación se complicó una vez que se confirmó que la jueza integró el tribunal que lo enjuició; de hecho, votó en disidencia con sus pares y solicitó que se aplique una pena menor, tan solo de 8 años por el caso de muerte del policía.
Además, en su segunda visita, -a la que accedió exhibiendo su credencial de jueza- Suárez y el interno, conociendo la disposición de las cámaras, se sentaron uno al lado del otro en el piso, en un punto ciego donde no podían ser captados. La jueza dijo que había sido para enchufar su celular y su computadora.
En un primer momento, Suárez negó las acusaciones y aseguró que no sólo que no besó al detenido, sino que simplemente lo visitó para entrevistarlo en calidad de “investigadora” por su interés en escribir un libro con su historia de vida, con especial hincapié en el asesinato del policía.
De esta manera, se le inició un jury por mal desempeño. Pese a que Suárez consideró como “ilegal” el video exhibido durante el proceso, el tribunal de enjuiciamiento alegó que “los testigos han sido muy contundentes en estas cuestiones, hay material probatorio en abundancia”, por lo que decidió proceder con su destitución.
“La relación íntima entre un juez y un detenido puede dar lugar a conflictos de interés y prejuicios en los procedimientos legales relacionados con ese condenado, que socava también la imparcialidad y la integridad en el sistema judicial”, sostuvo Báez en la lectura de los fundamentos.
En ese sentido, el fallo concluye: “Debemos dejar ir a la Dra. Suárez pero sin el honorable cargo de Juez, para que realice sus trabajos académicos, que encare investigaciones literarias o entable relaciones con personas privadas de libertad”.