Al cumplirse dos años de la muerte de Alejandro Nicolás Martínez, el turista que fue hallado sin vida mientras se encontraba detenido en una comisaría de la localidad balnearia de San Clemente del Tuyú, la familia pidió a la Justicia que defina la fecha para el inicio del juicio contra los 9 policías de la Bonaerense acusados de asesinato.
La expareja de Martínez y madre de un hijo suyo, Laura Laganá, indicó que “ya van dos años del crimen y uno desde que la causa fue elevada a juicio”, por lo que exigió a la Justicia que “no siga pasando el tiempo” sin que se fije una fecha para el inicio del debate oral.
El hecho ocurrió el 18 de noviembre de 2021, cuando la Policía arrestó al hombre de 35 años en el Gran Hotel Fontainebleau de San Clemente del Tuyú. Es que, pasada la medianoche, los empleados del lugar pidieron ayuda porque el huésped estaba provocando daños. Tras esposarlo y subirlo a un patrullero, quedó detenido en la Comisaría 3ª de esa localidad del partido de La Costa. Allí apareció muerto tiempo después.
Desde el primer momento, la familia denunció que se había tratado de un asesinato, algo que terminó de confirmar la autopsia, que resolvió que el causal de muerte fue “asfixia mecánica”. Incluso, los especialistas precisaron que el cuerpo presentaba lesiones que no habían sido notificadas en el análisis inicial.
Un año después, el juez de Garantías N°4 de Mar del Tuyú, Diego Olivera Zapiola, elevó la causa a juicio luego de hacer lugar al pedido realizado por el fiscal Martín Prieto, titular de la UFI N°2 descentralizada del partido de La Costa. Los imputados son nueve: cinco hombres y cuatro mujeres, todos ellos miembros de la Policía Bonaerense.
En esa oportunidad, el magistrado Olivera Zapiola dispuso, a través de un fallo de 317 páginas, que José Pereyra (35), Christian Rohr (31) y Maximiliano Munche (48) sean juzgados como coautores del delito de “homicidio triplemente agravado por alevosía, ensañamiento, por el concurso premeditado de más de dos personas y por haber sido cometido por miembros de una fuerza de seguridad abusando de sus funciones”.
A su vez, consideró acreditado que Laura Chiarullo (36), Evelyn Garófalo (28), Jaqueline Mansilla (30), Carla Cantarella (30), Sandro Mujica (35) y Miguel Boulos (54) intervinieron en calidad de “partícipes secundarios”, y también deben enfrentar un debate oral.
Olivera Zapiola rechazó los pedidos de nulidad de elevación a juicio y de sobreseimiento de los nueve planteados por las defensas. También entendió: “Cabe hacer notar que los elementos indiciarios respecto de la autoría y participación atribuidas resultan suficientes como para justificar la impostergable necesidad de producir el amplio debate del juicio”.
Según la investigación, un empleado del lugar contó por ese entonces que Martínez “estaba asustado, en su cabeza pensaba que había alguien en la habitación que quería hacerle algo”. Luego de eso, fue aprehendido y trasladado a un calabozo de la Comisaría 3ª. El fiscal consideró acreditado en la instrucción que los nueve acusados “planificaron dar muerte” a la víctima, “asignándose y cumpliendo cada uno de ellos un rol determinado”.
Así, Prieto describió que los policías Pereyra, Rohr y Munche “ejercieron una extrema violencia física” sobre Martínez en el interior de la comisaría, “propinando golpes de puño, y aplastando múltiples partes del cuerpo mediante diversas maniobras durante un lapso temporal de unos aproximados 10 minutos”.
Los otros imputados, en tanto, “brindaron la cobertura necesaria para que” los otros tres “no corrieran ningún tipo de riesgo”, y para “asegurar el resultado de lo planificado, omitiendo dolosamente y abusando de los deberes a su cargo proporcionaron el ambiente y circunstancias necesarias a fin de obtener el resultado planificado, dar muerte a Martínez”.
Por pedido de los acusados, el juicio será por jurados, conducido por el juez Eduardo Campos Campos, del Tribunal Oral Criminal (TOC) 2 de Dolores, con intervención del fiscal Diego Bensi. Sin embargo, aún no hay fecha de inicio. Mientras tanto, los tres principales acusados cumplen prisión preventiva en la Unidad Penal 44 de Batán.
Con información de Télam.
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