Acusaron a la segunda línea de Los Monos de 5 crímenes y varios atentados, extorsiones e intimidaciones

Cristian Nicolás “Pupito” Avalle, presunta segunda línea de la banda narco Los Monos y que está preso en el penal de Ezeiza, fue acusado este lunes de haber liderado una estructura polirrubro integrada por otras 26 personas que está sospechada de haber cometido cinco asesinatos, siete tentativas de homicidio, atentados contra sindicatos, una escuela y un multimedio, extorsiones a un boliche y a un empresario de transporte que tiene una causa por lavado de activos. Todos los ataques ocurrieron en los últimos dos años en el departamento Rosario y, en algunos casos, se detectó que las balaceras a gremios tuvo por objetivo intimidarlos para que les cedan negocios de viandas para afiliados o de transporte.

La audiencia en el Centro de Justicia Penal comenzó a las 10 y se extendió hasta la tarde. Sin embargo, por la cantidad de imputados, la participación de nueve fiscales –Valeria Haurigot y Franco Carbone de la unidad de Balaceras; Patricio Saldutti, Adrián Spelta, Gisela Paolicelli, Ademar Bianchini, Alejandro Ferlazzo, Gastón Ávila de Homicidios; y Viviana O’Connell de Investigación y Juicio–, una gran cantidad de defensores particulares y público, se prevé que la acusación continúe hasta el jueves en jornadas de doble turno.

Para dimensionar el volumen de delitos perpetrados por la presunta organización, los fiscales repasaron ante el juez Nicolás Foppiani parte de los 47 hechos que atribuirán a lo largo de las audiencias. Un cuarto de esa cifra son, nada más y nada menos, que balaceras. Algunos de esos ataques, de acuerdo a los indicios ventilados, fueron perpetrados en un contexto de extorsiones.

A la hora de explicar el funcionamiento de la presunta estructura, los fiscales ponderaron que el jefe máximo es “Pupito” Avalle, quien digita la mayoría de los delitos a través de celulares o del teléfono fijo del pabellón de Ezeiza, donde está detenido. Debajo de él se ubican Héctor Daniel Noguera, alias “Gordo Dani”, y Carlos Alberto Olguín, que lideran sus propias células, consideradas “ramificaciones” de la banda de Avalle.

En el inicio de la acusación, la jefa de la unidad fiscal de Balaceras Valeria Haurigot explicó que la investigación comenzó en marzo de 2021 por una extorsión realizada por la presunta banda de Avalle contra el local “Burguer House” de Villa Gobernador Gálvez, ciudad vecina a Rosario. El dueño de ese negocio, producto de las intimidaciones, empezó a pagar los 21 de cada mes la suma de 200 mil pesos, hasta el 21 de mayo pasado. Esa fecha fue bisagra, porque Olguín intentó mejicanearle la mensualidad a su jefe “Pupito”.

Según explicaron los fiscales O’Connell y Spelta, Olguín mandó a su gente a decirle al comerciante que desde mayo, los 200 mil pesos se los debía abonar a su presunta banda y ya no a la pareja de Avalle, quien iba todos los meses a retirar la plata. Como el titular de “Burguer House” se negó a pagar más dinero en extorsiones o a cambiar de destinatario (al desconocer al nuevo), Olguín planificó una balacera contra el local, que fue cometida desde una camioneta blanca. Algunos de esos disparos dieron en la cabeza y mataron a Hugo Villán, uno de los cadetes de la hamburguesería que había ido a retirar un pedido para trasladarlo a un domicilio.

Entre los homicidios atribuidos a la presunta organización está también el de Ariel “Nico” Leguizamón, un joven al que confundieron con su primo, a quien habían intentado matar sin éxito (lo habían herido en su pierna izquierda) por salir con la pareja de Olguín. Cuando fueron a buscarlo de nuevo para asesinarlo directamente atacaron a Ariel, que también tenía un yeso en la pierna izquierda producto de un siniestro vial y que vivía en el mismo pasillo que su familiar.

En las horas que duró la audiencia de este lunes también atribuyeron múltiples extorsiones y ataques a tiros a distintos miembros de la presunta estructura delictiva. Se presume que este martes continuará con la explicación de cómo intimidaron al Sindicato de la Carne, Camioneros y UOCRA con la idea de obligarlos a cederles la distribución de viandas y de transporte hacia los destinos turísticos que tenían para los afiliados.