Un hombre fue condenado en Salta a la pena de 13 años y medio de prisión, este lunes, tras ser acusado del delito de abuso sexual con acceso carnal agravado en perjuicio de su hijastra de 15 años, quien logró avisarle a la preceptora del colegio al que asistía la situación que estaba viviendo desde hacía dos años, lo que derivó en la denuncia de la madre de la víctima.
Fuentes del Ministerio Público de Salta informaron que la fiscal Penal de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual 3, Luján Sodero Calvet, fue quien llevó adelante la investigación y luego representó a la acusación durante el juicio, en el que un hombre fue condenado a trece años y seis meses de prisión de cumplimiento efectivo.
Y durante su alegato, la fiscal consideró que las pruebas reunidas durante la investigación demostraban la responsabilidad del hombre en el delito de abuso sexual con acceso carnal agravado por la guarda y la convivencia con un menor de 18 años.
Cabe remarcar que la intervención de la Unidad de Delitos contra la Integridad Sexual comenzó en mayo de 2022, luego de que una mujer denunciara a su pareja y padre de sus hijos de 5 y 13 años.
Allí, según informó Télam, la denunciante expresó que había sido convocada por el director del colegio de su hija de 15 años, quien le manifestó que la menor de edad le había revelado a su preceptora que su padrastro la golpeaba y abusaba sexualmente de ella desde los 13 años.
Y en el Circuito Cerrado de Televisión, la adolescente confirmó lo denunciado y brindó detalles de los abusos a los que era sometida, mientras que los informes médicos corroboraron que la menor de edad presentaba múltiples lesiones compatibles con golpes y abuso sexual.
Tras ser hallado culpable, el tribunal dispuso que se le realice al condenado un examen genético de ADN para su incorporación al Banco de Datos de condenados vinculados a delitos contra las personas y contra la integridad sexual.
Un poco más de una semana atrás, y en otro hecho de violencia y abuso intrafamiliar, un hombre fue condenado el martes a una pena de 18 años de prisión por el tribunal de Villa Mercedes, ubicada aproximadamente a 100 kilómetros de la capital de San Luis, acusado de abusar sexualmente de su hijastra y de su hija biológica.
El veredicto fue emitido por el tribunal compuesto por Virna Eguinoa, Sebastián Cadelago Filippi y Mauro Germán D’Agata Henriquez.
El hombre enfrentaba acusaciones por delitos relacionados con la integridad sexual en perjuicio de dos víctimas y cumplirá su condena en las instalaciones del Servicio Penitenciario Provincial.
La denuncia contra el acusado se realizó el 27 de diciembre de 2022, y la imputación se llevó a cabo este año. La fiscalía de instrucción solicitó una pena de 30 años de prisión, el fiscal de juicio, Ernesto Lutens, pidió 19 años, mientras que la defensa solicitó 10 años.
Finalmente, el tribunal determinó la calificación legal del caso y declaró al acusado como penalmente responsable de los delitos de abuso sexual simple agravado por ser cometido por un ascendiente en perjuicio de una menor de edad, aprovechando la situación de convivencia preexistente, en relación a una de las víctimas.
Y también se le acusó de abuso sexual con acceso carnal agravado por ser cometido por un ascendiente en perjuicio de una menor de edad, con aprovechamiento de la situación de convivencia preexistente en concurso ideal con corrupción de menores agravada, en el caso de la otra víctima.
Durante el juicio, y según informó la agencia de noticias, el fiscal consideró como atenuantes la falta de antecedentes del acusado y como agravantes la prolongación en el tiempo, la cronicidad, la pluralidad de las víctimas, la mayor vulnerabilidad, la gravedad y perversión de los actos cometidos.
La Defensora de Niñez y Adolescencia también tuvo en cuenta la falta de antecedentes como atenuante y consideró como agravantes la extrema vulnerabilidad, el riesgo para la integridad física, la extensión del daño, la conducta, el medio empleado y el impacto psíquico de las víctimas al solicitar una pena de 19 años de prisión efectiva.
La defensa del acusado, por su parte, solicitó una pena de 10 años, teniendo en cuenta factores como los atenuantes, la edad, el nivel de educación y la posibilidad de reinserción.
Antes de dictar el veredicto, el tribunal recibió los alegatos y consideró como pruebas fundamentales los testimonios de las víctimas obtenidos a través de la Cámara Gesell, así como el informe de la psicóloga que las entrevistó.
Con información de Télam
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