Alerta por una nueva estafa virtual: se hacen pasar por la Policía Federal para robar datos personales

Una nueva maniobra de estafa virtual fue detectada en los últimos días. En esta oportunidad, los ciberdelicuentes utilizan correos electrónicos falsos de la Policía Federal Argentina, con asuntos como “Denuncias de Delitos Federales” que simulan contener una “citación policial electrónica”. Sin embargo, los mails provienen de diversas cuentas fraudulentas que solamente tienen la intención de robar contraseñas y apropiarse de la identidad de los usuarios.

La técnica empleada por los estafadores es sutil pero peligrosa. Fue captada por el Centro de Operaciones de Seguridad (SOC), dependiente de la División de Seguridad Informática de la PFA y consiste en la técnica de “phishing”, la cual es utilizada para “pescar” a las víctimas y obtener datos personales valiosos.

Según detallaron fuentes policiales a Infobae, estos correos intimidan a los destinatarios al incluir supuestas citaciones judiciales y enlaces que apuntan a proporcionar más información. Sin embargo, los links no son lo que aparentan, ya que en realidad conducen a la descarga de un archivo malicioso que, si se ejecuta, puede comprometer de inmediato la seguridad del equipo informático de la persona que se busca perjudicar.

El objetivo final de esta maniobra es infectar múltiples dispositivos informáticos con un malware, un programa dañino, del tipo “troyano”, lo que permite a los ciberdelincuentes robar datos confidenciales como contraseñas, números de tarjetas de crédito y nombres de usuario.

En respuesta a esta situación, Matías Grondona, de la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelincuencia del Ministerio Público Fiscal, junto a la División Delitos Tecnológicos, dispuso la judicialización del caso.

Por su parte, la PFA emitió una serie de recomendaciones para prevenir nuevos delitos virtuales: aconseja no abrir ningún correo con el asunto “Citación” y desconfiar de los correos enviados por cuentas que no contengan el dominio @policiafederal.gov.ar, ya que ninguna dependencia de la institución realiza notificaciones a través de medios digitales.

Además, se solicita que, en caso de abrir un correo electrónico de este tipo, “bajo ninguna circunstancia” se ejecute el enlace adjunto ni se descargue ningún archivo adjunto, debido a que esto podría comprometer el dispositivo electrónico con archivos corruptos como malwares, poniendo en riesgo los datos sensibles de la persona y convirtiéndola en una potencial víctima de esta maniobra delictiva.

Otra estafa virtual fue detectada a mediados del mes pasado. En el marco de diez allanamientos realizados en distintos lugares del país, la Justicia y la Policía Federal Argentina (PFA) desarticularon una banda de estafadores que utilizaba un método sofisticado: los delincuentes ofrecían certificados de antecedentes penales haciéndose pasar por el organismo del Estado que los expide, el Registro Nacional de Reincidencia. Lo hacían a través de un sitio web de características similares al oficial. Así, habían recaudado $45 millones en el último año.

Los operativos tuvieron lugar en cinco provincias y fueron ordenados por el juez Marcelo Martínez De Giorgi, del Juzgado Criminal en lo Correccional Federal N°8, con la intervención de la secretaría N°16 de la doctora Mariana Simian.

Los acusados manejaban una página diseñada con imágenes y colores idénticos a las de la web del organismo. El sitio aparecía como primer resultado ante cada búsqueda en internet. Los administradores pagaban por ese mejor posicionamiento y, de ese modo, aumentaban sus chances para captar a quienes intentaban obtener certificados.

Las víctimas comenzaban a caer en la trampa cuando hacían el primer contacto vía online. La mecánica del sitio era redirigir al solicitante de certificados a diversos abonados celulares: la comunicación formal continuaba por WhatsApp. Allí, los estafadores les pedían fotografías de los documentos de identidad y los inducían a pagar por el supuesto servicio. Para ello, les ponían a disposición distintas formas de abonar el dinero. Una vez cancelado el arancel, las comunicaciones se cortaban abruptamente.

Los agentes federales estudiaron los movimientos de la organización criminal y descubrieron la metodología que usaban por medio del entrecruzamiento de información digital y financiera, del análisis de impactos de antenas y de escuchas telefónicas, además de otras tareas de campo y seguimientos.

Con todas las pruebas recolectadas, el Juzgado dispuso la decena de allanamientos y 17 órdenes de presentación en domicilios de la Ciudad de Buenos Aires, Mar del Plata, San Vicente y Florencio Varela. También en Ushuaia, Rosario, Río Cuarto y Mendoza.

Los procedimientos se hicieron tras una investigación de los detectives del Departamento Delitos Fiscales de la PFA, bajo directivas de la Fiscalía en lo Criminal y Correccional Federal N°11 que conduce Gerardo Pollicita y ante la secretaría a cargo de Ezequiel Taverna.