La llamada al 911 ingresó a las 9.35 y alertaba a las autoridades sobre una emergencia en la zona Norte del Conurbano bonaerense. Del otro lado del teléfono, hombre señalaba una dirección en la localidad de Munro, partido de Vicente López, y le advertía al operador que lo atendió: “Acá es un establecimiento escolar. En este momento hay una bomba en el lugar”.
La comunicación, que ocurrió el 23 de agosto pasado, duró 28 segundos y alteró la dinámica habitual de la escuela, que tuvo que ser desalojada como parte del protocolo para este tipo de casos. En ese momento había alrededor de 920 alumnos en el edificio, más otras 150 personas que se encontraban trabajando en el lugar.
Del operativo para desalojar el colegio participaron agentes del Cuerpo de Patrulla Municipal, Defensa Civil y Tránsito, quienes coordinaron la evacuación hasta la llegada de la Brigada de Explosivos.
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Poco después, cuando el personal especializado revisó el edificio, se constató que todo se había tratado de una falsa denuncia. Ante esta situación, desde la secretaría de Seguridad del municipio de Vicente López elevaron el caso a la Justicia. “Más allá de las costas que genera este tipo de operativos y el uso del personal abocado a las diferentes funciones, no fue un caso menor”, consideraron. Así, intervino en la causa la Unidad Fiscal Especializada en Investigaciones de Ciberdelito (UFEIC) del Departamento Judicial San Isidro, a cargo de Alejandro Musso.
La investigación que llevó a cabo el equipo fiscal conducido por Musso descubrió que la comunicación al 911 se había efectuado desde un teléfono celular que no tenía puesta una tarjeta SIM (chip), lo cual no impide que se realicen llamadas de emergencia. Con el fin de identificar el número de IMEI del teléfono desde el que se hizo la amenaza de bomba, entonces se procedió a analizar todos los llamados que se realizaron en esa condición durante la mañana del miércoles.
El único que, por el horario y por su duración, encuadraba dentro de la llamada en cuestión impactó en el área de cobertura de una antena del barrio porteño de Palermo.
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A partir del número de IMEI, luego se obtuvieron dos números de abonados relacionados a un sospechoso identificado como P.P., de 37 años, actualmente desocupado. Un informe de las tres empresas que prestan el servicio de telefonía móvil reforzó la investigación y la direccionó hacia la misma persona. Su situación se comprometió aún más cuando se detectó que uno de esos abonados estuvo vinculado con una cuenta bancaria virtual que también figuraba a su nombre.
De esta manera,los investigadores analizaron los movimientos del abonado en un periodo de 25 días -desde el 1 de agosto hasta el viernes pasado- y advirtieron que la mayoría de sus impactos fueron en una antena ubicada en la calle El Salvador al 4500, la misma que se activó el día de la falsa denuncia y que se localiza a pocos metros del domicilio de P.P., sobre la Avenida Scalabrini Ortiz. Todo cerraba para la fiscalía y, en consecuencia, se dispuso el allanamiento al lugar.
Agentes de la Superintendencia de Investigaciones de la Policía Bonaerense junto con efectivos de la División Antiterrorismo de la Policía de la Ciudad realizaron el procedimiento. P.P. fue detenido allí mismo. Quedó imputado por el delito de intimidación púbica, que castiga con una pena de 2 a 6 años de cárcel al que, “para infundir un temor público o suscitar tumultos o desórdenes, hiciere señales, diere voces de alarma, amenazare con la comisión de un delito de peligro común, o empleare otros medios materiales normalmente idóneos para producir tales efectos”.
Según supo Infobae, estaba previsto que el acusado sea indagado este miércoles, pero la defensa pidió una postergación y la audiencia se atrasó para este jueves
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