La Justicia convocó a Charlotte Caniggia a declarar en calidad de testigo en la causa por el crimen de Fernando Pérez Algaba, el comerciante hallado descuartizado dentro de una valija arrojada a un arroyo de Ingeniero Budge. La mediática fue citada para el próximo lunes.
La citación, que adelantó la agencia Télam, se produjo a raíz de un pedido abogados de los abogados de la familia de la víctima luego de que uno de los imputados mencionara que la hija del exfutbolista Claudio Paul Caniggia y Mariana Nannis le había prestado a Pérez Algaba un departamento para que realizara operaciones bursátiles. Fue el comisario de la Policía de la Ciudad Horacio Córdoba —que está acusado de asistir al principal sospechoso del violento crimen y que, tras ello, fue separado de la fuerza— quien la vinculó con el trader de criptomonedas apodado “Lechuga”.
Frente al fiscal de la causa, Marcelo Domínguez, Córdoba indicó que conocía a Pérez Algaba hace dos años y que en su momento le había entregado 3.000 dólares para una inversión en criptomonedas, ante lo cual Lechuga se comprometió a devolverle un interés mensual, algo que nunca ocurrió. En su relato, el acusado sostuvo que el comerciante lo había citado en una oficina de Puerto Madero, “muy ostentosa, donde había muchas computadoras, con chicos haciendo traiding”, que según dichos de la propia víctima “se la había prestado Charlotte Caniggia”.
Luego de esta declaración, los abogados Sebastián Queijeiro y Javier Baños, representantes de los Pérez Algaba, solicitaron que se llame a prestar declaración testimonial a la mediática básicamente con tres objetivos: “Para que manifieste si conocía a Fernando Pérez Algaba, qué relación la unía y aporte toda la información necesaria respecto del departamento que facilitaba para las operaciones comerciales de la víctima”.
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Los letrados consideran que Caniggia podría aportar datos valiosos a la causa “como propietaria o al menos facilitadora de un departamento para que Fernando llevara a cabo operaciones (no muy transparentes)”, según se desprende del requerimiento al cual accedió Infobae.
Para los abogados, en ese lugar “podrían obtenerse no solo elementos de interés para descubrir la verdad de lo sucedido, sino también los verdaderos móviles que llevaron a su autoría y posibles partícipes que gozan de impunidad”.
En la misma presentación, además, pidieron que la Policía de la Ciudad, a través de Ministerio de Justicia y Seguridad porteño, “haga entrega de todos los elementos que eran utilizados por el comisario Córdoba, se proceda a su secuestro y se los someta a peritajes”.
El comisario se desempeñaba como titular del área de Sistemas Informáticos de la Subsecretaría de Tecnología de esa cartera de la Ciudad. Para Baños y Queijeiro, usó todos los recursos del organismo “para planificar y cometer el homicidio, como así también para lograr su impunidad”.
“La experiencia del comisario Córdoba en la prevención y represión de delitos y la disposición de recursos otorgados por el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para el cumplimiento de sus deberes; la comprobación de la utilización del teléfono celular propiedad de la policía de la Ciudad, son indicios suficientes de creer que en aquellos elementos devueltos a la policía pueda haber información relevante para el caso”, argumentaron.
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De acuerdo a la investigación, el comisario le facilitó a Maximiliano Pilepich –el principal sospechoso del crimen-, el teléfono a nombre del Ministerio de Justicia y Seguridad porteño que utilizó para comunicarse con sus cómplices, horas antes del homicidio y en los días posteriores.
Los investigadores notaron que Pilepich realizó, en ese lapso, varios movimientos, supuestamente para despistar: apagó y prendió los dispositivos en diferentes momentos y lugares. Además, un informe de la DDI de Lomas de Zamora señaló que el comisario se habría encontrado con él en la madrugada del 19 de julio pasado, es decir, horas después de que Pérez Algaba fuera visto con vida por última vez.
Esa reunión fue en las inmediaciones del emprendimiento inmobiliario “Renacer” de la localidad de General Rodríguez, un lugar clave en la investigación, ya que es a donde se había dirigido Pérez Algaba para reunirse con Pilepich con motivo de saldar una deuda económica. En esa zona, aquella madrugada se registró un impacto de antena del celular de Córdoba.
En este marco, Domínguez le imputó a Córdoba el delito de homicidio cuádruplemente agravado por el empleo de arma de fuego, por concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía, placer y codicia, la misma calificación que a Pilepich.
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