La Fiscalía y la querella representada por la familia de Emilia Uscamayta Curí, la joven que murió ahogada en una fiesta clandestina en La Plata, pidieron las penas de 14 años en prisión para tres de los empresarios acusados como presuntos responsables del crimen, mientras que para el dueño de la propiedad en la que ocurrió el hecho solicitaron una sentencia de entre 8 y 10 años por no contar con antecedentes.
El hecho ocurrió el 1 de enero de 2016, cuando la joven perdió la vida tras ahogarse en la pileta de una casaquinta ubicada en la calle 520, entre 159 y 160, en Melchor Romero, en donde se celebró un encuentro social que fue promocionado en las redes sociales bajo el nombre “La Frontera, el límite lo pones vos”. Luego de que una de las asistentes a la fiesta intentara reanimar a la víctima, esta habría sido abandonada en un hospital de la zona, en donde constataron su fallecimiento.
Este martes, se llevó a cabo la audiencia de alegatos frente al Tribunal Oral Criminal (TOC) N°3 de La Plata, en donde la fiscal a cargo del caso, Silvia Langone, acusó a Santiago Piedrabuena, Raúl “Peque” García y Gastón Haramboure de supuestamente haber incurrido en los delitos de homicidio simple con dolo eventual. En el caso de Carlos Bellone, identificado como el propietario del inmueble, recaería sorbe él la misma carátula, pero con el beneficio de ser condenado a menos años ante la falta de antecedentes penales.
Además, la representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) planteó que, en el caso de que el tribunal considere que se trató de un homicidio de tipo culposo, recaiga sobre Piedrabuena, García y Haramboure una pena de 5 años de prisión; y tres para Bellone. Previo a que se conozca la sentencia, la defensa de los acusados presentarán sus argumentos durante una sesión que se realizará el próximo jueves 24 de agosto a las 10 de la mañana.
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En representación de la familia de la víctima, el abogado Adrián Rodríguez Antinao afirmó que “se trató de un homicidio simple con dolo eventual también y pedimos la pena de 14 años para Haramboure, García y Piedrabuena y 10 años de prisión para Bellone, que era el dueño de la casaquinta donde se celebró la fiesta” al explicar que “no fue un accidente, fue un hecho de corrupción empresarial”.
De acuerdo con las declaraciones que recopiló Télam, el querellante destacó la falta de instrucción en primeros auxilios que tenían los patovicas contratados al mencionar que “esta gente que fue a la fiesta no tenía la más elemental formación, sino le hubieran salvado la vida a Emilia, si hubieran hecho las cosas medianamente bien, pero aquí todo era ilegal”.
Bajo esta misma línea, Rodríguez Antinao señaló que “esto tiene que ver con la modalidad de la noche, donde los chicos se pelean dentro de un boliche y los sacan afuera, y la lista sigue, porque el show debe continuar”, para después argumentar que “acá fue igual, fue un ‘sáquenla, sino la gente se va’”.
Para demostrar su argumento, el abogado citó el testimonio de la joven que intentó practicarle maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP): “La sacaron abruptamente, le dieron una botella de champagne para que se fuera, le dijeron que estaba todo bien”, y agregó: “La chica dijo que no quería ningún champagne, se fue y se enteró al otro día lo de la muerte de Emilia”.
“Había un total desprecio por los concurrentes”, acusó el letrado al apuntar que “el hermano de uno de los organizadores llevó en un taxi a Emilia y la dejó abandonada en el hospital”. De la misma manera, afirmó que este desprecio quedaba ejemplificado en el diseño de la fiesta, ya que “incluía una zona vip de la pileta que era el único lugar para sentarse”, y que “no había guardavidas ni ambulancia” en este espacio.
Por otro lado, la querella se respaldó en el historial penal de los tres empresarios al mencionar que Haramboure fue condenado por entregar armas de fuego a un grupo de personas que asesinó a un joven en las afueras de un boliche; García poseía antecedentes relacionados a la trata de personas y delitos de connotación sexual; y Piedrabuena fue sentenciado a 4 años y medio de cárcel por violencia de género y portación de arma.
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