Alojados en distintos módulos de la Alcaidía III de Melchor Romero para evitar agresiones hacia los que decidieron declarar ante el fiscal que investiga el crimen de Fernando “Lechuga” Pérez Algaba (41), así pasarán sus próximos días siete de los nueve implicados en la causa del comerciante descuartizado que fue hallado en el Arroyo Del Rey de Ingeniero Budge. La medida se tomó luego de que el juez de Garantías de Lomas de Zamora rechazara las excarcelaciones de la mayoría de los detenidos. También decidió dejar en libertad a la mujer que escondió a uno de los principales implicados en el asesinato.
Fue el juez de Garantías N°4, Sebastián Monelos, quien en las últimas horas decidió no hacer lugar al pedido de excarcelación de los imputados Maximiliano Ezequiel Pilepich, Nahuel Sebastián Vargas, Luis Alberto Contrera, Flavia Lorena Bomrad, Fernando Gastón Carrizo, Matías Ezequiel Gil y Horacio Mariano Córdoba.
En tanto, el juez Monelos le concedió la libertad a Gladys Cristaldo, quien fuera acusada del “encubrimiento agravado por tratarse el hecho anterior de un delito especialmente grave” luego de ser detenida en la misma vivienda donde se ocultó Pilelich, uno de los principales sospechosos de asesinar a “Lechuga”.
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A los siete que quedaron detenidos, en tanto, el magistrado los imputó como coautores del delito de “homicidio triplemente agravado por ser cometido con alevosía, por codicia y por ser cometido por el concurso premeditado de varias personas, ello con el uso de arma de fuego en con curso real con falso testimonio”. Mientras que a Pilepich, Vargas, Contrera y Bomrad se les añadió el “falso testimonio”.
En sus argumentos, según la agencia de noticias Télam, Monelos indicó que los imputados “tratarán de eludir la acción de la justicia o entorpecer la investigación”, basándose en el “´modus operandi´ llevado a cabo, la desaparición y/o ocultamiento de medios de prueba”, “la peligrosidad y despliegue de medios demostrada por los mismos en la comisión de los hechos”. Eso, sumado al falso testimonio, para el juez significó “un claro indicio de entorpecimiento probatorio”.
Lo cierto es que desde este martes, los siete imputados que siguen detenidos duermen en la Alcaldía III de Melchor Romero, correspondiente al Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Se trata de la misma unidad penal en la que se encuentran alojados los ocho rugbiers condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa.
Mientras, se espera que el fiscal Marcelo Domínguez, a cargo de la UFI N°5 de Lomas de Zamora, se expida con relación al pedido de la familia de Pérez Algaba para que cite a declarar a la mediática Charlotte Caniggia (30), luego de que el imputado Córdoba la nombrara en su indagatoria. También se aguardan los resultados de las pericias realizadas a la camioneta Mercedes Benz G500 que fue utilizada por Pilepich el día del crimen y la madrugada posterior.
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Según la teoría fiscal, el crimen del empresario Pérez Algaba fue cometido por una deuda de 50.000 dólares y 17 terrenos que el imputado Pilepich debía entregarle a la víctima, quien, con el fin de cobrarla, fue la tarde del 18 de julio pasado hasta el predio “Renacer” de General Rodríguez a encontrarse con él.
Camino a ese campo, donde se cree pudo ser capturado y asesinado, “Lechuga” reconoció en un mensaje de audio que temía por su vida ante la posibilidad de ser baleado, según las pruebas aludidas por el fiscal.
El fiscal consideró que, más allá de sus negocios en común, entre Pilepich y Pérez Algaba existía “una relación de amores y odio, en la que se advierte y se puede afirmar la existencia de discusiones, peleas y amenazas que se efectuaban entre ambos”.
Pérez Algaba fue visto por última vez la tarde del 18 de julio cuando a bordo de una camioneta Range Rover blanca que le había prestado Pilepich se dirigió junto a Vargas al predio “Renacer” a cobrar esa deuda.
La desaparición del “Lechuga” fue denunciada al día siguiente por la dueña de un departamento que la víctima había alquilado de manera temporal en el partido de Ituzaingó, quien, al no tener noticias suyas, se presentó en una comisaría para radicar un pedido de averiguación de paradero.
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