El video del nuevo intento de robo al jubilado que mató a un ladrón en Quilmes

Jorge Ríos, el jubilado que mató a uno de los cinco ladrones que lo asaltaron en su casa en Quilmes en julio de 2020 y fue sobreseído por la Justicia, volvió a ser víctima de la inseguridad. En la madrugada de este domingo quisieron robarle el medidor de gas de la puerta de su domicilio, pero el hombre de 73 años estaba despierto, vio al ladrón y lo ahuyentó. El delincuente se fue corriendo.

La secuencia quedó registrada por las cámaras de seguridad de la cuadra que el jubilado colocó tras el violento robo que atravesó hace tres años en plena pandemia. En el video, que abre esta nota, se observa el momento en que un hombre encapuchado, que cargaba una bolsa en la mano, se dirigió hasta la casa de Ríos. Una vez en el lugar, se paró frente al medidor de gas, se puso en cuclillas e intentó cortar los caños. Eran las 3.04.

Lo que no se ve ni se escucha en el video son los gritos de Ríos y su sobrino (con quien convive desde julio de 2020) que, desde el interior del domicilio lograron amedrentar al ladrón, que huyó despavorido.

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Este lunes, en una entrevista televisiva, el jubilado dijo que los robos en el barrio están a flor de piel. “Acá en el barrio corremos riesgo todos los días, todos los vecinos. Tenemos nuestro raid de motochorros, entraderas y arrebatos. Ahora estamos pasando por esta experiencia: nos quedamos sin gas porque se están robando el cobre de los medidores. Esto lo recuperé. Hay que arreglarlo porque no alcanzó a cortarlo del todo”, dijo Ríos mientras exhibía en cámara la manguera que intentaron robarle.

Fernando Soto, abogado de Ríos, y quien difundió el video del robo en sus redes sociales, sostuvo que no se trató de un hecho delictivo al azar. “Todo indica que estaba marcado. Fueron directamente a la casa de Jorge, salteándose otros domicilios que estaban en el camino. Ahora él y su sobrino están sin gas. La dinámica consiste en robar los caños, porque tienen cobre y bronce. Lo venden a 20 mil pesos el kilo, según pude averiguar”, dijo el letrado en diálogo con TN.

Y siguió: “Don Jorge quedó muy afectado por el episodio anterior. Le robaron las herramientas de trabajo, lo torturaron y él luchó por su vida con un arma que tenía legítimamente. Él era portador legítimo. No quiso dispararles: lo hizo en defensa de su vida. No lo mataron de casualidad”.

Es que, hasta hace dos meses, Ríos estaba acusado de “homicidio agravado por el uso de arma de fuego” por el crimen de Franco Martín “Piolo” Moreyra, uno de los cinco delincuentes que lo asaltó en 2020. En junio pasado, el jubilado iba a enfrentar un juicio oral, pero la Justicia decidió sobreseerlo y dejó sin efecto el debate en su contra. La resolución fue del Tribunal Oral en lo Criminal N°3 de Quilmes: en el fallo, el juez a cargo de la causa detalló que el acusado “no efectuó disparos hacia Moreyra” sino que actuó en “legítima defensa”.

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El pedido de sobreseer a Jorge Ríos había sido realizado ante el TOC N°3 por el fiscal de la causa Andrés Nieva Woodgate, titular de la UFIJ N°18 de Quilmes. Este se sumó a la solicitud que ya habían emitido sus abogados, entre ellos Fernando Soto, quien también defendió al policía Luis Chocobar, Marino Cid Aparicio y Martín Luis Sarubbi.

Tras el sobreseimiento, Soto le dijo a Infobae: “Lo que sucedió es lo que debería haber sucedido. Nunca debería haber sido elevado a juicio oral Don Jorge. Persiguieron a la víctima, lo declararon oficialmente víctima, y liberaron a los chorros. Están en libertad. Solo quedó uno preso porque tenía una causa por homicidio y, aún así, le dieron la libertad en pandemia por la resolución de casación que logramos revocar en la (Suprema) Corte de provincia”.

Además, adelantó que evalúan tomar “acciones” legales. “Está bien, se terminó el calvario para Don Jorge, pero no tendría que haber pasado nunca. No queremos esta justicia”, cerró.

Las pruebas que beneficiaron a Jorge Ríos fueron un total de 42 archivos, conformados por las filmaciones de las cámaras de seguridad ubicadas en las inmediaciones de su casa. El rango analizado por los expertos fue entre las 4.49 hasta las 4.59 del 17 de julio de 2020, día del hecho en el que cayó al suelo Moreyra.

De acuerdo con el informe, en ningún momento el jubilado efectuó un disparo en la vía pública. En los videos analizados jamás se observó un fogonazo producto del supuesto tiro que hizo el acusado. En ese sentido, la pericia sostuvo que “no es posible determinar la existencia de signos compatibles con el disparo de un arma de fuego, en virtud de no poder visualizar elementos como destellos luminosos, cambios significativos de luminosidad o fogonazos, producto de la deflagración de la pólvora”.

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Otra de las conclusiones de la pericia que benefició a Ríos es que los gestos que se observan en la filmación no dan cuenta de una persona que haya disparado un arma de fuego. Es decir, el acusado nunca empuñó un arma.

En el caso de Moreyra, los peritos establecieron que el delincuente tampoco reflejó movimientos corporales de alguien que haya recibido un tiro mientras trataba de escapar. “No se logra determinar de manera categórica el momento exacto en que los movimientos y gestualidades de Moreyra fueran compatibles con haber recibido disparos de arma de fuego”, sostiene el informe al que tuvo acceso este medio.

En ese sentido, los expertos concluyeron que para entender mejor este punto, aconsejan la intervención de un psiquiatra forense. “No se puede concluir lugar y momento exacto en el que el señor Moreyra recibe las heridas producidas por el paso de proyectil de arma de fuego”. Finalmente, tampoco lograron establecer “la posición anatómica” de ninguno de los dos en el momento de los disparos que acabaron con la vida del ladrón. Se trata “de un hecho dinámico y no estático”, indicó.

“Las cuatro pericias requeridas por la fiscalía indicaron, con total contundencia y en forma unánime, que no existió la más mínima prueba que permita sostener que Don Jorge haya efectuado ni un solo disparo contra Franco Martín Moreyra”, sostuvo el equipo de abogado comandado por Soto en su pedido.

Los letrados fueron particularmente críticos con el fiscal Nieva Woodgate y aseguraron que “la única razón por la que se llegó a este estado del proceso, (...) es el injustificado y absurdo empecinamiento del fiscal en perseguir penalmente a un hombre adulto mayor”, de quien sostuvieron que fue “seriamente afectado en su salud psicofísica, con temor a los asaltantes que irrumpieron en su vivienda tres veces seguidas en una misma noche, propinándole una feroz paliza” y “aplicándole una verdadera sesión de tortura”.

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