Los abogados de la familia de Fernando Pérez Algaba —Sebastián Queijeiro y Javier Baños— evalúan pedirle a la fiscalía que interviene en la investigación del violento crimen que la mediática Charlotte Caniggia preste declaración testimonial en el marco de la causa, tal como pudo confirmar Infobae. Los restos del comerciante, vale recordar, aparecieron descuartizados en Ingeniero Budge semanas atrás.
Según le adelantó a este medio hoy Queijeiro, la citación en busca de alguna información que pueda ayudar a esclarecer el crimen del trader de criptomonedas, dependerá del panorama que brinde la causa en los próximos días. En ese sentido, el letrado detalló que están analizando hacer el pedido formal pero antes esperarán que Maximiliano Pilepich —uno de los principales acusados del homicidio— preste declaración.
“Estamos evaluando una testimonial de Charlotte Caniggia. Pero están apareciendo muchos nombres nuevos producto de las declaraciones de los detenidos y primero queremos tener un panorama más completo respecto de todo aquel que pudo haber colaborado o que puede saber algo”, aseguró.
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Charlotte había sido mencionada en el marco de la investigación cuando uno de los últimos detenidos pronunció su nombre al ser indagado por Domínguez. Fue el comisario de la Policía de la Ciudad Horacio Córdoba —que está acusado de asistir al principal sospechoso del violento crimen y que, tras ello, fue separado de la fuerza— quien la vinculó con la víctima.
Durante su declaración, el sospechoso afirmó que conoció “una oficina que (Pérez Algaba) había armado, donde había muchas computadoras, con chicos haciendo trading, muy ostentosa”, que él cree, por supuestos dichos de la víctima, que esa oficina “se la había prestado Charlotte Caniggia”.
Córdoba, por otra parte, aseguró que Pérez Algaba le debía dinero.
Ante el fiscal, dijo que era “amigo de Fernando desde hace aproximadamente dos años”, cuando “quería realizar una inversión en criptomonedas”. Aquella “era inicialmente de 3.000 dólares y no hicieron ningún tipo de recibo”, sino que fue una entrega de dinero informal en el departamento de Pérez Algaba en la torre SLS de Puerto Madero. Antes, “Lechuga” había vivido en el costoso Alvear Tower. Le mostró su estilo de vida, con su domicilio ostentoso, un Mercedes Benz y una moto Ducati.
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El detenido describió al comerciante asesinado como “una persona muy cariñosa, entradra” y que los problemas aparecieron con el tiempo. En esa línea, relató que el trader “nunca cumplió con lo pactado, nunca le pagó los intereses que habían acordado y constantemente le indicaba que posteriormente le entregaría más dinero y un interés mayor al que habían acordado, ello por el incremento del valor de las criptomonedas, ya que era muy variable su valor”, confiaron fuentes judiciales.
Mientras tanto, Pérez Algaba era asediado por acreedores en varios frentes.
La hipótesis de Domínguez es que el comisario le facilitó a Pilepich el celular con el que se comunicó desde el 18 de julio pasado, el día que habrían asesinado a Pérez Algaba, con sus cómplices, entre ellos, Nahuel Vargas, el último detenido del caso. El teléfono que utilizó el emprendedor inmobiliario desde el 18 al 25 de julio, pertenecía a una partida adjudicada a la cartera de seguridad porteña.
Debido a que Córdoba es especialista en tecnología de las comunicaciones, el fiscal sostiene que ayudó a Pilepich a eludir la investigación en su contra. El funcionario notó que Pilepich realizó varios movimientos, supuestamente para despistar: apagó y prendió los dispositivos en diferentes momentos y lugares.
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Un informe de la DDI de Lomas de Zamora señaló que el comisario se habría encontrado con el principal sospechoso en la madrugada del crimen. Detectives policiales llegaron a la conclusión de que, pasada la medianoche del 19 de julio pasado, Córdoba se movilizaba en un Ford Mondeo negro y sin patente, cuando se registró un impacto de antena de su celular en las inmediaciones del emprendimiento inmobiliario “Renacer” de la localidad de General Rodríguez, un lugar clave en la investigación, ya que es a donde se había dirigido Pérez Algaba para reunirse con Pilepich con motivo de saldar una deuda económica.
En ese marco, Domínguez le imputó a Córdoba el delito de homicidio cuádruplemente agravado por el empleo de arma de fuego, por concurso premeditado de dos o más personas, por alevosía, placer y codicia, la misma calificación que a Pilepich.
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