En un tambo lechero en San Vicente, un dueño trataba los empleados como si fuera el siglo XIX. Según la acusación en su contra, José Luis S. los sometía a jornadas de más de 15 horas y les incumplía los pagos convenidos. Hartos de las vejaciones, muchos se fueron. Un matrimonio, con tres hijos menores de edad -entre ellos un bebé-, siguieron bajo sus órdenes.
Esta semana, el Departamento Trata de Personas de la Policía Federal -que depende de la Superintendencia de Delitos Federales- los rescató en un allanamiento. Lo que encontraron: vivían en una casilla de madera, sin baño ni agua corriente, ni estufas para el invierno, porque José Luis, supuestamente, no se los permitía. Solo podían salir los domingos, entre las 9 y las 15, para abastecerse de alimentos.
La investigación comenzó en mayo a partir de una denuncia anónima. Durante ese tiempo, los detectives inspeccionaron en distintos días y horarios al establecimiento. Corroboraron con tomas fotográficas y videos que en el tambo trabajaban entre 13 y 15 empleados sin elementos de seguridad. José Luis, el dueño, dejaba que los niños ayudaran a los mayores en su tareas por fuera de todo límite legal.
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Cuando la Policía avanzó en el allanamiento, con drones y camionetas, los efectivos descubrieron a dos empleados. Era una pareja nacida en Entre Ríos. La mujer estaba en el sector de ordeñe, trabajando. Tenía a uno de sus hijos de ocho meses de vida a upa, mientras desarrollaba sus labores. Los otros dos chicos, de 3 y 5 años, dormían en una vivienda precaria. El peón recorría el campo donde se encontraba el ganado vacuno distribuido.
El procedimiento ordenado este lunes por el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N°2 de Lomas de Zamora, subrogado por Ernesto Kreplak, confirmó las sospechas. El personal del Programa Nacional de Rescate entrevistó al matrimonio y reveló que hasta hace una semana trabajaban no menos de trece empleados. Ya no había nadie, porque decidieron irse por el nivel de explotación laboral. Entre las distintas vejaciones, sin contar servicios públicos, el matrimonio dijo que tampoco podían escolarizar al menor de 5 años porque lo impedía el dueño.
El propietario no estaba en el momento del ingreso al establecimiento. Mientras se realizaba el allanamiento, el personal interventor observó una camioneta modelo Renault Máster, de color blanca que circulaba lentamente frente al perímetro del campo. Lo hizo varias veces. Cuando la Policía Federal intentó identificarlo, aceleró tratando de darse a la fuga hasta que fue alcanzado a 500 metros del lugar. Terminó detenido.
En las tareas de investigación se incautaron un teléfono celular y documentación del establecimiento para su análisis.
Pese al allanamiento y la situación de vulnerabilidad, el matrimonio rescatado no se acogió a los beneficios del Programa de Rescate, que implica una asistencia de alojamiento temporal, apoyo material, psicosocial, médica o jurídica.
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