Una mujer fue imputada por los delitos de asociación ilícita e intento de homicidio tras ser señalada como la presunta cobradora de las deudas por drogas que mantenía la banda narco rosarina liderada desde la cárcel por Julio Andrés “El Peruano” Rodríguez Granthon. El juez penal Héctor Núñez Cartelle dispuso una prisión preventiva para que permanezca detenida, mientras se mantiene a la espera del juicio oral.
La fiscal de la Unidad de Balaceras, Valeria Haurigot, presentó la acusación contra la criminal identificada como Corina Vera durante una audiencia realizada el jueves 20 de julio en el Centro de Justicia Penal de Rosario luego de que fuera detenida durante el operativo que desarticuló al grupo narco criminal en diciembre del año pasado.
En la actualidad, el líder narco se encuentra detenido en el penal federal de Ezeiza, luego de haber sido condenado a una pena de 12 años de prisión por dos causas vinculadas al comercio de narcóticos y por estar imputado como uno de los participantes en el homicidio del ex concejal rosarino Eduardo Trasante, quien fue asesinado en la puerta de su casa frente a su familia en julio de 2020.
De acuerdo con las pruebas que presentó la investigadora, Vera sería la pareja de otro de los imputados en la causa por asociación ilícita, un hombre identificado como Gastón C., quien no solo sería miembro de la banda, sino que también se habría encargado de enviarle las instrucciones para cometer hechos ilícitos desde la cárcel provincial Piñero.
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Entre las tareas que le habría encomendado el detenido, la fiscal señaló que la imputada habría realizado las cobranzas de deudas, la disposición de armas de fuego y dinero, la comisión de delitos contra las personas, el aporte de las ubicaciones de aquellos que mantenían deudas con su pareja y su cuñado -quien también se encuentra bajo detención-, y el cobro personal de estas que tendrían por la venta de drogas.
En cuanto a la imputación por tentativa de homicidio, Haurigot explicó que esta era una derivación del caso de una persona baleada que resultó herida, la cual habría sido uno de los deudores que Gastón C. le habría encargado asesinar, según la información a la que tuvo acceso Télam.
Por otro lado, la fiscal determinó que, desde que la banda narco fue desbaratada, el grupo inició un operativo criminal con el objetivo de “cometer delitos contra las personas, la propiedad, contra la libertad, contra la administración y seguridad pública en Rosario, Arroyo Seco y Funes”.
De esta manera, la representante del Ministerio Público Fiscal explicó que los ilícitos se cometieron “con la finalidad no solo de apropiarse del territorio para el desarrollo de sus actividades ilícitas y excluir de allí a la competencia, sino de doblegar la voluntad de las personas que mantenían deudas con la asociación ilícita para obligarlas al pago”. Asimismo, imputó a los integrantes de la organización del crimen organizado por los delitos de “hechos de tentativa de extorsión y tentativa de homicidio”, entre otros.
Luego de que se probara que los integrantes de la banda narco mantenían un contacto activo con el resto de los miembros que se encontraban en libertad, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe instaló un nuevo sistema de inhibición de celulares en la Unidad Penitenciaria N°11 de Piñero.
“Hemos empezado con Piñero, pero obviamente vamos a seguir con Las Flores, Coronda y otras cárceles de Rosario y todo el ámbito de la provincia”, adelantó el titular de la cartera provincial Claudio Brilloni tras mencionar que se trataba de una tecnología que fueron importadas desde Israel, país pionero en el desarrollo de las medidas para la defensa y seguridad en prisiones. Aproximadamente, la inversión tuvo un costo de un millón de dólares.
“El objetivo de los inhibidores es que alguien que intente delinquir con el exterior no tenga ningún tipo de comunicación”, explicó el ministro al agregar que también serán instalados escáneres corporales y arcos detectores de metales para saber si los detenidos cuentan con algún dispositivo móvil en su poder.
Asimismo, el funcionario público aseguró que el sistema de seguridad respetará que las comunicaciones estén garantizadas, según lo dispuesto en la Constitución Nacional. En este sentido, aclaró que el régimen de visitas, la correspondencia por carta y las líneas telefónicas fijas colocadas en los pabellones continuarán disponibles por si desean utilizarlos, debido a que estas modalidades permitirían cierto control y conocimiento de las conexiones que tracen los reos.
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