Perpetua por el crimen de Lucas González: por qué hubo odio racial y cuál fue la trama del encubrimiento

El Tribunal Oral Criminal N°25 finalmente no tuvo en cuenta la versión que quisieron instalar durante el juicio los abogados de los tres principales acusados por el crimen de Lucas González en su alegato de cierre y mandó a Gabriel Isassi, Juan José López y Fabián Nieva a la cárcel por lo que les queda de vida. Por asesinos, encubridores, mentirosos, por haber matado mientras cumplían funciones, por alevosos y por actuar con odio racial, un agravante sin precedentes en la historia jurídica argentina, según celebró tras la audiencia del veredicto el abogado de las víctimas, Gregorio Dalbón.

Los jueces desestimaron la narrativa del abogado defensor de los agentes de la brigada de la Policía de la Ciudad encargado de alegar, Fernando Soto (trabajó junto a Martín Sarubbi), en relación a que los chicos eran, para los tres asesinos, sospechosos de haber salido de comprar drogas en la casa de un supuesto dealer, probablemente porque los vieron “marrones y con gorra”, como si eso justificara un ataque a balazos de parte de policías sin uniforme ni chalecos y arriba de un auto sin identificación ni balizas.

En el juicio se evidenció el desastre que hicieron los tres ex policías y ahora oficialmente delincuentes condenados este martes. Matar a Lucas fue su último acto oficial en la División Brigadas y Sumarios 6 de la Comuna 4 de la Policía de la Ciudad. No dieron la voz de alto, según coincidieron en sus declaraciones los amigos sobrevivientes de la víctima y un testigo que paseaba a su perro a metros del crimen. Tampoco chequearon la patente del Volkswagen Suran que manejaba Julián Salas. Hicieron todo mal. Para la Justicia, quedó claro que no se trató de un error ni que “cumplieron con su deber”, como intentó defender Soto.

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Dispararon a matar y después se encargaron de limpiar el crimen con una cadena de encubrimiento que, según el fallo del TOC 25, involucró al menos a nueve policías, los condenados. Isassi fue quien moduló la situación como un “enfrentamiento armado” inmediatamente después de acribillar a sangre fría Lucas. Relató por la frecuencia policial que se habían escapado los sospechosos y que habían “esgrimido un arma”. Además, alertó que había un policía herido, por Nieva, lo que motivó en un principio hasta pedir el helicóptero del SAME. Era un golpe en el dedo gordo de uno de sus pies.

Las cámaras de seguridad evidenciaron que a los chicos los siguieron, y el testimonio de Héctor Cuevas -el detenido que se quebró en el juicio y contó la trama de encubrimiento. y este martes recibió 4 años de cárcel-, que les plantaron el arma de juguete. También fue importante la declaración testimonial del por entonces ministro de Justicia y Seguridad porteño Marcelo D’Alessandro. Comprometió todavía más a los asesinos de la Brigada.

“No se cumplió con la identificación y con el balizamiento que necesita tener una brigada al momento de actuar”, dijo y aclaró que no existía ninguna orden de la Justicia para que actuasen contra el auto en el que iban Lucas y sus cuatro compañeros de Barracas Central aquella mañana.

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Sobre esto, en su alegato, Soto no se dio por enterado. D’Alessandro fue más contundente todavía. Dijo: “Vimos irregularidades graves ante un caso gravísimo”.

Esa falsa situación de “enfrentamiento” activó un movimiento impresionante de policías hacia la zona del hecho, en el barrio de Barracas, que incluyó a algunos jerarcas que celebraban el Día de la Policía de la Ciudad en el Museo de la Historieta. La fuerza es corporativa y, con toda la lógica del mundo, si escucharon que había un compañero herido en un tiroteo activaron todos sus recursos. Pero Isassi mentía. Y en lugar de dejar solo a los tres implicados, se puso en marcha un mecanismo de encubrimiento.

¿Por qué dispararon al auto si los pibes no tenían más armas que un termo, un mate, un jugo de naranja y unos bizcochos? ¿Por qué no pidieron refuerzos para encerrar al Suran? ¿Por qué no chequearon los antecedentes de la patente del auto de los futbolistas?

Según se comprobó por las cámaras de seguridad, cuatro veces los vieron antes de matar a Lucas. “¿Por qué no los detuvieron cuando bajaron al kiosco?”, se preguntó el fiscal Guillermo Pérez de la Fuente en su alegato de cierre.

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Los marcaron, los siguieron, los esperaron cuando Lucas bajó a un kiosco y, luego, atacaron. ¿Habrán querido estos tres asesinos sobresalir en un día “festivo” para la fuerza? ¿Qué hacía Isassi trabajando ese miércoles a las 9 de la mañana si estaba de franco?

Los chicos escaparon de los tiros que salieron de las armas de tres hombres de civil a bordo de un Nissan Tiida y a las pocas cuadras frenaron para pedir ayuda. Lucas se desangraba con un tiro en la cabeza en el asiento del acompañante. Joaquín y Julián bajaron del auto para pedir ayuda a dos policías porteñas apostadas en la esquina de Alvarado y Pedriel. Pensaban que los habían intentado robar.

Pero las agentes ya habían escuchado la modulación de Isassi, por lo tanto asumieron la versión del policía de la Brigada como cierta, los aprehendieron, avisaron que los tenían y enseguida llegaron decenas de agentes de las comisarías de la comuna 4.

Según quedó constancia en el juicio, uno de los primeros en arribar al lugar donde estaban Lucas, Julián y Joaquín fue el inspector Héctor Cuevas junto a su chofer, el oficial Sebastián Baidón. Cuevas moduló que no había armas en el Suran. Sin embargo, probablemente a sus espaldas, ya se estaba tramando el plan para justificar los balazos de Isassi, Nieva y López.

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Por eso, este martes fueron condenados también los jefes de la Brigada, el subcomisario Roberto Inca y el comisario Juan Horacio “Perro” o “Diario mojado” Romero. Según el testimonio revelador de Cuevas, Inca fue quien le dio la orden a Isassi de poner la pistola de juguete en el auto de las víctimas una vez que el agente de la brigada volvió de la comisaría a donde había ido a buscar la réplica en la moto conducida por otro policía, Facundo Torres, recientemente detenido (por lo que se espera que una segunda causa avance contra él).

Además, fueron condenadas a seis años los comisarios Rodolfo Ozán (54) y su par Fabián Du Santos (52), quienes estuvieron a cargo de los operativos y es probable que los jueces consideren en sus argumentos (se conocerán a finales de agosto) que, como jefes, fueron responsables.

Estos dos comisarios protagonizaron una conversación que salió a la luz que, para los jueces, fue comprometedora. En la charla entre los policías se distingue que Ozán le advierte a su interlocutor: “Le dije a Inca que, está como subcomisario, que vaya y busquen lo tenga que buscar para justificar esto”.

Y también dijo: “El tiro está de atrás hacia delante, negro, y le voló el frasco. Yo, aunque no soy perito técnico balístico. El tiro está de atrás, negro, se mandaron un moco, un mocazo”. Lo que indica que ambos sabían qué estaba ocurriendo.

El tribunal les adjudicó el delito de “encubrimiento por haber ayudado a Gabriel Alejandro Isassi a alterar las pruebas de un delito agravado por tratarse el hecho precedente de un delito especialmente grave y por ser el autor funcionario público, todo ello realizado en ejercicio de sus funciones (...) en concurso ideal con el delito de privación ilegítima de la libertad por abuso de sus funciones”.

Otros cinco policías fueron absueltos.

“Nos tiraron al piso. A mí me levantaron la remera porque sabían que estábamos pasando frío. A lo que los policías me dicen, de dónde éramos. Con mi amigo Joaquín les dijimos que él era de Varela y que yo era de Quilmes. A lo que los policías nos dicen: ‘A estos villeritos hay que darles un tiro en la cabeza a cada uno’. Después una policía mujer me dijo que dónde tengo la falopa y dónde tengo el arma con la que maté a mi amigo”, contó Julián Salas ante el fiscal de instrucción Leonel Gómez Barbella.

El que dijo lo de los “villeritos” fue Sebastián Baidón, el más joven de los policías condenados, que ese día operaba como chofer de Cuevas. Recibió una pena de ocho años.

Así lo relató Joaquín Zuñiga: “Me habían dicho que era un hijo de puta, que me tenían que pegar un tiro en la cabeza a mí también y me empezaron a tomar los datos y me preguntan: ‘¿De dónde sos?’. Le digo: ‘Soy de Florencio Varela’. Y me dice: ‘Ah, sos un villero también, a vos hay que pegarte un tiro de verdad’”.

“Cuando empiezo a leer la causa, me doy cuenta de que a Lucas lo mataron por negro. Se lo cuento a mi mujer y ella me revela que hay un colectivo que se llama ‘Identidad marrón’. Y me empezó a explicar qué son los marrones: me doy cuenta que hay un mundo que no conocemos, el mundo de los marrones, que no conducen programas de TV, no son panelistas, no los vas a ver en el teatro, a lo sumo les dan algún papel de sirvienta, quizás en El Marginal puede haber algún actor. Es un mundo totalmente fuera de contexto. Empecé a ver muchos documentales sobre marrones y en uno de YouTube lo ponen a Lucas”, contó Dalbón a este medio.

El fiscal del juicio Pérez de la Fuente, y el abogado de las víctimas coincidieron en sus alegatos en el componente de odio racial de parte de los policías. “Los quisieron matar porque podían, querían, pensaban que iban a salir impunes y actuaban con algún tipo de prejuicios, sociales, de clase”, remarcó.

Además agregó: “¿Por qué quisieron matarlos? Prejuicios. No de uno, de los tres. No hubo ninguno que no disparara, que dijera: ‘Che, paren la mano’. Todos dispararon las armas. Demuestra que todos tenían esa decisión de matar. Los vieron salir de un asentamiento, vestidos como no les gustaban, ¿por el color de piel? Por algo se convencieron de que los chicos debían morir. Prejuicios raciales, de clase. Estos prejuicios conducen a una discriminación institucionalizada. A los chicos se los prejuzgó y se los discriminó y se les dio el trato más injusto posible a chicos de 17 años, matarlo”.

Ante la consulta de Infobae, Dalbón coincidió con el fiscal: “Lo mataron por odio estructural, racismo y por placer, porque no tenían motivo alguno. Porque se les cantó el orto. No es porque me excito, no es ese tipo de placer, sino porque pueden”.

El odio racial fue incorporado por primera vez como un agravante en el proyecto de Código Penal en 1960, derivado de una figura originalmente llamada “impulso de perversidad brutal”. Fue derogado e incluido varias veces a lo largo de los años y los gobiernos democráticos y de facto. Y tiene como origen la Convención sobre Genocidio aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas de diciembre de 1948.

Este martes se hizo historia con la sentencia a tres policías. Doblemente: además de la cuestión racial, los jueces pidieron que el gobierno porteño reconozca a los sobrevivivientes y a sus familias como víctimas de violencia institucional.

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