La jueza María Eugenia Capuchetti y el fiscal del fuero federal Ramiro González salieron sorteados el viernes pasado para hacerse cargo de la causa de la muerte de la modelo brasileña Emmily Rodrigues, en la que está imputado Francisco Sáenz Valiente. Sin embargo, el expediente podría regresar a manos de la Justicia porteña, que se declaró incompetente días atrás, indicaron fuentes de del caso a Infobae.
El nudo de la cuestión se encuentra en la primera figura penal que se le imputa al empresario: “Suministro gratuito de estupefacientes, en concurso ideal con facilitación de un lugar para su consumo”. Se trata de un delito que ya no es federal, sino de competencia local, adelantaron a este medio en relación a la Ley de Desferalización de Estupefacientes (26.052), a la que adhirió la Ciudad de Buenos Aires y que complementa o modifica la Ley de Drogas (23.737).
En cuanto a la segunda parte de la calificación que pesa sobre Sáenz Valiente (”homicidio culposo en concurso real con tenencia ilegítima de un arma de uso civil condicional”) también deberá ser analizado.
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Por lo pronto, Capuchetti -a cargo del Juzgado Federal N°5- delegó la investigación a González, quien estudiará los fundamentos que determinaron que la causa pasara a Comodoro Py y evaluará regresarla a la Justicia ordinaria o, por el contrario, retenerla y tomar alguna medida, una alternativa que -hasta el momento- parece la más alejada.
De acuerdo al proceso penal, el fiscal estudiará argumentos de la competencia sin entrar al fondo del asunto. Es decir, que tratará la cuestión jurídica, una tarea que no deja lugar a la interpretación sobre los hechos ni las evidencias del hecho que consideran probado la jueza María Fabiana Galletti, a cargo del juzgado nacional en lo Criminal y Correccional 31 porteño, y la Sala VI de la Cámara del Crimen.
El 30 de marzo pasado, Emmily cayó del sexto piso de un edificio de Retiro, ubicado en la calle Libertad al 1500, propiedad del empresario. Sáez Valiente fue procesado sin prisión preventiva pero con monitoreo a través de tobillera electrónica.
La defensa de Sáenz Valiente, representada por los abogados Gustavo Facundo Orazi y Rafael Cúneo Libarona, plantearon la incompetencia del fuero ordinario por el delito que se le estaba imputando al empresario (el suministro de estupefacientes) y solicitaron “la inmediata remisión de la totalidad de los actuados al Fuero Federal en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal”.
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De quedarse la causa, González podría pedirle colaboración a la Unidad Fiscal Especializada en Violencia contra las Mujeres (UFEM), a cargo de Mariela Labozzetta, quien ya venía trabajando en esta causa cuando estaba a cargo del fiscal del fuero penal ordinario Santiago Vismara. En este punto, aunque no esté la calificación de femicidio o violencia de género, por las características del caso, “debe ser abordado con perspectiva de género”, indicaron.
La autopsia concluyó que la muerte de Rodrigues fue producida por “politraumatismos” y “hemorragias internas y externas” por la caída que tuvo desde un sexto piso, no detectó lesiones compatibles con un ataque sexual.
Sáenz Valiente -que estuvo 20 días detenido hasta que el primer juez le dio la libertad por falta de mérito-, declaró que la joven sufrió un brote psicótico y que se arrojó al vacío pese a que él intentó evitarlo.
A Sáenz Valiente lo comprometen una serie de mensajes de esa noche con su dealer y con dos de las mujeres que fueron a su casa, donde les decía que tenía “tuci, faso y coca” en su departamento. Los estudios toxicológicos revelaron que antes de caer al vacío, la modelo brasileña consumió alcohol (1.0 gramos por litro de sangre fue el dosaje), cocaína, marihuana, ketamina y MDMA (uno de los componentes de la droga sintética “Tuci”, la forma abreviada de llamar al “Tucibi” por la pronunciación en inglés de la sigla 2C-B, que es la mal denominada “cocaína rosa”).
También se incorporó al expediente un reporte pericial que detectó sangre y semen en 25 muestras levantadas en preservativos, sábanas, acolchados y hasta en el corsé que usaba Emmily la noche en que la falleció al caer al vacío.
Con todo ello, y luego de una audiencia oral donde tanto la fiscalía como la querella pidieron nuevamente su detención, el 28 de junio pasado los camaristas Magdalena Laíño Donidz, Ricardo Matías Pinto e Ignacio Rodríguez Varela, decidieron procesarlo por “homicidio culposo” y “suministro de drogas”.
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