Durante el día de ayer, el fiscal Guillermo Ortiz, solicitó en los alegatos penas de entre cuatro años y seis años de prisión para tres instructores y un coordinador de la Policía de Río Negro, acusados de la muerte del oficial Gabriel Mandagaray, quien en 2021 falleció ahogado cuando realizaba el curso de ingreso al Cuerpo de Operaciones Especiales y Rescate (COER) de la provincia.
En este sentido, tanto el fiscal como el abogado de la familia Torres, sentenciaron al caso como “homicidio culposo y abuso de autoridad”.
En el debate de las penas, especificó la cantidad de años de condena que merecen los imputados: seis años de prisión efectiva y ocho de inhabilitación especial para volver a ocupar cargos en la fuerza policial para Alejandro Gattoni, quien era el coordinador del grupo de instructores en el curso, y para Alfredo Nahuelcheo, que estaba a cargo del equipo que integraba la víctima; cinco años de prisión para el instructor Maximiliano Vitali Mendez; y cuatro años y seis meses de prisión para Marcelo Contreras; y para ambos también pidió ocho años de inhabilitación especial para ocupar cargos en la policía rionegrina.
Es importante destacar que, según el fiscal, la intención de los instructores fue la de obtener la baja de los oficiales cursantes, “a partir de prácticas inhumanas y humillantes contrarias a los derechos humanos”, además de ser realizadas en zonas oscuras, alejadas de la urbe y en un área sin señal telefónica, comunicó Télam.
En este marco dijo que “hubo un riesgo que abarcó a más de un cursante”, ya que “los otros jóvenes que ingresaron con Mandagaray al agua no se ahogaron de suerte, pero se constató que sufrieron un estado de hipotermia”.
La tortura comenzó cuando el grupo “se arrojó al mar en bajamar, con un oleaje pronunciado, con uniformes, armas, portando un pesado tronco y en un contexto de agotamiento que venían padeciendo hacía cuatro días”, teniendo en cuenta además que el fallecido era el único que no sabía nadar, dato que sabían pero que ignoraron.
“No estamos ante una simple distracción, estamos ante un supuesto de culpa grave por todos los riesgos que les hicieron correr a los cursantes”, afirmó el fiscal y agregó que los culpables se ven comprometidos por la larga trayectoria y experiencia que tienen como oficiales.
Por su parte, la querella encabezada por el abogado Damián Torres alegó en igual sentido, aunque fue más estricto y pidió penas más elevadas, respaldadas en la sentencia: “la culpa es consciente porque los cuatro conocían las reglas de ética que debían respetar, eran conscientes del riesgo” y usaron “la humillación y denigración” contra “sus propios camaradas”.
A su turno, las defensas de los culpables argumentaron en favor de la imposición del mínimo previsto para cada uno de los acusados y penas requeridas que son de cumplimiento condicional.
En tanto, el tribunal, integrado por Carlos Reussi, Marcelo Álvarez e Ignacio Gandolfi, anunció que la sentencia se dará a conocer en el término de ley previsto de cinco días hábiles luego de dos meses iniciado el juicio de este joven que murió por “asfixia por sumersión”, según detectó la autopsia.
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El hecho que conmocionó a la policía rionegrina ocurrió en abril de 2021 en la playa de Bahía Creek, al sudoeste de Viedma, cuando diferentes oficiales concursaban para ingresar al COER.
De acuerdo con la acusación del Ministerio Público Fiscal (MPF) se produjeron tres hechos, el primero de ellos, previo a la muerte de oficial, entre el 12 y el 15 de abril, cuando la víctima y otros aspirantes fueron llevados a “una estancia cercana a Bahía Creek, en horario nocturno, mojados y con baja temperatura”; y allí los sometieron a “conductas denigrantes” en un marco de “excesivo desgaste físico y escasa alimentación e hidratación”.
El segundo hecho fue el “homicidio culposo” de Mandagaray, el cual ocurrió cuando “lo hicieron ingresar al mar junto a dos compañeros vestidos completamente con el uniforme, cargando un tronco” y “a sabiendas de que no sabía nadar, sin condiciones de seguridad” ni “haber estado debidamente alimentados y descansados”.
“Cuando quisieron salir, la fuerza de la corriente marina produjo movimientos bruscos de los agentes y ello provocó el golpe de la cabeza del joven con el tronco que le causó la muerte por asfixia por sumersión”, detalló el MPF.
Mientras que el tercer hecho que se ventila en el debate se le imputa sólo a uno de los tres instructores y se trata de las “lesiones leves” a otro aspirante, quien fue agredido “con patadas”, lo que le provocó “la quebradura de la última vértebra del coxis” y lo “obligó a abandonar el curso”.
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