“Somos seis personas en uno”: el insólito caso del hombre procesado por hacerse pasar por hijo de desaparecidos para cobrar una reparación del Estado

Después de siete años desde que se radicaran las primeras denuncias contra Adrián Martínez Moreira, el Juzgado Federal N°5, a cargo de la magistrada María Eugenia Capuchetti, dictó su procesamiento como presunto jefe de una organización criminal que se dedicaba a falsificar documentos y fraguar denuncias con el fin de acceder a las reparaciones indemnizatorias previstas por la ley y destinadas a familiares de víctimas del terrorismo de Estado bajo la dictadura comenzada en 1976.

Martínez Moreira, que también empleaba los alias de Matías Ezequiel López o Adrián Martínez Moreira de Zanotti -y figura en registros oficiales como Ovidio Martínez-, fue procesado junto a otras cuatro personas. Se presentaba como hijo de desaparecidos paraguayos en la Argentina, dirigente de la Agrupación H.I.J.O.S. Paraguay y señalaba que había sido apropiado por un torturador de nombre Héctor López, de alias “Phillips”, quien habría operado en el centro clandestino El Pozo de Banfield.

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La Justicia civil dio su testimonio por válido años atrás, con un expediente en el Juzgado N°85 del fuero, donde presentó una partida de nacimiento.

El 4 de diciembre de 2013, Martínez Moreira brindó una declaración testimonial en la que aseguraba que sus padres Adrián Martínez Henríquez y María Moreira habían sido secuestrados en Paraguay en 1988 bajo la dictadura de Alfredo Stroessner y, en el marco del Plan Cóndor, habían sido trasladados a la provincia de Misiones, donde desaparecieron. El torturador de sus padres se había apropiado, según su testimonio, de Martínez Moreira y de su hermana María Florencia.

El objetivo de esta declaración habría sido acreditarse como víctima del terrorismo de Estado para tener derecho, de este modo, a las reparaciones económicas otorgadas por el Estado a hijos y familiares de desaparecidos. Como principales pruebas, presentaba un documento -que resultó falso- de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que daba por probado el caso, y un supuesto documento escrito a mano por Adriana Calvo de Laborde -fallecida en 2010- secuestrada durante la dictadura y testigo en el juicio a las Juntas.

Calvo de Laborde habría entregado ese manuscrito a “las autoridades alemanas” en 1999. Allí, señalaba que había visto a dos de sus tíos detenidos en el centro clandestino de El Pozo de Banfield. El manuscrito también resultó ser apócrifo y puso en alerta a los organismos de derechos humanos, que presentaron una denuncia por la falsificación de dicho documento. Calvo de Laborde, cobró gran notoriedad en los últimos tiempos, cuando se recreó su desgarrador testimonio en el Juicio a las Juntas en la película Argentina, 1985.

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Para dar cuenta de sus argumentos, Martínez Moreira también presentaba una nota publicada en agosto de 2012 en el diario Página/12, titulada Historia de un hijo del Cóndor. En el mismo período, el suplemento de diversidad sexual Soy, de Página/12, publicaría en tapa una entrevista en la que Martínez Moreira también revelaba ser viudo de Pablo Zanotti, un actor fallecido en la Tragedia de Once, situación que también ameritaba un resarcimiento por parte del Estado.

Nunca se encontró ningún documento o testimonio que avalara ese matrimonio.

Carlos “Sueco” Lordkipanidse, secuestrado y torturado en la ex ESMA en 1978, presentó la denuncia en la Justicia federal por la firma falsa de Adriana Calvo de Laborde, con quien compartían militancia en la Asociación de Ex Detenidos Desaparecidos. Martínez Moreira supuestamente repetía que militaba en organismos de derechos humanos. “No lo hacía, es un mito que hizo circular, pero sí se presentaba con cierto carisma con distintos organismos como por ejemplo la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y sacaba información, o una hoja con su sello con maniobras, y luego le servía para su accionar”, asegura Lordkipanidse a Infobae.

“Se ha hecho correr la muletilla de ‘el curro de los derechos humanos’ cuando no hay ningún curro de los derechos humanos, sino un caso único como este, realizado por un delincuente común”, sintetiza.

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Otros aportes surgieron por parte de familiares de víctimas del terrorismo de Estado, que se dieron cuenta de que algo raro pasaba con grupos que aparecían, de pronto, en Facebook, ofreciendo servicios para acelerar el pago de las reparaciones del Estado. Laura Cravello Lonardi tomó contacto con Martínez Moreira desde Barcelona, España, donde reside, para ver de qué se trataba la cuestión. Luego lo conoció en alguno de sus viajes a Buenos Aires. Entonces, radicó la denuncia de forma anónima, algo que luego pidió anular.

“Los datos que recibimos los familiares llegan a cuentagotas. No puede ser que haya gente que inventé con el objetivo de obtener dinero a costa de defraudar al Estado. Por eso me introduje en ese círculo y pude obtener información que fue usada por la Justicia”, dice Cravello Lonardi.

Tras la declaración de Martínez Moreira en 2012 -que denunciaba que su supuesto padre adoptivo, Héctor López, era un torturador apodado Philips y que se habría apropiado de él y de su hermana- María Florencia López, declaró lo siguiente, que fue volcado en transcripción en la causa del Juzgado Federal N°5:

“Cuando Matías (el nombre de adopción era Matías Ezequiel López) tenía catorce años y la dicente dieciocho, se enteraron que eran adoptados pidiéndole explicaciones sobre su situación de niñez a Héctor, quien le explicó todo lo sucedido. Matías, que tenía en ese momento 14 años, empezó a cambiar su comportamiento. Ya no permanecía en su domicilio sino que pasaba gran parte del tiempo militando en la ‘Casa de la Memoria Abuelas de Plaza de Mayo’, en Morón. Héctor López trabajó en muchos lugares como bares, remiserías, hizo trabajos de pintor pero nunca prestó funciones como militar”.

La adopción de Matías se tramitó a sus quince años. A pesar de tener un DNI con el nombre de “Ovidio Martínez” que consta en el expediente de adopción de abril de 1993, en el resto de la documentación aportada en el mismo trámite -como boletines escolares y certificados de primera comunión- el niño era nombrado como “Matías Ezequiel López”.

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Martínez Moreira, o López en esa época, ya había creado H.I.J.O.S. Paraguay y señalaba que su abuela de sangre lo había podido encontrar y revelarle su identidad como hijo de desaparecidos en 1993. La mujer habría muerto en 1994. Se le realizaron pericias psicológicas.

Los profesionales tomaron nota: “En la primera entrevista ante la pregunta sobre su nombre, el joven responde: ‘Somos seis personas en uno’ y comienza a relatar que puede llamarse Matías Ezequiel López o Adrián Martínez Moreira u Ovidio Martínez o Emilio Martínez”.

Consultado ante este hecho, dice que Matías “es el nombre que se le dio como consecuencia del trámite de adopción, aunque nunca se le tramitó un documento que así lo certificara”. Su padre, Héctor López, a quien nunca se pudo asociar a la represión de la dictadura, murió en 2016 a los 66 años.

Mientras tanto, en junio de 2014, el juez en lo civil Félix de lgarzábal firmaba el fallo en la que se reconocía como cierto el pedido de Martínez Moreira, reponiendo una nueva partida de nacimiento a nombre de Adrián Martínez Moreira. El juez señaló al hoy procesado como “hijo de Adrián Martín Martínez Henríquez y María Santa Moreira Delard; ambos desaparecidos forzosos por la represión ilegal´.

A partir de esta resolución, Martínez Moreira pudo registrar su DNI con los nuevos datos identitarios. Se debe recordar que, si bien la partida de adopción indicaba que el sujeto había nacido en 1993, la nueva acta de nacimiento refería al año de 1986.

A pesar de que se rechazaron los pedidos de reparación a su nombre y fueran archivados en la Justicia, Martínez Moreira comenzó un raid de años. Contactaba a familiares de desaparecidos por el terrorismo de Estado y, bajo engaños, los instaba a ser representados por él mismo junto a un grupo de colegas y especialistas, entre ellos, el abogado Omar Enrique García y las miembros de HIJOS Paraguay Leticia Concepción Gaete y Nicole Carolina Garrido Piris. Todos ellos fueron procesados junto a él por la jueza Capuchetti.

Así, el acusado creó una “Comisión Nacional y Popular por Leyes Reparatorias”, que ofrecía -sobre todo por redes sociales- gestiones, representación y servicios jurídicos a familiares de desaparecidos y otras víctimas para reclamar beneficios reparatorios.

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Las primeras causas llevaban el sello y la firma del abogado Javier Garín, un letrado que había participado en varias causas de crímenes de lesa humanidad.

“Unos colegas míos descubrieron unos escritos mal hechos, mal escritos, que supuestamente invocaban mi representación y que al investigar se comprobó que alcanzaban a ser 51 expedientes que habían realizado falsificando mi firma”, dice Garín, que denunció ante la Cámara Criminal y Correccional a Martínez Moreira por este hecho.

La jueza Capuchetti dictaminó el procesamiento sin prisión preventiva de Adrián Martínez Moreira por considerarlo, prima facie, penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita en calidad de organizador, uso de documento público y privado falso en calidad de autor, reiterado en 33 oportunidades; fraude a la administración pública, en grado de tentativa, entre otras imputaciones. La jueza mandó a trabar embargo por 200 millones de pesos.

El abogado Omar García, de 79 años, también fue procesado en calidad de miembro de la asociación ilícita. Se le trabó un embargo por 150 millones de pesos mientras que Leticia Gaete también fue procesada por los mismos delitos y se le trabó otro por 125 millones de pesos de pesos, lo mismo para Nicole Garrido Piris.

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Susana Claudia Feldman es otro personaje en esta historia. Fue procesada por dos hechos de falsa denuncia. Aparece en la causa por haber denunciado violencia de género y amenazas de denuncia contra el abogado Garín. Luego, al ampliar su testimonio, Feldman declaró que hizo las denuncias manipulada e instigada por Martínez Moreira, quien se había mudado al mismo edificio en que ella vivía.

Por otra parte, la jueza Capuchetti instruyó a la fiscal federal Paloma Ochoa continuar investigando las denuncias en el expediente. El abogado Javier Garín anunció que volverá a pedir la prisión preventiva de los acusados debido al potencial riesgo hacia terceros.

La defensa de Martínez Moreira ya apeló y exigió que la investigación pase al Juzgado Federal de Morón, donde en 2012 se le cursó una denuncia por falso testimonio. Lo curioso es que la presentación de 2012 fue realizada con anterioridad al grueso de los delitos por los que la jueza Capuchetti firmó su procesamiento. También pidió que se anulen el embargo en su contra.

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