Hoy por la tarde, Adrián Rowek, ex profesor de Lengua de la Escuela N°23 de Villa Devoto, fue condenado a 20 años de cárcel por el Tribunal Colegiado del fuero Penal, Contravencional y de Faltas porteño, acusado de acosar y abusar sexualmente de sus alumnos. Los delitos que se le imputaron fueron contra ocho víctimas menores de edad. Otras posibles víctimas fueron encontradas en la causa en su contra. Sin embargo, las acusaciones no fueron impulsadas por cuestiones de prescripción de los delitos.
La Unidad Especializada en Delitos y Contravenciones Informáticas de la fiscal Daniela Dupuy —que investigó el caso y que depende de la Fiscalía General de la Ciudad, a cargo de Juan Bautista Mahiques— pidió 40 años de prisión para Adrián Rowek en sus alegatos. El tribunal fue integrado por Natalia Ohman, Gabriela Zangaro y Ricardo Baldomar.
Rowek fue condenado por los delitos de abuso sexual agravado, abuso sexual con acceso carnal agravado, grooming, tenencia de material de abuso sexual infantil y suministro de material pornográfico a un menor de edad
Rowek, que fue detenido en su casa de Villa Real en mayo de 2020, fue sorprendido por la Policía de la Ciudad y efectivos del Cuerpo de Investigaciones Judiciales porteño con uno de sus alumnos de apenas 14 años en su cama: el docente, en ese momento, tenía 50 años.
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El acusado se encuentra bajo prisión preventiva de ese entonces. El caso contra el profesor de Devoto comenzó ese mismo mes, cuando la mamá de un niño de 12 años, que era alumno del imputado, descubrió en el celular de su hijo diferentes mensajes de índole sexual que el hombre le enviaba. Entre el material hallado, había fotos que mostraban, presuntamente, sus genitales, las cuales fueron aportadas como pruebas a la causa.
Tras esa denuncia, la Fiscalía Especializada solicitó una orden de allanamiento y el arresto del profesor. Al momento del operativo, realizado por personal del Cuerpo de Investigaciones Judiciales (CIJ) del Ministerio Público Fiscal, el sospechoso fue encontrado en la cama junto a otro estudiante.
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Juan Bautista Mahiques, fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires, se refirió ayer al caso y señaló: “Genera mucha indignación la manera en que esta persona se aprovechaba de la vulnerabilidad propia de los menores de edad. Donde debían tener un maestro o referente, había un delincuente abusando de su integridad física y mental”.
Registros previsionales muestran que el docente fue empleado del Gobierno porteño desde 2011 hasta su arresto en marzo de 2020. En paralelo, desde 2015, y durante cinco años, estuvo en la nómina de la UBA: hay testimonios que lo ubican con un cargo de preceptor en uno de los colegios secundarios que dependen de la Universidad de Buenos Aires.
Ese colegio, de acuerdo a testimonios, fue el Colegio Nacional Buenos Aires.
Si bien el juicio se ciñó a hechos vinculados a 8 víctimas menores de edad, lo cierto es que producto de la investigación se lograron individualizar muchas más, algunas contemporáneas al momento de la detención y otras que se correspondían a sucesos que tuvieron lugar durante los años ´90.
Respecto de estos últimos el Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad declaró su prescripción, sin embargo, en virtud a su derecho a ser oídos, como así también el llamado juicio a la verdad, sus declaraciones fueron admitidas durante el debate.
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