Cómo operan los narcos dueños de las barras de los clubes, el inesperado debate en la Legislatura de Santa Fe

Un mono con colmillos, desafiante, y un par de lentes. Al costado un pollo rabioso, y al otro lado un toro. La imagen del comic desplegado en una enorme bandera de 40 metros por 40 metros en la visera superior de la tribuna de Newell´s el pasado sábado tuvo ahora una inesperada repercusión política en la Legislatura santafesina.

La sesión regular de los jueves de la Cámara de Diputados se alteró cuando se decidió modificar el orden del día para aprobar algunos asuntos, entre ellos un proyecto que si bien salió por unanimidad, sin votos negativos ni abstenciones, dejó sabor a poco y para muchos legisladores resultó insuficiente.

Se trata de la media sanción que los 33 diputados presentes le dieron a un proyecto que dispone la instalación de inhibidores de señal de telefonía móvil e internet inalámbrica en las unidades penitenciarias provinciales. Una iniciativa más severa, impulsada por el diputado Nicolás Mayoraz proponía además establecer sanciones.

Pero el plato fuerte fue el debate previo, donde diputado Carlos del Frade, desnudó ante el pleno de la Cámara algunos detalles de una realidad que, si bien es un secreto a voces en la provincia, esta vez adquirió dimensiones concretas ante la grave situación de inseguridad que atraviesa Rosario.

Para el legislador los inhibidores en las cárceles es una medida necesaria y de sentido común, pero advirtió que el problema principal no es lo que pasa adentro de las cárceles, sino lo que ocurre afuera.

Consideró que la bandera desplegada el sábado 24 en la cancha de Newell’s se trató de “una fenomenal demostración de operación de marketing empresarial de la organización narco policial Los Monos”.

Al ser vista a nivel mundial, con esa exhibición, la banda narco más famosa de Rosario volvió a generar una atención pública internacional, similar a la que se había producido cuando atentaron contra el supermercado de la familia política de Lionel Messi.

“La estrategia de marketing fue tan buena que al día siguiente ya se estaban vendiendo las remeras”, resaltó Del Frade, quien hizo un particular análisis de la leyenda que dejaba ver la bandera.

También sostuvo que esa bandera pone en ridículo todas las afirmaciones que se hacen sobre la seguridad en las canchas de fútbol. “Los estadios deportivos -dijo- les pertenecen a las bandas narco policiales que se disfrazan de barras bravas”.

Precisó que esto es algo que históricamente y desde hace años pasa en los cuatro clubes grandes de la provincia, Central, Newell´s, Colón y Unión, donde los estadios son manejados por las barras, que hoy son bandas narcopoliciales”

Opinó Del Frade ante la mirada de los demás diputados que “la cancha chica del fútbol demuestra cómo funciona la cancha grande de la realidad. En la cancha chica del fútbol hay gobiernos de facto que son los que utilizan a estas bandas narcopoliciales e imponen las reglas de fuego, en las tribunas y afuera de las tribunas”.

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Para el legislador, la bandera que se desplegó del sábado fue “una síntesis de una parte de la barra de Los Monos”, a la que definió como “una banda empresarial, asesina, cobarde, porque hoy están amenazando a los chicos en las escuelas, a la que necesariamente hay que salir a enfrentar y denostar desde la política para que los vecinos no se sientan tan solos”.

El legislador santafesino hizo también una particular lectura de la imagen esplegada en la bandera. “Aparecía en primer lugar un mono con los colmillos, desafiante, y un par de lentes, que es la imagen clara del Guille Cantero, el más asesino de todos, el más tenebroso. A su lado se presentaba un pollo, también rabioso, por el pollo Vinardi, que está preso en una cárcel federal, y del otro lado aparecía un toro, que algunos reconocieron como la síntesis del toro Escobar. Pero también remite a otro toro que tenían Los Monos, que es el toro Martinotti, que hace algunos años atrás se escapó de la jefatura de policía de Rosario, simplemente caminando por la puerta”.

Detalló Del Frade que “los que están hoy presos como Vinardi o Cantero o el Toro Escobar, están en cárceles federales, donde -denunció- tienen la facilidad de hacer cualquier cosa”.

En ese marco recordó que el 10 de marzo pasado, “el otro gran asesino empresario narco, Esteban Lindor Alvarado, se iba a escapar en helicóptero de la unidad penitenciaria 3 de Ezeiza, y no se escapó porque el que se manejaba el helicóptero empieza a responder hoy a un grupo narco brasileño que está manejando la droga que circula por el rio Paraná”.

Según la denuncia realizada en la Cámara de Diputados, la bandera exhibida en la despedida de Maxi Rodrgíguez “había entrado hacía rato”.

Para Del Frade “es ridículo escuchar a los jefes policiales decir que la responsabilidad la tuvo el sistema de seguridad privada que había organizado la fiesta en un formato muy parecido a un gran espectáculo de rock nacional”.

“Como si no supiéramos desde hace años que ese sector de la popular de NOB responde a lo que se venía construyendo desde los tiempos de la presidencia de Eduardo J. López y que tenía como jefe de la barra a Roberto Pimpi Camino”.

En este punto recordó que ese jefe de la barra de entonces fue matado el día que el presidente del club, su socio y amigo, cumplía años, un 19 de marzo de 2010, en una suerte de regalo de cumpleaños.

No es exclusividad de Newell´s este problema. Según Del Frade, del lado de Rosario Central existe la barra de los Pillines, “que desde el 2012 en adelante se ha convertido en alguien que maneja la tribuna desde adentro de la cancha, y también maneja la calle, como uno de los cuatro grupos narcos más importantes que tiene la ciudad de Rosario”.

“Lo del otro día no fue que tomaron por asalto la cancha. La cancha le pertenece a ellos, como muchos barrios le pertenecen en determinados horarios como zonas liberadas a estos gobiernos de facto que se han impuesto en Rosario desde hace por lo menos 15 años”, completó.

Por estas razones, el diputado provincial considera que la bandera de Los Monos en la cancha de NOB “no se trató de una provocación, sino de la exhibición de un título de propiedad. Lo que marcaron -consideró- fue esto nos pertenece, por eso el nosotros estamos del cartel, -en primera persona del plural- más allá de todo”.

“El problema de lo que pasa en las cárceles es que afuera hay muchísima gente que trabaja para el que está adentro. Entonces la solución, más allá de los inhibidores, es cómo recuperamos los barrios eliminando a esas bandas narco policiales que aplican un gobierno de facto en Rosario”.

Para el diputado rosarino, “eso no se disputa con una tanqueta de Gendarmería, sino con una decisión concreta de recuperar desde la política los barrios”.

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También instó a ver quién se beneficia con todo lo que pasó. “Dónde iba a parar la plata de la bandera enorme, dónde va la plata que se cosecha de la venta de remeras. ¿Al barrio Las flores? ¿A Empalme Graneros? No. Eso se lava en el centro de la ciudad”, se respondió.

También agregó otro dato polémico. “Cuántas veces escuchamos las investigaciones acerca de los pases de los jugadores de Central y de Newell’s. Hay documentos judiciales -afirmó- de lo que significaba por ejemplo el pase de Angel Di María, fue pagado en Portugal y ahí iban siete dirigentes de Central a buscar eso que después terminaba en manos de Pillín Bracamonte y sus amigos.

“¿Qué pasó con el dinero de Buonanotte? Una alevosa operación de lavado de dinero, flagrante, de 6 millones de euros que nadie sabe dónde fueron a parar. Y cuantas denuncias de proveedores del Estado provincial se han cajoneado donde decían que eran apretados por las barras de los equipos rosarinos para seguir siendo proveedores del Estado provincial”.

“Son muy importante los inhibidores, pero el problema grande es como recuperamos en el afuera el control político de los barrios para construir seguridad democrática. La bandera está marcando un título de propiedad no solamente en la cancha chica del futbol, sino en la cancha grande de la realidad”, concluyó.

El diputado Nicolás Mayoras había propuesto hace casi tres años un proyecto de ley de prohibición del uso de celulares en las cárceles. “No puede ser -dijo entonces- este fenómeno de utilización de las cárceles como coworking, como centro de comisión de delitos”, aunque admitió que “esta no es una realidad excluyente de Argentina o Santa Fe, sino que ocurre en todo el mundo”.

“El crimen organizado -recordó en la sesión- se las arregla para continuar delinquiendo desde la cárcel. En Rosario hay una fiscalía específica de balaceras, porque el 90% de las balaceras en Rosario se organizan desde las cárceles”, reveló.

Para el diputado “el delito tiene una nueva característica que es que aún al cuidado del Estado, las personas privadas de su libertad se las arreglan para seguir cometiendo delitos y hasta para hacerlos con mayor violencia, porque aparecen el mantenimiento del poder dentro del territorio de las bandas y la captura de nuevos adeptos”.

Explicó que “no tenía cómo explicar que no se hubiera sancionado antes una ley para prohibir el uso de celulares”. Recordó que en la discusión jurídica se argumentaba que había una ley nacional a la que Santa Fe ya adhirió, y que prohíbe el uso de celulares y la instalación de inhibidores. Después se cayó el estado parlamentario de esa ley y por eso ahora se pudo aprobar este proyecto, aún cuando está lejos de lo que pretendía.

Mayoraz criticó al actual gobierno de Omar Perotti porque “estuvo cuatro años tramitando expedientes para la instalación de inhibidores que nunca se concretaron. Fueron todas promesas. Incluso los escaners, que recién ahora estamos viendo los pirmeros. Pero aspiro a que esto quede como un compromiso para el próximo gobierno santafesino”, deseó.

Insistió en que “necesitamos un régimen legal que llene el vacío que hoy tiene la legislación santafesina. Porque aún adhiriendo a la ley nacional, no hay un régimen de sanciones para quienes usan celulares. En la cárcel se requisa y se les quitan los celulares a los presos, pero eso después no termina en nada y se vuelve al mismo círculo y nunca se soluciona”.

El proyecto con el que dijo va a insistir procura establecer un régimen sancionatorio severo además de la prohibición. “El dispositivo electrónico y técnico de los inhibidores de señales es una herramienta, pero no es la única”.

Aclaró que eso “no viola ninguna normativa de derechos humanos, ya que cumple a rajatablas las reglas de Mandela, establecidas por las Naciones Unidas para las personas privadas de su libertad. Se puede armonizar ese derecho a la comunicación de los presos y prohibir severamente el uso de celulares, para que las ciudades sean más seguras, y para que sean los presos los que estén encerados y no la gente de bien.

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