Tal vez tuvo suerte hasta ahora, o tal vez nunca tuvo una gran carrera criminal para empezar. Cuando se lo llevaron detenido a mediados de mayo, Sandro González, de 46 años, no tenía antecedentes en los registros de la Cámara Criminal y Correccional o en el fuero federal que investiga delitos narco. La Justicia de instrucción lo había declarado rebelde por amenazar a una mujer en 2010 y no presentarse. Ex empleado de empresas de limpieza y construcción, dijo ser cartonero cuando lo indagaron, aseguró que se dedicaba a juntar cartón y metal para llevarlo a un galpón en las inmediaciones Villa 1-11-14. Al final, a Sandro, alias “Marola”, alias “El Intendente”, le encontraron mucho más que cartón. Para la Justicia, “Marola” es el nuevo capo del Bajo Flores. Sus cómplices son su propia familia, su mujer e hijos. Su modus operandi era feroz: amenazaban a vecinos para quedarse con sus casas y convertirlas en kioscos de cocaína, mientras festejaban el triunfo de la Selección en Qatar a tiros y mostraban sus armas en Instagram.
El viernes pasado, González fue procesado con prisión preventiva y embargado por dos millones y medio de pesos por el juez Mariano Iturralde tras ser investigado por la fiscal Silvana Russi y el secretario Matías Álvarez de la PROCUNAR, que requirieron su procesamiento, luego de la redada de 500 gendarmes con tanques que derribó a su clan familiar y terminó con 24 detenidos y la incautación de cuatro pistolas, cocaína, 359 balas, 62 celulares, handies, 3.200 dólares y el televisor 55 pulgadas del capo. Su mujer, Laura Benítez, cayó con él, así como sus hijos Agustín, Jonathan, Jésica y María Belén: todos ellos fueron también procesados y embargados.
La acusación señaló a Sandro como jefe de la asociación ilícita. Los hijos varones fueron acusados de ser pistoleros y capos zonales. A las hijas de Sandro las marcaron como organizadoras y gestoras de la plata sucia del clan, además de responsabilizarlas por amenazas a vecinos. Operaron, por lo menos, desde mediados de 2022 hasta hoy, con un territorio que incluye la avenida Bonorino, la calle 10 -donde Sandro tenía su casa-, la calle Ana María Janer y la calle Charrúa. Sandro, incluso, fue imputado por amenazar en persona a una mujer del barrio luego de que un sicario de la banda le prometiera la muerte por teléfono.
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El crimen de Nayla Torrillo, de cuatro años, muerta a tiros en una balacera ocurrida el 7 de febrero último, volvió a Los Marola en figuras del hampa. La Justicia cree que el tiroteo fue un enfrentamiento entre Los Marola y una banda rival que había ido a buscar a un sicario bajo las órdenes de la familia González. Nahuel Moyano fue arrestado a mediados de marzo por el asesinato de Nayla. En el procesamiento, se lo acusa a Sandro de intimidar a un vecino, de asegurarle que incendiaría a su casa y a su familia si no entregaba a Moyano.
En su indagatoria, donde dijo juntar cartón y regentear una metalera de reventa de residuos para vivir, González padre afirmó que “nosotros no formamos ninguna asociación criminal” y que las acusaciones en su contra eran mentiras: “Nosotros trabajamos desde la mañana a la noche”, aseveró.
Sobre las usurpaciones, dijo que a las casas “las compramos, la están pagando”. Sus hijos “se la pagan a los dueños que vivían ahí. Le pagan en efectivo”. Sobre el galpón donde tiene su emprendimiento cartonero, aseguró que sí “lo tomó” y luego “lo puso a trabajar”.
Luego, desconoció a los jóvenes acusados de ser pistoleros de la banda y hasta aseguró que la causa en su contra es una venganza oficial por una represión de Gendarmería contra vecinos que bailaban en una murga ocurrida en 2016, que terminó con varios gendarmes enjuiciados. “Ahora están armando una nueva jugada diciendo que vendemos droga. Nosotros no hacemos esas cosas, no vendemos ni somos narcos. Somos gente de trabajo”, continuó.
Sin embargo, los testimonios en su contra que sustentan la causa vinieron de los propios vecinos del Bajo Flores.
La causa contra Los Marola se encuentra partida en dos. A fines de mayo, la Justicia porteña los procesó por la comercialización de estupefacientes bajo la modalidad de menudeo tras una investigación de la UFEIDE. Con el objetivo de mantener la hegemonía territorial, Ahora, Los Marola son procesados por la Justicia de instrucción por los delitos de amenazas coactivas agravadas por el propósito de compeler a una persona a que haga abandono de su lugar de residencia habitual y acopio de armas de fuego.
“Te voy a sacar de tu departamento, yo si te lo voy a sacar y me voy a quedar con esa casa. Te voy a cagar a puñaladas”, gritó una de las imputadas de la causa según el expediente.
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