
El Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°3 de La Matanza condenó a un hombre a cadena perpetua por haber asesinado a su padre a golpes, como consecuencia de una discusión por no haberle entregado una suma de dinero que había percibido del plan Ingreso Familiar de Emergencia (IFE). Cuando era adolescente, el imputado había sido condenado en 2016 a 8 años de cárcel por haber matado a su hijo.
Los jueces Matías Mariano Deane, Raúl Fernando Elhart y Gerardo Gayol descartaron la hipótesis que había presentado el abogado del imputado tras asegurar que la muerte del padre de Luis Ricardo Martínez (27) había sido producto de un acto en legítima defensa. Anteriormente, el fiscal Alfredo Luppino había acusado al joven de haber sido el autor del hecho.
Respaldado por los resultados que arrojaron las pericias post mortem, el jurado argumentó que “la autopsia, dada su naturaleza objetiva y experta, contradice en un todo la excusa ensayada por Martínez en ejercicio material de su derecho de defensa”. Por este motivo, el acusado fue encontrado culpable por el delito de “homicidio agravado por el vínculo”.
De acuerdo con la información de Télam, el crimen ocurrió el 10 de julio de 2020 en el domicilio de la víctima, identificada como Ricardo Martínez, ubicado en la calle Charlone al 200, en la localidad de La Tablada, perteneciente al partido de La Matanza. El homicida había llegado al lugar para cenar con su padre, pero una pelea desencadenó un ataque a golpes que le provocó la muerte.
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Pese a que el hijo del hombre asesinado declaró que su papá se encontraba en estado de ebriedad, cuando comenzó a recriminarle cosas del pasado y a empujarlo, los jueces evaluaron que el testimonio no tenía sustento científico, puesto que la caída que el fallecido habría tenido en la escena, donde supuestamente había intentado asesinarlo, no coincidía con las lesiones que presentaba el cadáver.
“Esta versión, sobre la cual se sustenta la postura absolutoria de la Defensa, no viene, tal lo dicho, respaldada por ninguna evidencia concreta”, alegó el juez Deane al dudar acerca de las supuestas lesiones que el homicida aseguró haber tenido, como producto de un aparente ataque con un fragmento de una puerta de madera de la propiedad que habría roto en medio del enfrentamiento. “Las agresiones que dijo el imputado haber recibido en esa ocasión no se constataron médicamente”, señaló.
“Lo que sí se ha constatado, en la autopsia, es un considerable número de lesiones que no se corresponden ni con el intento de Martínez hijo de sacarse de encima a su agresor ni mucho menos con una sola caída del mismo”, interpuso el magistrado, después de que se expusiera que los exámenes al cuerpo determinaron que tenía un severo daño neurológico que fue provocado por golpes en la cabeza, el tórax y los brazos.
En el comienzo del proceso penal, el acusado había ofrecido una declaración completamente diferente a la que expuso en los tribunales, debido a que aseguró que había ido hasta la casa de su padre porque no le contestaba las llamadas y lo encontró sin vida en el interior. Sin embargo, dos días más tarde confesó que habían tenido una discusión durante la cena.
Mientras que el imputado no reveló el motivo que lo habría llevado a atacar a la víctima con tanta violencia, los investigadores plantearon la hipótesis de que había sido por unos 90 mil pesos que el hombre había cobrado del IFE y que este no habría querido entregarlos, lo que habría desatado la ira del condenado.
Por otro lado, el tribunal no solo respaldó la decisión en los resultados de las pericias que dictaminaron que hubo un solo agresor, ya que también tuvieron en cuenta el testimonio de una vecina que escuchó: “Dos voces, una exaltada que reclamaba un teléfono y una clave y hacía alusión a un suceso pasado en el que ya le habría ‘partido la cabeza’, y otra voz suplicante que decía que lo iban a matar”.
Anteriormente, el joven había sido condenado a 8 años de cárcel por haber sido reconocido como coautor del “homicidio agravado por el vínculo” de su hijo, puesto que fue acusado, junto con su pareja, de haber maltratado al pequeño hasta llevarlo a la muerte en 2012. Como ambos eran menores de edad, en ese entonces, el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N°2 desestimaron penalizarlos con la condena perpetua. La madre del menor, por su parte, recibió una pena de 4 años.
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