Amnistía advierte una “profunda incapacidad” del Estado argentino para resolver casos de violencia policial

“Argentina ha demostrado una profunda incapacidad para investigar eficazmente la actuación ilegítima de las fuerzas de seguridad”, sentenció Amnistía Argentina en un crítico informe al que tuvo acceso anticipado Infobae.

La organización de Derechos Humanos dará a conocer públicamente este miércoles un documento de casi 50 páginas en el que incluye fuertes críticas a los tres poderes del Estado como responsable de una gran cantidad de hechos de violencia institucional ocurridos en el país en los últimos 40 años democráticos, entre los que se incluyen asesinatos, tortura y desapariciones, entre otros delitos.

Amnistía refresca las historias trágicas de Santiago Maldonado, Luciano Arruga, Daiana Abregú y Mauro Coronel, entre otras víctimas a manos de las fuerzas de seguridad, considera la violencia institucional como un “problema estructural” de la Argentina y remarca que todos los gobiernos del país, a través de los años, mantienen una “deuda pendiente” para el “control, monitoreo e investigación de la labor de las fuerzas de seguridad respetuosa de los derechos humanos”.

“La violencia de las fuerzas de seguridad es también racista y discriminatoria, ya que sus víctimas suelen pertenecer a los sectores en situación de vulnerabilidad y más marginalizados de la población, y cuyas posibilidades de acceder a la justicia son remotas”, establece la organización internacional y reclama “una reflexión profunda y rigurosa sobre los orígenes de la violencia y los mecanismos para combatirla”.

Durante 2021, la secretaría de Derechos Humanos de la Nación confirmó la recepción de 1.079 denuncias de distintos tipos de violencia por parte de fuerzas de seguridad de todo el país, de las cuales 53 involucran la muerte de personas. La Comisión Provincial por la Memoria informó al menos 90 casos de muertes por uso de la fuerza policial durante 2022. Y según CORREPI, el año pasado una persona murió cada 20 horas víctima de la violencia institucional.

Para Amnistía, la tortura y los malos tratos son prácticas generalizadas de las fuerzas de seguridad de todo el país que se usan como técnicas de disciplinamiento y sometimiento en situaciones de encierro y detención pero también en las tareas de prevención y seguridad en las calles.

Entre 2011 y 2020, el Registro Nacional de Casos de Tortura registró al menos 24.500 hechos de tortura o malos tratos centros de detención federales. Y, de ese total, las agresiones físicas fueron el tipo de tortura con mayor representación, con 6.389 casos.

La organización internacional remarca en su informe, titulado “Violencia policial: ¿qué pasa después? Investigación, supervisión y rendición de cuentas de la actuación policial”, que Argentina no cuenta con un registro unificado y abierto de todos los casos de violencia que involucran a las fuerzas en todo el país. “La información pública sobre la violencia policial, las muertes y los asesinatos es insuficiente. Los pocos registros existentes no son exhaustivos, no abarcan la totalidad del territorio nacional y no dan cuenta de la complejidad del fenómeno”, expone en el documento.

Aministía subraya que en muchas ocasiones los jefes policiales desmienten los episodios denunciados, y que principalmente afectan a “grupos en situación de vulnerabilidad y pobreza”. En ese contexto, pide que se sancione una legislación.

“En febrero de 2021 se presentó ante la Cámara de Diputados de la Nación el Proyecto de Ley de Abordaje Integral contra la Violencia Institucional. El texto propone la creación de un Programa Nacional contra la Violencia Institucional para la articulación de los programas de formación a nivel nacional con foco en la capacitación y reentrenamiento a las policías federales y provinciales con perspectiva de derechos humanos. A su vez, promueve instrumentos de reparación a los familiares y víctimas, la implementación de protocolos de actuación, y la creación de un registro nacional de casos y un observatorio que pueda realizar el seguimiento de la aplicación de la ley. Sin embargo, el proyecto no fue tratado en el Congreso”, remarca la organización, que denuncia “ausencia de voluntad política y compromiso institucional”.

Amnistía considera el problema de la violencia institucional como “urgente” y destaca que la repetición de casos deja en evidencia “la necesidad de una reforma estructural en las fuerzas de seguridad”.

El informe presenta casos de investigaciones deficientes en, por ejemplo, Santiago del Estero, Córdoba, Chaco como así también en la Provincia y Ciudad de Buenos Aires. Entre los ejemplos, destacó la muerte de Santiago Maldonado, ocurrida entre agosto y octubre de 2017 tras un violento operativo de Gendarmería nacional sobre territorio privado en disputa por la comunidad mapuche, en Chubut.

“A 5 años de la desaparición seguida de muerte de Santiago poco se sabe de lo sucedido. En 2018 la Justicia decidió cerrar la investigación por desaparición forzada por entender que Santiago se había ahogado, desentendiendo de toda responsabilidad a las fuerzas de seguridad por el operativo represivo. La causa se reabrió dos años después pero no ha avanzado. Aún hoy nadie es responsable de la muerte de Santiago, no se esclarecieron las causas que llevaron a su desaparición y muerte, ni hay una línea clara de investigación”, advierte.

Para Amnistía todos los agentes del Estado, “incluidos los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley”, deben rendir cuentas en caso de que, en el ejercicio de sus facultades, hayan vulnerado los derechos humanos de una persona: “La obligación de investigar es uno de los deberes elementales del Estado para garantizar la tutela de los derechos humanos”.

La organización remarca que la impunidad es el principal factor que permite que los hechos de uso excesivo de la fuerza, arbitrario o ilegal se mantengan. Entre las prácticas dentro de las fuerzas que conllevan a ello, Amnistía resalta la deficiencia en las investigaciones judiciales, maniobras de encubrimiento, apego de los funcionarios judiciales a la versión oficial que aporta el personal policial y penitenciario, amenazas y presiones a los posibles testigos de los hechos, entre muchas otras. “Todo ello, implica una clara vulneración al derecho a la verdad, justicia y reparación de las víctimas y sus familias”, concluye.

También puso como ejemplo la muerte de Daiana Abregú, hallada sin vida en 2022 en una comisaría de la ciudad bonaerense de Laprida. Se sospecha que la Policía provincial, con ayuda de la Federal, fraguaron la escena del crimen para hacerlo pasar por un suicidio.

“En el caso de Daiana nos encontramos nuevamente con una fiscalía que no cumple con lineamientos básicos de actuación. Desde el principio, solo se quiso convencer de que se trataba de un suicidio y fueron desechando todos los elementos probatorios que nos indicaban que hubo responsabilidad de terceros, es decir, de la Policía que estaba custodiando a Daiana”, dijo Margarita Jarque, querellante institucional por la Comisión Provincial de la Memoria, para quien fue clave “un informe de la Policía Federal que realizó la reconstrucción del hecho sin respetar los protocolos mínimos de actuación”.

“La falta de cumplimiento de las responsabilidades investigativas es un obstáculo permanente, se quedan con la versión de las policías y no escuchan lo que dice el expediente y tampoco brindan explicaciones”, agregó Jarque.

Para Amnistía, esto sucede porque en Argentina hay falencias en la determinación de los hechos y el curso de las investigaciones; ausencia de instrumentos eficaces para la investigación y recolección de pruebas; inclumpimiento de estándares para la realización de autopsias en casos de muertes potencialmente ilíticas o ausencia de calificación adecuada de los delitos, entre otras.

Las garantías de impunidad ocurren, de acuerdo a la perspectiva de Amnistía, por la falta de investigación de los altos mandos policiales, como responsables de las acciones del personal. “La reticencia de los equipos fiscales no ocurre únicamente respecto al adecuado encuadre de la calificación legal, sino también en la extensión de la responsabilidad de cómplices y encubridores en la cadena de mandos”, advierte.

Al Congreso de la Nación

1. Debatir y sancionar una Ley integral contra la violencia institucional que establezca un amplio marco para documentar, registrar, combatir y prevenir la violencia institucional en todo el país, y proporcione apoyo y reparación a las víctimas.

2. Debatir y sancionar una Ley búsqueda de personas que incluya la creación de una agencia federal de búsqueda de personas desaparecidas que fortalezca los sistemas e instituciones existentes, en línea con las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas.

Al Poder Ejecutivo nacional y de las provincias

1. Implementar medidas urgentes y coordinadas entre el gobierno federal y las jurisdicciones provinciales para desarrollar una política de seguridad respetuosa de los compromisos en materia de derechos humanos asumidos por el Estado, garantizando que las fuerzas de seguridad recurran a la fuerza cuando ello sea necesario, proporcionado y en cumplimiento de un objetivo legítimo.

2. Desarrollar protocolos de actuación para la intervención de las fuerzas de seguridad a nivel nacional y provincial con criterios claros y respetuosos de los estándares internacionales de derechos humanos que refieren a la excepcionalidad del uso de la fuerza, la legalidad, la necesidad y proporcionalidad, con una adecuada rendición de cuentas.

3. Diseñar e implementar programas de formación y capacitación permanentes de las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, con perspectiva de derechos humanos, y en particular, con relación a la prohibición de la desaparición forzada, la tortura y el uso desproporcionado de la fuerza por parte de los agentes del orden, así como la sensibilización sobre derechos humanos y minorías sexuales, raciales, pueblos indígenas, y grupos vulnerables en general.

4. Recolectar y producir de forma regular y consistente datos desagregados que permitan generar un registro oficial unificado y sistemático sobre la actuación de las fuerzas de seguridad, tanto a nivel nacional como provincial para dar cuenta de posibles hechos de violencia institucional.

5. Establecer mecanismos efectivos, independientes y especializados para la rendición de cuentas de las fuerzas de seguridad en todo el país a partir de espacios de diálogo colaborativo y coordinación entre todas las jurisdicciones.

6. Garantizar una rápida investigación administrativa de las denuncias de abusos, ilegalidades y uso abusivo o desproporcionado de la fuerza presentadas contra integrantes de las fuerzas de seguridad, incluyendo la separación preventiva de las tareas de prevención del personal involucrados en abusos y malos tratos, tanto a nivel nacional como provincial.

7. Garantizar una investigación judicial imparcial, independiente, pronta, efectiva y con perspectiva de derechos humanos ante los casos denunciados, que involucre especialmente todas las hipótesis del caso, todas las conductas delictivas bajo una calificación adecuada y la persecución de todos los posibles responsables.

8. Garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales para la investigación de muertes potencialmente ilícitas.

9. Promover herramientas institucionales efectivas de investigación y búsqueda de personas sobre hechos que pudieran involucrar la desaparición forzada y responsabilidad de las fuerzas de seguridad, garantizando que los hechos no queden impunes y las víctimas y sus familias tengan derecho a la verdad y reparación.

10. En línea con las recomendaciones del Comité contra las Desapariciones Forzadas de Naciones Unidas, crear un registro oficial sistematizado y federal de las personas víctimas de desaparición forzada, y un registro único con información de los cuerpos recuperados sin identificar y la ausencia de una política pública para su resguardo e identificación, y recomendó la creación de un registro oficial único y centralizado de personas desaparecidas en democracia.

11. Garantizar la participación y el acceso a la justicia de las víctimas, permitiendo su involucramiento en todas las etapas del proceso y brindando herramientas de prevención, protección y reparación ante amenazas, hostigamiento y persecución ante el pedido de justicia.

12. Realizar campañas de concientización y difundir en forma amplia los canales institucionales habilitados para denunciar ante potenciales abusos de las fuerzas de seguridad (direcciones web, números telefónicos, etc.) y brindar herramientas de acceso a la justicia de manera eficaz, particularmente a las personas en situación de vulnerabilidad.

Al Poder Judicial de la Nación y los poderes judiciales de las provincias

1. Crear un mecanismo a nivel nacional para los servicios de medicina legal y las ciencias forenses, a fin de promover y apoyar la efectiva implementación de este y de otros estándares de buena práctica forense, coordinar esfuerzos y apoyar procesos de control y garantía de calidad de los servicios médico-legales y forenses en todo el país, en línea con lo recomendado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias.

2. Promover la formación y capacitación permanente de los agentes y funcionarios judiciales y fiscales para el máximo respeto de los estándares internacionales en materia de investigación y sanción de la violencia policial con adecuada perspectiva de género y, en particular, sobre el adecuado seguimiento del Protocolo de Minnesota para la investigación de muertes potencialmente ilícitas.

3. Dotar de las herramientas y tecnología necesarias a todas las unidades de investigación a nivel nacional y provincial, promoviendo, a su vez, la debida coordinación y colaboración entre las mismas para garantizar investigaciones efectivas y eficaces.

4. Avanzar en la responsabilidad de los funcionarios judiciales y fiscales que incumplan con los estándares internacionales para la investigación de hechos que involucran la responsabilidad de las fuerzas de seguridad, incluyendo la resistencia a la debida calificación de los delitos o la investigación de la responsabilidad de mandos.

5. Garantizar que, en todas las etapas investigativas, las víctimas puedan formular sus pretensiones y presentar elementos probatorios y que estos sean analizados de forma completa y seria por las autoridades antes de que se resuelva sobre hechos, responsabilidades, penas y reparaciones.

6. Garantizar una investigación urgente, imparcial y eficaz ante actos de intimidación, hostigamiento y/o amenazas contra víctimas, sus familiares, testigos y/o sus abogados, y tomar medidas de protección urgentes ante la denuncia de tales hechos.

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