Ola de allanamientos contra el clan Los Marolas de la Villa 1-11-14, los acusados del crimen de Nayla

Hoy por la mañana, 500 efectivos de Gendarmería Nacional ingresaron en la Villa 1-11-14 para allanar 40 objetivos vinculados al clan Los Marolas, una familia criminal de la zona acusada por vecinos de de ser parte del asesinato de Nayla Torrilla, de cuatro años, muerta a tiros en el fuego cruzado de un enfrentamiento armado en la zona en febrero pasado. El clan, integrado por la familia González, está enfrentado históricamente a otra familia criminal en el Bajo Flores, Los Cabrales: el tiroteo entre ambos grupos le habría costado la vida a la menor, que jugaba con amigas al momento de ser asesinada.

Ahora, Los Marolas son acusados de los delitos de venta de drogas, robos, usurpaciones y amenazas coactivas. En los nuevos procedimientos interviene el juez Mariano Iturralde, la PROCUNAR -el ala de la Procuración dedicada a investigar delitos de narcotráfico con el fiscal Diego Iglesias- la fiscal Silvana Russi y la UFEIDE del MPF porteño, a cargo de Cecilia Amil Martín.

Por lo pronto, hay once detenidos, con dos prófugos que todavía son buscados. Se secuestraron drogas, armas y dinero.

Los Marolas, según documentos judiciales, operan entre la Avenida Bonorino, la calle 10, la calle Ana María Janer y la calle Charrúa del asentamiento. Sandro Gustavo González, alias “El Intendente”, de 46 años, ex empleado de constructoras y empresas de limpieza, es sindicado por la PROCUNAR y la fiscal Russi como el presunto líder del grupo, junto con al menos cinco de sus hijos.

Su principal actividad, sospecha la Justicia, es el narcomenudeo de pasta base, cocaína y marihuana, tras un pasado en la piratería del asfalto. Su método, tal como el de otros traficantes de alto grado de violencia como César Morán de la Cruz, ex jefe del Playón Este de la Villa 31 bis, es la intimidación: amenazan a vecinos para que no los denuncien y les expropian sus casas para convertirlos en kioskos de droga. Luego, se les atribuyen robos a mano armada. Portan ametralladoras, según la investigación, que incluyó meses de vigilancia encubierta a cargo de GNA. Operan lejos de la banda peruana vinculada a “Marcos” Estrada González, capo de la droga de la zona, históricamente centrada en manzanas como la 25, un planeta criminal aparte en el Bajo Flores.

Sin embargo, su ferocidad y su ánimo de expansión se asemejan al del capo. Sus negocios comenzaron en algún momento de 2022. En poco menos de un año, se convirtieron en señores de todo un sector del asentamiento.

El hecho que llevó a la redada en contra de los Marola no fue el crimen de Nayla, sino una balacera ocurrida siete meses antes, el 5 de junio de 2022, cuando dos hombres a bordo de una moto dispararon contra una casa de la manzana 2 del barrio Illia. Un grupo de gendarmes allanó la guarida de la Torre I de Bonorino donde se escondieron tras huir, sin encontrarlos. Hallaron setenta gramos de cocaína y medio kilo de porro. También, un teléfono donde podía verse a uno de los González junto a su novia. Varias fuentes en el barrio aseguraron que los tiradores eran Jonathan y Agustín, miembros del clan, que suelen posar con armas de fuego en Instagram.

Las amenazas a vecinas para quedarse con sus casas son atribuidas a mujeres de la organización. “Te voy a sacar de tu departamento, yo si te lo voy a sacar y me voy a quedar con esa casa. Te voy a cagar a puñaladas”, gritó una de las imputadas de la causa. Varios vecinos sufrieron golpizas.

El 14 de junio de 2022, una de las González cruzó a otra vecina: “Ortiva de mierda, ándate del barrio porque voy a hablar con mis hermanos Jonathan y Agustín para que te caguen a tiros el departamento de tu mamá, ni la policía te va a defender”. Agustín González también fue acusado de amenazar otra familia en la zona de Bonorino, a punta de pistola: “Ortiva, o se van o los sacamos nosotros”, gritó, un hecho que data de febrero de este año.

Hay planes más oscuros. Versiones en el expediente aseguran que Sandro González, el jefe, buscaría formar su propia cooperativa en el barrio, amenazando a vecinos. Las cooperativas son clave en la lógica interna de las villas. Implican un control institucional del territorio y más aún, el control de subsidios públicos. María Laura Benítez, pareja de Sandro, también es sindicada como parte de la organización.

Ser hijo del jefe implica cierta jerarquía. Agustín, por ejemplo, está sospechado del regenteo de bunkers de la banda, con soldaditos a su cargo. Jonathan se encargaría del control de diversos soldaditos, así como de la recaudación del grupo. Suele mostrarse en la Villa con sus pistoleros, agitando sus armas al aire, para fotografiarse y luego postearlo en redes. Jésica, mayor que ellos, es la acusada de extorsionar vecinos.

La membresía es expansiva. Los novios de las hijas de “El Intendente” también son parte de la nómina. Otros en la Villa también son sus cómplices, con sus domicilios que funcionan como aguantaderos de armas de fuego y bolsas de droga.

Seguir leyendo: