Según el ex jefe de la División Homicidios de la Policía Federal Argentina que intervino en la investigación del crimen de Lucas González, el adolescente asesinado por agentes de una brigada de la Policía de la Ciudad en 2021 en el barrio de Barracas, aseguró este jueves que los presuntos asesinos “no corrían riesgo de vida como para utilizar sus armas”.
Lo hizo al declarar como testigo en el juicio que se le sigue a 14 policías de la Ciudad por el homicidio y el posterior encubrimiento. “Fue un hecho aberrante. Las circunstancias en que muere la víctima es un hecho aberrante y las conductas que llevaron a cabo la dotación del móvil policial deja mucho que desear”, afirmó esta mañana en la sede judicial de la calle Paraguay, en la Ciudad de Buenos Aires, el comisario Gustavo Gauna.
Gauna fue durante 15 años jefe de la División Homicidios y, actualmente, está a cargo del departamento de Trata de Personas de la PFA. Momentos después del crimen de Lucas fue quien comandó las primeras diligencias en la investigación del caso.
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En su exposición ante los jueces del Tribunal Oral en lo Criminal N°25 porteño, el jefe policial consideró que los acusados “no tenían riesgo de vida como para utilizar sus armas”. Se refería a los policías porteños Gabriel Alejandro Issasi (41), Fabián Andrés López (48) y Juan José Nieva (37), entonces integrantes de la Brigada 6 de la Comuna 4 de la ciudad. Además de ellos, hay otros 11 agentes están acusados por encubrimiento y otros delitos clásicos en hechos de violencia institucional.
“En mi experiencia como personal policial, si yo no tengo riesgo de vida, no tengo por qué hacer uso de mi arma de fuego. A mi entender, el personal policial no corría riesgo de vida”, remarcó Gauna y fue tajante al asegurar que ese 17 de noviembre “no hubo enfrentamiento armado” entre los jóvenes que iban a bordo del Volskwagen Surán y los efectivos que tripulaban un Nissan Tiida sin identificaciones de la Policía.
Antes del testimonio de Gauna ante los jueces Ana Dieta de Herrero, Daniel Navarro y Marcelo Bartumeu Romero, declaró otro agente de la PFA, el principal Gustavo Maciel, quien estuvo a cargo de la coordinación de las cuatro brigadas de la División Homicidios.
El testigo indicó que de los análisis realizados no pudo establecerse que el auto utilizado por los acusados llevara balizas o sirena al momento de la persecución del coche en el que viajaba Lucas con sus amigos Julián Salas, Joaquín Zuñiga y Niven Huanca.
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“Acorde a los protocolos de la Policía, no se puede hacer una persecución sin balizas, debido a la peligrosidad que eso implica. Por eso, se identifican con sirenas o balizas. En el video no vi balizas ni la sirena, denominada ´chichón´”, afirmó Maciel.
La cuarta audiencia del juicio por el crimen del adolescente de 17 años tuvo también la declaración de más agentes de la PFA y de dos vecinos de Barracas que fueron testigos de la detención de los amigos de Lucas y las torturas a las que fueron sometidos por el personal policial instantes después de la persecución y asesinato del adolescente.
El crimen de Lucas fue cometido en la mañana del 17 de noviembre de 2021, cuando el adolescente y tres amigos salieron de entrenar en Barracas y se subieron al Volkswagen Suran del padre de uno de ellos para volver a la localidad bonaerense de Florencio Varela, donde vivían.
Tras detenerse en un kiosco, los chicos comenzaron a ser perseguidos por un Nissan Tiida en el que circulaban tres policías de la Brigada 6 de la Comisaría Vecinal 4D, que no estaban uniformados ni llevaban balizas.
Por ese motivo, los chicos pensaron que podían ser ladrones e intentaron escapar, momento en que los policías les dispararon. Un balazo impactó en la cabeza de Lucas, quien murió al día siguiente en el Hospital El Cruce de Florencio Varela.
De acuerdo con la investigación, tras disparar contra los chicos, los policías intentaron simular que se había tratado de un enfrentamiento con delincuentes, maniobra a la que se habrían sumado otros efectivos, que “plantaron” un arma en el auto de las víctimas.
De qué se acusa a los policías
A Issasi, López y Nieva se les adjudica la coautoría del delito de “homicidio agravado por haber sido cometido con alevosía, por placer, por odio racial, por el concurso premeditado de dos o más personas y por cometerse abusando de su función o cargo por un miembro de una fuerza policial”.
Además, los tres enfrentarán cargos por las “tentativa de homicidio agravado, falsedad ideológica y privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley”, en el caso de los amigos de Lucas.
En tanto, otros 11 policías de la Ciudad, también detenidos, están siendo juzgados por el encubrimiento del crimen de Lucas y las torturas las que fueron sometidos los otros chicos. Se trata del comisario inspector del Departamento Comunal Vecinal 4 Daniel Alberto Santana (50); el comisario de la Comuna Vecinal 4A, Rodolfo Alejandro Ozán (54); el comisario de la Comisaría Vecinal 4D, Fabián Alberto Du Santos (51); el comisario de la Comuna 4D, Ramón Jesús Chocobar (48) y el comisario Juan Horacio Romero (51) y el subcomisario Roberto Orlando Inca (47), ambos de la División Sumarios y Brigadas de la Comuna 4.
También llegan a juicio el principal de la Comuna 4D, Héctor Claudio Cuevas (50); y los oficiales de la Comisaría Vecinal 4D Sebastián Jorge Baidón (28), Jonathan Alexis Martínez (34), Ángel Darío Arévalos (34) y Daniel Rubén Espinosa (33).
Todos están acusados por “falsedad ideológica, privación ilegal de la libertad agravada por abuso funcional y sin previsión de la ley, encubrimiento agravado por la condición de funcionarios públicos y por ser el delito precedente especialmente grave e imposición de torturas” y, en el caso de Cuevas e Inca también por “falso testimonio agravado por haber sido cometido en una causa penal y en perjuicio de los imputados”.
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