Agustín Ramírez tenía 18 años y murió en un accidente de tránsito en Campana. Iba sin casco a bordo de una moto que manejaba su tía y que, según la pericia accidentológica, se incorporó sin frenar a una ruta desde un camino. Chocaron contra un auto que venía por la traza principal. Para la fiscal del caso, Ana Laura Brizuela, hay responsabilidad compartida entre la mujer y el conductor del coche en el homicidio culposo del joven. La familia de la víctima no tomó con agrado esa decisión y, este miércoles, junto a allegados se manifestaron frente a la Fiscalía. Fue entonces que Brizuela fue agredida cuando iba hacia su oficina.
“Es una locura, ya pasamos un límite. Podés estar de acuerdo o no con la resolución, pero acá fueron a agredirme y golpearme”, dijo en diálogo con Infobae la fiscal Brizuela, titular de la UFI N°2 de Campana, y confirmó que hay dos mujeres aprehendidas por el ataque: tienen el mismo apellido que la víctima.
“Me pegaron dos golpes de puño en el rostro, entre medio de los policías que me custodiaban, y una patada en la cintura. Incluso, a una agente le pegaron, la tiraron y cuando se quiso levantar le volvieron a pegar”, relató la funcionaria judicial.
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Las imágenes de los videos que se viralizaron y acompañan esta nota son claras: es que este miércoles, tanto el conductor imputado como la tía de la víctima estaban citados para declarar, pero para evitar incidentes se decidió que lo hicieran en lugares distintos. Justamente, la fiscalía tiene otra oficina a unos 100 metros del edificio principal.
Fue en ese recorrido que hacía la fiscal Brizuela, junto a su secretario, que los manifestantes por la muerte de Ramírez, ocurrida el año pasado sobre la Ruta 6, en el barrio San Cayetano; la acorralaron, la amedrentaron y la golpearon. También le pegaron al conductor del Mercedes Benz 220 acusado, Ezequiel Girard, quien iba a 80 kilómetros por hora cuando la máxima era 60, al momento de la muerte de Ramírez. El joven, que no tenía casco, al caer golpeó su cabeza contra el asfalto y sufrió una fractura de cráneo fatal.
La fiscal entendió que, como la moto se incorpora a ruta desde camino adyacente, donde había una señal de PARE sin frenar, la tía que manejaba tiene responsabilidad también. Así como el conductor que iba 20 kilómetros más rápido de lo permitido. Por ende, les imputó la responsabilidad concurrente en el homicidio culposo.
Este miércoles, ante las declaraciones de los dos imputados, los familiares de la víctima y de la mujer acusada se manifestaron. Había varios policías en el lugar desde temprano, pero la agresión ocurrió igual: “Nos corrieron a mí y a mi secretario por 70 metros, rodeados de policías”, recordó Brizuela, quien adelantó que se excusará de la causa: “Ya no puedo ser objetiva”.
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“Más que el golpe físico me duele lo otro: tener miedo por estar trabajando. Estaba yendo de una oficia a la otra y te encontrás con esto en el medio. No lo puedo creer”, concluyó.
Repudio de los fiscales
La Asociación Argentina de Fiscales (AAF) expresó “su máximo repudio por la agresión violenta sufrida” por Brizuela y destacó que esto “expone dos graves problemas que enfrentan a diario los fiscales de Buenos Aires”.
Primero, remarcaron la “falta de seguridad”, tanto personal como en los edificios; la “inexistencia de protocolos” en las dependencias como en los traslados; y la ausencia de “regulación administrativa sobre restricciones de acceso y circulación a personas no autorizadas, a lo que se suma la inexistencia de dispositivos electrónicos destinados a la detección de riesgos”.
Luego, remarcaron la “falta de ética por parte de abogados (que de ninguna manera es una generalización extensiva a la totalidad del cuerpo profesional, pero que se verifica en franco aumento) que valiéndose de mentiras, a veces generando presiones sociales a través de los medios de comunicación, provocan un grave daño sobre la percepción sobre la justicia, y en definitiva pretenden resolver las cuestiones judiciales en el terreno de lo económico, lo mediático, lo emocional para influenciar en las decisiones de fiscales y jueces, o bien para explicar los resultados de una gestión adversa”.
Tras solidarizarse con la fiscal, recordaron al “Estado provincial que la obligación de dispensar seguridad al cuerpo de fiscales es de carácter convencional y que su incumplimiento es susceptible de responsabilidad del Estado Nacional”.
En sintonía, la Federación Argentina de la Magistratura y la Función Judicial (FAM) también repudió la golpiza a la fiscal “de intachable trayectoria”, que “actuó con el máximo de rigor en la causa de un homicidio culposo provocado por un accidente de tránsito”.
“Fue atacada a golpes de puño y puntapiés en el momento en el que estaba por realizar una audiencia dentro de ese expediente”, lamentaron. Además, solicitaron “la adopción de medidas suficientes para garantizar la seguridad de las y los operadores judiciales”.
Por su parte, la Asociación de Fiscales de la Provincia de Buenos Aires solicitó una “reunión urgente” con el Procurador General Bonaerense, así como también un encuentro con el Presidente de la Corte suprema de Justicia de la Provincia y el Fiscal General del Departamento Judicatura de Zárate Campana “con el fin de que se adopten medidas necesarias para garantizar la normal y adecuada prestación del servicio de la Justicia”.
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