Dos policías fueron condenados ayer a prisión perpetua y otros nueve agentes recibieron penas de entre 1 y 5 años por intentar encubrir el asesinato de Blas Correas, de 17 años.
El tribunal fue enfático al subrayar que el de Blas fue un caso de violencia institucional y que, para evitar la repetición de estos hechos, las fuerzas de seguridad deberán realizar de modo urgente las capacitaciones pertinentes.
Tras la audiencia del juicio en la que se dio a conocer el veredicto del jurado, Soledad Laciar, madre de la víctima, ofreció una conferencia de prensa junto a su familia, su abogado y a Amnistía Internacional. La organización de derechos humanos viajó a la ciudad de Córdoba para acompañar a su familia, dar apoyo y difusión al caso.
“La sentencia de hoy fue mucho más allá de lo que yo esperaba. Desde donde sea que esté sé que mi hijo hoy está contento porque se hizo justicia”, señaló Laciar.
En la misma línea, la directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, Paola García Rey, destacó que el asesinato del joven “marcó un antes y un después en la visibilización de la violencia policial en Córdoba”.
El 6 de agosto de 2020, Blas viajaba en el asiento de atrás del auto que compartía con cuatro amigos. De regreso a su casa dieron un giro equivocado en una calle. Según muestran las cámaras de seguridad, unos metros más adelante había dos patrulleros y policías con armas esperándolos. Los jóvenes se habrían asustado y por eso no se detuvieron. Sin dar ningún aviso, la policía comenzó a disparar hacia el auto.
Blas recibió un tiro que ingresó por la luneta del auto y atravesó uno de sus omóplatos. Sus amigos hicieron todo lo posible para ayudarlo y lo llevaron a una clínica que se negó a atenderlo. Camino a otro hospital, fueron nuevamente interceptados por la policía que les impidió seguir. Blas murió sin llegar a ser atendido.
“La sociedad en su conjunto exigió una justicia eficaz que garantice que el de Blas no se trate de otro caso más de violencia policial impune. Por eso hoy esta decisión simboliza un primer paso en la dirección correcta: cuando las instituciones judiciales investigan y se comprometen con la búsqueda de la verdad, puede haber justicia. Sin embargo, es urgente poder promover que casos como éste no sean la excepción sino la regla que empiece a regir, para poder reconstruir los niveles de confianza de la población hacia las fuerzas de seguridad y la justicia, hoy fracturada”, continuó.
Tras la jornada de la sentencia, el abogado de la familia, Alejandro Pérez Moreno, subrayó el fuerte pedido del tribunal de que los policías no solo deben ser capacitados, sino que también se debe cumplir con el control del uso de armas de fuego.
El juicio oral comenzó el 7 de septiembre del año pasado. En el proceso se acusó a 13 policías por la muerte del adolescente, y por intentar encubrir la escena y simular un supuesto enfrentamiento.
En octubre, se supo que otros 10 efectivos dejaron agonizar a Blas y no le bridaron atención médica, por lo tanto, ante la denuncia de la familia, fueron puestos en situación pasiva y son investigados de manera interna.
“En éste, como en todos los casos de violencia policial, es imperativo que las fuerzas rindan cuentas ante su accionar y que, con la correspondiente condena a los responsables, se dé un mensaje ejemplificador para evitar la repetición de estos hechos tanto en Córdoba como en el resto del país”, señaló Amnistía Internacional en un comunicado.
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