Un jurado popular de ocho ciudadanos más dos jueces técnicos de la Cámara declararon culpables ayer en la ciudad de Córdoba a los policías implicados en el asesinato de Blas Correas (17) y y el intento de encubrimiento del crimen, ocurrido en agosto de 2020 mientras el adolescente viajaba en un auto con cuatro amigos, que sobrevivieron a las balas incrustadas en el auto. Lucas Damián Gómez (37) y Javier Catriel Alarcón (33), los que dispararon contra el joven, fueron condenados a prisión perpetua. Otros nueve agentes también resultaron castigados con penas de entre 1 año y 5 años de prisión por los delitos de encubrimiento y falso testimonio.
Los cabos de la Policía cordobesa fueron considerados por unanimidad autores del homicidio calificado por ser integrantes de la Policía y agravado por el uso de arma de fuego y también por la tentativa de homicidio contra los cuatro otros chicos que iban a bordo del Fiat Argo en el que viajaban cuando fueron atacados, también agravado por el uso de arma de fuego y calificado por ser empleados de la fuerza de seguridad.
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El jurado se tomó largas horas para deliberar sobre los 13 imputados. Cerca de las 16 se anunció que la lectura se haría a las 17.30, pero se demoró más de una hora porque uno de los ciudadanos del tribunal popular se descompensó. Finalmente, el tribunal leyó un extenso veredicto.
Un rato antes del cuarto intermedio, durante la mañana, Gómez había declarado en su espacio de “últimas palabras”, frente a los padres de Blas: “Hace dos años y casi ocho meses que le vengo pidiendo a Dios por ustedes para que les dé la fuerza necesaria”, dijo mirando a los familiares y agregó: “Quiero realmente pedir perdón por lo sucedido. No fue mi intención quitarle la vida a nadie, eso mi Dios lo sabe”.
Gómez disparó cuatro veces con su arma reglamentaria contra el automóvil. Además de la condena a reclusión perpetua, recibió una inhabilitación absoluta y especial para desempeñar empleo y cargo público. Lo mismo ocurrió con Alarcón, que efectuó dos disparos.
Wanda Esquivel (34), la policía que plantó el arma para intentar confundir a los investigadores pero que luego se quebró y confesó el delito fue condenada a 3 años de prisión, a pesar de que la fiscalía había pedido una pena de cinco. Permanecerá con prisión domiciliaria.
La oficial ayudante Yamila Martínez (25) fue condenada a cuatro años y tres meses de prisión e inhabilitación especial por tres años; Leandro Alexis Quevedo, condenado a cuatro años de prisión; el cabo Ezequiel Vélez (25), a dos años y seis meses de prisión, por lo que no irá a prisión al ser la pena menor a tres años; el subcomisario Sergio González (44), terminó condenado por “falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho y omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal” a cuatro años y diez meses de prisión.
Además, Walter Soria (45) recibió una pena de cuatro años y nueve meses por “falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional y por la gravedad del hecho y omisión de deberes de funcionario público en concurso ideal”. Por ese mismo delito, también fueron condenados el subcomisario Enzo Quiroga (36), a cuatro años y ocho meses de prisión; el comisario inspector Jorge Galleguillo (46), a cuatro años y ocho meses; el comisario Juan Antonio Gatica (46), a cuatro años de prisión.
También, el agente Juan Orlando Ramírez recibió una condena de un año de prisión, con ejecución condicional, por vejaciones a algunos de los menores sobrevivientes que viajaban en el auto con Blas Correas.
En tanto, Leonardo Martínez (20) y Rodrigo Toloza, para quienes los fiscales habían pedido cinco años de prisión por encubrimiento, fueron absueltos.
En todos los casos, excepto para Gómez y Alarcón, las penas impuestas por los jueces de la Cámara 8a. fueron menores a las pedidas por el Ministerio Público Fiscal.
“El asesinato de Blas marcó un antes y un después en la visibilización de la violencia policial en Córdoba. La sociedad en su conjunto exigió una justicia eficaz que garantice que el de Blas no se trate de otro caso más de violencia policial impune. Por eso hoy esta decisión simboliza un primer paso en la dirección correcta: cuando las instituciones judiciales investigan y se comprometen con la búsqueda de la verdad, puede haber justicia”, declaró después de escuchar el veredicto Paola García Rey, directora adjunta de Amnistía Internacional Argentina, organización que participó del juicio como veedora y acompañó a la familia de la víctima.
Sin embargo, García Rey aclaró que “es urgente poder promover que casos como éste no sean la excepción sino la regla que empiece a regir, para poder reconstruir los niveles de confianza de la población hacia las fuerzas de seguridad y la justicia, hoy fracturada“.