Por narcotráfico, pidieron 12 años de prisión para un exjefe de Prefectura de Corrientes

El Ministerio Público exigió una pena de 12 años de prisión y 24 de inhabilitación para ocupar cargos públicos para un exjefe de la Prefectura Naval Argentina (PNA) de Corrientes que está acusado de narcotráfico.

Se trata de Raúl Gastón Fontana, de 42 años, quien asumió en 2021 el cargo de jefe de la PNA en la localidad correntina Itá Ibaté. Sin embargo, la investigación comenzó en septiembre de 2020 luego de que la Gendarmería detectara operaciones de traslado de marihuana sobre el río Paraná.

En ese momento, el oficial se desempeñaba como jefe de Operaciones de Frontera de la PNA. Luego, tomó la dirección de la fuerza en la localidad y, tiempo después, fue detenido por ser identificado en unas conversaciones telefónicas.

De esta manera, Fontana fue imputado como supuesto organizador del transporte de estupefacientes agravado por ser funcionario público. De igual forma, el hombre no es el único involucrado en la causa, ya que existe un supuesto cómplice: Aníbal Vicente Torres, de 39 años.

Según la información de Télam, este último era el presunto encargado de gestionar la distribución de la droga que provenía de República del Paraguay y de obtener información sobre los futuros traslados que se realizarían, por lo que también tenía a cargo garantizar la entrega a los compradores. Para esto, utilizaba “diversos contactos”, según sostiene el expediente.

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Durante el juicio, un grupo de agentes de la PNA declaró que recibieron órdenes de Fontana de secuestrarle a Torres una embarcación y material de pesca, quien para obtener la devolución de los elementos debía brindar información sobre el traslado de estupefacientes.

El fiscal que lleva adelante el caso, Carlos Schaefer reclamó el jueves durante la etapa de alegatos ante el Tribunal Oral Federal (TOF) de Corrientes 12 años de prisión y el doble de inhabilitación para ocupar cargos públicos.

Por otro lado, la defensa de Torres y la Fiscalía consideraron oportuno solicitar la absolución y la libertad inmediata del supuesto cómplice a raíz de los testimonios que se escucharon durante el proceso legal.

Schaefer también pidió a los jueces Víctor Alonso, Fermín Ceroleni y Manuel Moreyra que se abra una nueva investigación por el presunto delito de coacción por parte de Fontana y otros sospechosos identificados como Gabriel Ayala y Cristián Galeano. Tal como planteó el fiscal, estas personas habrían presionado a Torres para que brinde información sensible sobre el paso de los estupefacientes por las costas que estaban en su dominio. Mientras espera que su condena quede firme, Fontana permanece detenido con prisión preventiva en la provincia de Santiago del Estero.

La cercanía con el río y con la frontera convierten a Corrientes en un territorio utilizado por el narcotráfico para el ingreso, distribución y egreso de estupefacientes.

De hecho, hace tan solo unos días, Gendarmería incautó 42 kilos de cannabis sativa que era transportada en una encomienda que había salido de Corrientes y tenía como destino final Concordia, Entre Ríos. Como producto de este operativo, quedó detenido un hombre que fue a retirar el paquete al correo.

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Al igual de como sucede en la provincia de Santa Fe, la Justicia correntina tiene una gran cantidad de juicios vinculados al comercio de estupefacientes. Así, suma varios elementos que son de consideración para las diferentes casusas.

En ese sentido, decomisó hace un mes bienes relacionados a una de las investigaciones, los cuales serán utilizados de ahora en más para combatir a las organizaciones criminales de narcotráfico. Entre los vehículos decomisados se encuentran un Renault Logan, un Peugeot 207, una camioneta Ford F100, un utilitario Fiat Doblo, un automóvil Volkswagen Bora, un BMW 1181, un Volkswagen Voyage, un Toyota Corolla, una camioneta Volkswagen Amarok, una lancha y una motocicleta Guerrero 70.

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