La fiscal que investiga el femicidio de Lola Chomnalez, la adolescente argentina asesinada en diciembre de 2014 en la playa uruguaya de Barra de Valizas, pidió que el presunto autor del crimen sea condenado a 30 años de prisión.
Esa es la pena que solicitó la fiscal de Rocha, Mariela Núñez, para Leonardo David Sena (39), e implica la pena máxima establecida en el Código Penal de Uruguay para el delito de “homicidio muy especialmente agravado”.
Como el crimen ocurrió antes de la última reforma judicial de ese país, se trata de un juicio escrito, no oral, el cual está a cargo del juez Juan Letrado Giménez Vera, del Primer Turno de Rocha.
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Según las fuentes, ahora el magistrado le correrá vista del pedido de la fiscal a la defensa de Sena que, a su vez, contestará al requerimiento del Ministerio Público, tras lo cual se conocerá si condenan al acusado y el monto de la pena.
“Entendemos que el pedido de la fiscalía está ajustado a derecho”, dijo a la agencia de noticias Télam Jorge Barrera, uno de los abogados de la familia de Lola, que aportan pruebas a la causa a través de la fiscalía.
“Era lo que esperábamos porque se comprobaron los hechos y los elementos exculpatorios que expuso el propio Sena carecían de verosimilitud”, indicó el letrado. Por otro lado, resta que se expida la Suprema Corte de Justicia (SCJ) de Uruguay respecto del otro acusado que tiene la causa: Ángel Eduardo Moreira Martínez, alias “El Cachila”.
Este “cuidacoches” fue absuelto en primera instancia por el juez Giménez Vera, pero el Tribunal de Apelaciones del 4° Turno revocó en febrero pasado ese fallo y lo condenó a 8 años de prisión por “encubrimiento” del crimen.
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Moreira fue liberado en junio del año pasado tras la absolución de primera instancia, pero volvió a ser detenido durante unos meses por violar una restricción de acercamiento solicitada por su expareja y por la que cumple arresto domiciliario.
La absolución de “Cachila” fue apelada por la ahora exfiscal de Rocha, Jéssica Pereyra, quien había requerido una condena de 10 años de prisión.
Mientras que el fallo de Apelaciones, a cargo de los jueces Luis Vicinguerra, Ángel Shaban y Gabriela Cobelli, resolvió por unanimidad que le correspondían 8 años de cárcel. Si la Suprema Corte confirma esa última decisión, Moreira deberá volver a prisión.
Sena, que tiene antecedentes penales por otros dos hechos, fue detenido en mayo de 2022 en el Chuy, en el límite de Uruguay con Brasil, luego de que distintos testigos señalaron que era frecuente verlo en la zona de Castillos y Rocha, y que un cotejo de ADN dio positivo respecto de su sangre y la hallada en la escena del crimen.
“A través de material genético pudimos ubicar a una persona, que es quien depositó su material genético, valga la redundancia, en la escena del hecho, es decir, en la toalla que estaba en el interior de la mochila que llevaba Lola en su interior el día que falleció y en su documento nacional de identificación argentino”, explicó el juez Giménez Vera.
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A su vez, Sena aseguró que es inocente y que su sangre llegó a los mencionados elementos porque se había cortado con una botella de vidrio mientras trabajaba, poco antes de que fuera a tomar mates a la playa donde se encontró con la mochila de Lola y sus pertenencias.
Pero varios testigos lo contradijeron.
El caso
Lola viajó a Barra de Valizas el sábado 27 de diciembre de 2014 y se alojó en la casa de su madrina. Al día siguiente, la adolescente desapareció cuando salió a caminar por la playa y dos días después fue encontrada asesinada a unos cuatro kilómetros de la casa, en una zona de médanos.
Mediante la autopsia se determinó que murió por asfixia por sofocación y que presentaba varios cortes hechos con un arma blanca en distintas partes del cuerpo.
Para la fiscalía, la adolescente trató de escapar corriendo de sus asesinos, fue alcanzada, herida con un arma blanca y golpeada en la cabeza para finalmente morir asfixiada cuando, ante sus probables pedidos de auxilio, le apretaron la cara contra la arena.
“El Cachila” fue detenido al comienzo de la investigación, pero quedó libre ya que dio negativo el cotejo de su ADN con el material genético hallado en los objetos de la víctima, pero en 2019 la Justicia uruguaya lo volvió a imputar y lo detuvo como encubridor al concluir que “estuvo presente antes, durante y después del homicidio” de la adolescente.
Desde entonces, los peritos de la Policía Científica continuaron con los cotejos de ADN con cada uno de los nuevos ingresados al sistema carcelario por otras causas y así llegaron al familiar del ahora acusado de ser el autor material del crimen.
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