El ataque a tiros al supermercado Único de la familia de Antonella Roccuzzo fue uno más de los que padecen los vecinos de Rosario, pero la amenaza que llevó el nombre de Lionel Messi puso la lupa del mundo sobre una ciudad cercada por la violencia narco y un fenómeno que crece: las balaceras. La Unidad Fiscal que las investiga registró un promedio de nueve diarias este año. En lo que va de marzo, esa cifra asciende a 16.
Fuentes oficiales indicaron a Infobae que en enero hubo 142 ingresos de legajos, en febrero 175 y, en lo que va de marzo, 65. En estos tres primeros meses del año, van 382 balaceras. En agosto, septiembre y octubre del año pasado, se habían contado 257.
Las fuentes consultas por este medio indicaron que el equipo de fiscales que dirige Valeria Haurigot no da abasto: son solo cuatro funcionarios que investigan, detienen y llevan adelante las audiencias imputativas de cada hecho que son, en su gran mayoría, ordenados desde las cárceles.
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Completan la unidad especial -creada en 2020- los fiscales Pablo Socca, Franco Carbone y Federico Rébola, quien está a cargo de la causa que investiga la amenaza al astro del PSG y de la Selección y al intendente Pablo Javkin.
“La situación empeoró”, señaló la funcionaria del Ministerio Público de la Acusación (MPA) Haurigot en una entrevista con este medio, mientras las fuerzas federales enviadas por el Gobierno nacional hacían pie en el territorio.
Haurigot afirmó que el aumento se dio luego del traslado de los grandes líderes narco a cárceles federales que tuvo lugar en julio de 2021, después de una fuga de internos del penal de Piñero a cargo de un comando de delincuentes que empleó amoladoras y ametralladoras para soltar a ocho detenidos.
La fiscal que investiga las balaceras explicó que a través de teléfonos que usan en los penales los jefes de las organizaciones emitieron “una cantidad órdenes nunca vista”. “Y la crueldad que manejan, de la que hay evidencia”, agregó.
Este miércoles, el procurador interino Eduardo Casal y fiscales federales de organismos como la PROCUNAR se reunieron con el Gobierno nacional para comunicar recomendaciones para frenar los encargos, como medidas sobre la utilización de teléfonos desde los complejos penitenciarios a cargo del SPF, intervenido por María Laura Garrigós.
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Fuentes de la procuración a cargo de Diego Iglesias indicaron que entregaron, a la vez, un informe actualizado sobre la situación en los penales federales de toda la Argentina que encierra a 19 de los líderes narcos más poderosos del país, un documento que presentaron, por primera vez, en octubre de 2021.
El informe dio cuenta de la respuesta judicial disímil dada por parte de los diferentes juzgados que tienen a su cargo la detención y/o control de la ejecución de las penas privativas de la libertad de las personas condenadas por hechos de narcocriminalidad organizada.
“Pese a la prohibición expresa prevista en el artículo 160 de la ley 24.660 -de ejecución penal- y las recomendaciones emitidas por este Ministerio Público Fiscal en 2021, la PROCUNAR volvió a constatar que las comunicaciones y la utilización de equipos o terminales móviles en establecimientos penitenciarios por parte de reclusos de alto perfil continúa siendo de uso cotidiano”, indicó la procuración en un comunicado publicado en el sitio Fiscales.gob.ar.
La PROCUNAR “puso de relieve la seria amenaza que ello representa”. Las organizaciones “siguen consolidando los lazos delictivos, que permiten su avance en el territorio argentino y continúan afectando a la sociedad en su conjunto, así como las mayores dificultades que este fenómeno acarrea para las investigaciones penales”, precisó.
Por otro lado, Casal “decidió entablar una coordinación interinstitucional con la Corte Suprema de Justicia de la Nación para promover un abordaje estructural e integral a la problemática tratada”, de acuerdo a un comunicado del organismo a su cargo.
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